Opinión

CaixaBank en Andalucía

La comunidad que por población y territorio podría ser el país dieciséis de la UE, es un territorio sometido a expolio, de capital humano, ambiental y financiero

Imagina que vives en Santander, Bilbao, Barcelona o Madrid. Sales a la calle, vas al supermercado, pasas al lado de una oficina bancaria, miras, y es el Banco de Andalucía. Imposible, ¿verdad? Pues eso pero al revés es lo que pasa en Andalucía, miras, ves y es CaixaBank. El tejido financiero propio y las cajas de ahorro, salvo Unicaja y las rurales, se ha desmantelado en un proceso de fusión y concentración bancaria que ha llevado el capital de origen andaluz a ser manejado por poderes externos. Es solo un ejemplo de la función de Andalucía como colonia interior. La comunidad que por población y territorio podría ser el país dieciséis de la UE, es un territorio sometido a expolio, de capital humano, ambiental y financiero.

Mientras un porcentaje alto de la clase trabajadora, la clase acomodada, la clase empresarial y agraria, y la clase alta enarbola en Andalucía la bandera rojigualda, adiestrada por el “a por ellos” monárquico, judicial y mediático, su cuenta bancaria está en CaixaBank, Banco Santander, BBVA o Sabadell. Da risa. Bancos con domicilio social fuera de Andalucía. Esto es solo un ejemplo paradigmático de para qué quieren Andalucía los dos partidos de régimen, PSOE y PP, en alianzas ocasionales con PNV o el mundo convergente catalán. Pasa con todas las grandes empresas constructoras, de seguros, de telefonía, de alimentación, hoteleras, turísticas, energéticas o grandes superficies comerciales. En un ranking de las diez primeras por volumen de negocio, solo Unicaja tiene sede social en Andalucía.

Es la razón económica de la desigualdad estructural que sufre Andalucía respecto de otros territorios del estado, principalmente de Madrid, Cataluña y Euskadi. Todos los indicadores sociales muestran a Andalucía en último o penúltimo lugar. Paro, tasa AROPE de pobreza, pobreza infantil, paro juvenil, desigualdad económica, barrios pobres o PIB per cápita arrojan una escala desoladora. Por eso es completamente aberrante que en el parlamento catalán los partidos soberanistas aprueben una demanda de deuda histórica del estado con Cataluña cuantificada en más de 450.000 millones de euros desde los años ochenta. ¿Cuánto se le debe a Andalucía desde que el franquismo decidió poner la SEAT en Martorell? La izquierda plurinacional y soberanista debe salir de ese debate. El internacionalismo no es la ignorancia de la existencia de pueblos políticos, es una llamada a la solidaridad y al pacto entre ellos para evitar que unos sean explotados por otros.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular, en lugar de trabajar para ganar soberanía financiera, soberanía industrial, soberanía energética y alimentaria, soberanía política sobre un territorio enorme incomunicado por ferrocarril, se dedica a utilizar la verdiblanca contra otros pueblos de España. Al tiempo reclama igualdad entre “todos los españoles”, la consiente y la potencia en Andalucía.

Moreno Bonilla con traje de niño güeno tiene abandonada la enseñanza pública y la universidad, traspasando unidades a la concertada y creando universidades privadas en manos de intolerancia religiosa o de capital neoliberal. Tiene en estado de absoluta precariedad al Personal Técnico de Integración Social en los centros educativos, destruye y externaliza el sistema sanitario, las listas de espera son de muerte. Engorda de personal partidista todas las instituciones que ha ganado democráticamente. Concentra el poder de decisión en la capital para canalizar el flujo de recursos extraídos de toda Andalucía hacia empresas radicadas fuera de Andalucía. Esto es lo que da pie a que desde otras comunidades autónomas digan que son las que más trabajan y las que más contribuyen al estado. Falso, el negocio extractivo realizado en Andalucía se imputa en forma de PIB, de IAE o de IVA en otros territorios.

El presidente andaluz enarbola la verdiblanca para darle contenido bélico contra las demandas soberanistas de otros pueblos. Instiga contra la ley de amnistía mientras su consejo de gobierno es incapaz de abordar la industrialización de Andalucía, el desarrollo de la agroecología, la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables, la industria sanitaria, la industria cultural, la articulación del territorio por ferrocarril, la federalización política del poder institucional o la creación de una banca andaluza capaz de inundar otros territorios, como hace CaixaBank.

Este próximo 4 de diciembre, conmemoramos el cuarenta y seis aniversario del 4D de 1977. El día en que el pueblo cultural andaluz se constituye en la calle como pueblo político. Ese es el mayor legado de la generación de la transición. Hagamos memoria y utilicémosla para defender siempre los intereses de Andalucía.