Muface no se toca (II)

El actual gobierno tendrá que optar entre destinar el imprescindible incremento del presupuesto a sostener el sistema de las mutualidades apoyado en el aseguramiento y provisión privada para un grupo de ciudadanos o reforzar el sistema sanitario público que ya atiende a los ciudadanos que más lo necesitan

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El Concierto de Muface con entidades de seguro para la asistencia sanitaria a sus beneficiarios firmado en Diciembre de 2021, finaliza este año. Tras las declaraciones de Mónica García afirmando que no consideraba prioritaria la transformación del mutualismo administrativo, Podemos dejó claro que uno de sus objetivos continúa siendo la eliminación progresiva del actual sistema, con la incorporación de los nuevos funcionarios a la sanidad pública. Los lobbies de la sanidad privada que habían mostrado su satisfacción con la posición de la ministra no tardaron en reaccionar.

El boletín del congreso publicó el 6 de Febrero una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular para “garantizar, impulsar y modernizar” Muface y el resto de las mutualidades prestadoras de asistencia sanitaria, ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial). Argumenta que los pacientes de MUFACE ahorran a la sanidad pública entre 720 y 800 millones de euros al año y concluye que la inversión que se hace a través del modelo mutualista es más eficiente. Mantiene que traspasar a los más de 2 millones de beneficiarios del mutualismo supondría un colapso de la sanidad pública y llevaría a la desaparición de alrededor de 39.000 puestos de trabajo.

El día 7 se presentó un informe, titulado ‘El mutualismo administrativo’ e impulsado por ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), en el que se describe las consecuencias económicas para la sanidad privada y el sistema público de la desaparición total del mutualismo administrativo: el sector asegurador dejaría de facturar más de 1.700 millones de euros, los proveedores hospitalarios privados unos 1.000 millones de Euros, y quedarían desocupadas en su red hospitalaria 2.041 camas.

La sanidad pública tendría que asumir la asistencia de los mutualistas que ahora atiende la sanidad privada. En este caso, estiman un impacto en términos económicos de más 1.000 millones de euros, y calcula que serían necesarias 3.975 camas adicionales y a pesar de ello se produciría un incremento en las listas de espera para consultas e intervenciones quirúrgicas.

La fundación IDIS que integra a aseguradoras y proveedoras sanitarias privadas mostró su apoyo al informe de ASPE al día siguiente a su publicación. La facturación de las aseguradoras privadas supera los 11.000 millones de € al año

y las grandes beneficiarias de la privatización son Adeslas, Asisa y Sanitas.

La provisión privada a través de conciertos y concesiones según datos del Ministerio de Sanidad fue en 2021 de 9010 millones de € , un 10.2% del total de gasto sanitario público

El principal beneficiario es Fresenius con sus dos divisiones: la de hospitales Quiron Salud (Fresenius Helios) y la de hemodiálisis (Fresenius Medical Care).

El mutualismo supone hoy el 14% en número de asegurados del sector privado y el 16% en volumen de primas en millones de euros. Su peso en el sector sanitario privado está disminuyendo. El porcentaje de mutualistas que anualmente optan por la sanidad privada ha pasado del 81.9% al 72.9% en 10 años.

Además, en el último año se ha incrementado el número de mutualistas que pasan al sistema público por el procedimiento extraordinario.

Entre los motivos que se mencionan para ello en el informe de ASPE, está la percepción de una pérdida de calidad y de accesibilidad, especialmente en el caso de la atención a pacientes oncológicos y la atención en el medio rural. El incremento del número total de asegurados ha hecho aumentar las listas de espera de los mutualistas. También han aumentado de forma significativa los plazos de respuesta de las aseguradoras en la autorización de ciertos procedimientos, en particular de aquellos que suponen un mayor coste.

El 28 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo ciclo de revisión del gasto público 2022-2026 que deberá realizar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Una de las áreas de análisis será la del gasto sanitario del mutualismo que alcanzó en 2019 los 2.230 millones de euros, de los cuales un 64,9% corresponden a Muface, un 31,3% a Isfas y un 3,8% a Mugeju. Esta evaluación abordará el análisis de la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria proporcionada a través del mutualismo y, en particular, de la que se provee a través de entidades privadas.

Los conciertos con aseguradoras privadas se complementan con los convenios que las mutualidades suscriben con los servicios regionales de salud para que los mutualistas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes reciban atención primaria y de urgencias.

En 2020 y 2021 Muface, Isfas y Mugeju han conveniado juntamente con los servicios de salud de ocho comunidades autónomas. Esto explica que el porcentaje de gasto destinado a la atención primaria (7,9%) sea muy inferior al que destinan los servicios regionales de las CCAA.

Además de desentenderse de la atención primaria de la España rural, el ahorro y la pretendida eficiencia de la sanidad privada se basa en la selección por riesgos. La atención a los pacientes más vulnerables por su edad y a los procesos con alto coste terapéutico especialmente los oncológicos, la atención a enfermedades raras a través de los CSUR (Centros, Servicios y Unidades de referencia del SNS) y la asistencia en epidemias son derivados a la sanidad pública. En la pandemia COVID 19 en algunas CCAA todos los pacientes que requirieron hospitalización en UCI fueron atendidos en hospitales públicos (enlace a Mutualidades y equidad: tres claves y tres contradicciones en Infolibre 29/11/2021)

Esta selección que es clave en lo que los defensores de Muface consideran un modelo de éxito puede continuar o incluso facilitarse con la transición a un sistema de doble aseguramiento. En el informe de ASPE se reconoce que “si bien es cierto que parte de los mutualistas que actualmente reciben su atención a través de una compañía aseguradora, podrían optar por la contratación de un seguro privado, y podrían seguir haciendo uso de la sanidad pública”. Sin embargo, se ha preferido describir un escenario en el que todos los mutualistas se integran en la sanidad pública para todos sus problemas de salud provocando su colapso.

Las aseguradoras presionan al ministerio para incrementar la financiación en el nuevo concierto. Tanto SegurCaixa Adeslas como DKV exigen un incremento de las primas para atender a los mutualistas. Si mantienen su órdago, oponiéndose a la integración progresiva de los funcionarios en el sistema público, la sanidad pública que ya atiende los procesos más costosos que afectan a los funcionarios, recibiría una inyección económica que aumentaría su capacidad de resolución como defiende la FADSP. Tampoco se produciría una pérdida de empleo. Las recientes integraciones de hospitales privados en la red pública han tenido como resultado la generación de empleo en el sistema público.

La Fundación IDIS considera fundamental que “exista un acuerdo político entre los dos grandes partidos de este país sobre la continuidad del modelo de mutualismo administrativo, siendo además imprescindible dotarlo de recursos adecuados y suficientes”.  El acuerdo entre el PP y el PSOE ha garantizado la supervivencia de un modelo elitista, heredado del franquismo, desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 (enlace a Muface no se toca).

El informe de ASPE advierte de que “la eliminación del modelo del mutualismo administrativo afectaría a un grupo de ciudadanos con amplia influencia social y política y, con un fuerte impacto en la opinión pública de cada población”. El actual gobierno tendrá que optar entre destinar el imprescindible incremento del presupuesto a sostener el sistema de las mutualidades apoyado en el aseguramiento y provisión privada para un grupo de ciudadanos o reforzar el sistema sanitario público que ya atiende a los ciudadanos que más lo necesitan sean o no mutualistas. Sea cual sea el resultado del estudio de AIREF sobre la eficiencia técnica y económica del modelo de las mutualidades, es evidente que está muy alejado de la equidad entre ciudadanos y territorios.

Puedes leer la primera parte de este artículo aquí

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