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Visita de la Defensora del Pueblo a un CIE en 2017 — Cuenta de Twitter (X) del Defensor del Pueblo

Masacre, explotación y agujeros negros

Abundan las evidencias sobre vulneraciones de derechos fundamentales en los CIE y nunca llegan las medidas estructurales para evitarlas


La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado esta semana su informe Balance Migratorio 2023, que recoge la cifra récord de 2.789 personas fallecidas o desaparecidas en el intento de llegar a España por la frontera sur durante el pasado año. En el ataque a Pearl Harbor murieron 2.400 personas; en el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, 2.753. La comparación con estos hechos históricos del imperio sirve para captar la magnitud de la masacre migratoria y la magna indolencia con que la aceptamos. El número de beneficiarios de protección temporal procedentes de Ucrania en España asciende a más de 190.000 (bien hecho). En 2023, nuestro país fue visitado por más de 85 millones de turistas (en tiempos de colapso ambiental). ¿Sería posible convivir con estas cifras sin una poderosa maquinaria cultural que contamina nuestras conciencias de racismo y aporofobia?

El mismo día que APDHA publicaba su informe, la Policía Nacional comunicó la liberación de 21 víctimas de explotación laboral en el ámbito agrícola y la consecuente detención de 15 responsables de trata de seres humanos en la provincia de Sevilla. No es un caso aislado. Tampoco resultan tranquilizadores los mecanismos que suelen elogiarse como garantes de una migración segura, ordenada y regular. Los procedimientos de gestión colectiva de contrataciones en origen y normas como la Directiva 2014/36/UE sobre las condiciones de entrada y estancia para fines de empleo como trabajadores temporeros, entre otras, condicionan la admisión de las personas migrantes a la realización de trabajos específicos y enormemente duros. El fenómeno tiene muchas aristas, pero, sin duda, revela que el Estado y los empresarios agrícolas se coordinan para segmentar a la clase trabajadora global. Hay algo perverso en este tipo de migración legal que no alcanzamos a nombrar. Por cierto, es legítimo preguntar a los sectores progresistas que proponen la renta básica universal cómo compatibilizarían la titularidad universal de la prestación con la realidad de los flujos migratorios.

También esta semana, cincuenta migrantes han denunciado en los juzgados agresiones policiales en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid. Abundan las evidencias sobre vulneraciones de derechos fundamentales en los CIE y nunca llegan las medidas estructurales para evitarlas. No es difícil, como medida urgente, sustituir los CIE por un sistema cautelar que no socave el derecho fundamental a la libertad ambulatoria. A pesar de que el tercer sector y otras instituciones no gubernamentales vienen haciendo un loable trabajo de denuncia, en el debate público no se repara en que los CIE son un auténtico agujero negro del Estado de derecho desde el momento en el que se priva de libertad a personas sin haber cometido ningún delito. Y los agujeros negros también crecen. A los CIE hay que sumar las deficiencias de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la más desconocida realidad de Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que ni siquiera cuentan con regulación legal (solo aparecen mencionados en una orden ministerial de 2019). Bien podríamos concluir que el Estado de derecho no es para pobres.


Madrid –

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