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Mural del artista Tvboy en Barcelona — David Oller / Europa Press / ContactoPhoto

No han pactado una amnistía, han pactado una guerra

Aprobar una Ley de Amnistía no es aprobar una amnistía sino declarar una guerra. Lo que pactaron Sánchez y Puigdemont es que el segundo hacía presidente al primero a cambio de que el primero aceptase iniciar una guerra contra el Poder Judicial


Para entender lo que las cosas hacen, antes hay que entender lo que las cosas son. Por eso, si pensamos que lo que pactó Pedro Sánchez con Carles Puigdemont es una amnistía, no vamos a entender nada. Porque lo que pactaron no es eso.

Tanto Sánchez como Puigdemont saben que los sectores reaccionarios del Poder Judicial español —que, lamentablemente, son mayoritarios en estos momentos en la judicatura— han decidido hace años retorcer sin piedad el derecho para intervenir de manera ilegítima en los procesos políticos y democráticos. Y esto no lo saben solamente Sánchez y Puigdemont, lo sabe cualquiera que tenga ojos en la cara. Raperos y titiriteros en prisión por ejercer su libertad de expresión, los seis chavales de Zaragoza enfrentándose a penas de prisión simplemente por ser antifascistas, la aplicación a los líderes del procés de tipos delictivos que no pueden ser homologados por ningún juzgado europeo, la persecución de Podemos mediante el lawfare con la apertura y posterior archivo de decenas de causas difamatorias sin ninguna prueba, la ofensiva judicial contra la Ley Sólo Sí es Sí violando la práctica jurisprudencial y con el único objetivo de hacer retroceder los avances feministas, o las más recientes y rocambolescas acusaciones de terrorismo o traición a España contra políticos independentistas justo en los momentos en los que los diputados tienen que elegir si aprietan el botón verde, el rojo o el amarillo.

¿Alguien piensa que, así las cosas, una Ley de Amnistía —sea cual sea su redacción— va a producir una amnistía? Es absolutamente evidente que no.

Por eso, lo que pactaron Pedro Sánchez y Carles Puigdemont no es una amnistía. Porque no puede serlo. Porque no está en su mano conseguir ese desenlace. Lo que pactaron en Bruselas el PSOE y Junts es que, a cambio de los siete votos de los catalanes para hacer presidente a Sánchez, los socialistas iniciarían una guerra contra el Poder Judicial.

Puede parecer que acabo de escribir palabras gruesas y a lo mejor lo son. Pero también son palabras precisas. Porque eso, y no otra cosa, —una guerra— es lo que es una Ley de Amnistía. Una Ley de Amnistía no es una amnistía porque, para que lo fuese, haría falta que los jueces que la van a tener que aplicar aceptasen el mandato del Poder Legislativo, respetasen el espíritu de la ley, renunciaran a hacer activismo político y decidieran mantenerse alejados de la prevaricación. Pero eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es todo lo contrario y ya tuvimos un buen aprendizaje con la Ley Sólo Sí es Sí sobre qué es lo que pasa cuando los sectores reaccionarios de la judicatura no quieren respetar el mandato del legislador. Si la Ley de Amnistía llega finalmente a aprobarse, sea cual sea su texto definitivo, lo que vamos a ver en España es una cacería judicial despiadada para intentar puentear, sabotear, retorcer y —en definitiva— anular su aplicación.

Una Ley de Amnistía no es una amnistía porque, para que lo fuese, haría falta que los jueces que la van a tener que aplicar aceptasen el mandato del Poder Legislativo, respetasen el espíritu de la ley, renunciaran a hacer activismo político y decidieran mantenerse alejados de la prevaricación

Aprobar una Ley de Amnistía no es aprobar una amnistía sino declarar una guerra y, por eso, lo que pactaron Sánchez y Puigdemont es que el segundo hacía presidente al primero a cambio de que el primero aceptase iniciar una guerra contra el Poder Judicial.

Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que significan las recientes declaraciones de destacados dirigentes del PSOE señalando la intencionalidad política de la operativa de determinados jueces con nombres y apellidos, y no se trata en absoluto de un desarrollo político menor. Que el partido más importante del sistema del turno emanado del régimen del 78, el partido que garantiza la continuidad de la monarquía, la permanencia en la OTAN y en la Unión Europea, la protección de las oligarquías y el desarrollo lento de la descentralización administrativa —que el PSOE— acepte nada más y nada menos que embarcarse una guerra contra un Poder Judicial que lleva años en desacato democrático y secuestrado por los sectores más reaccionarios de la judicatura, pero contra el cual el PSOE nunca se había atrevido, es una grieta más —y no una menor— en la profunda crisis del regimen que se abrió en nuestro sistema político el 15 de mayo de 2011.

Entender que lo que pactaron Sánchez y Puigdemont no es una amnistía sino una guerra es importante si uno quiere dar coherencia a la serie de acontecimientos que rodean al hecho principal. Una guerra no es ni corta ni limpia. Una guerra es larga, convolucionada, sucia y compleja. Una guerra no es la activación de un interruptor sino la sucesión de un gran número de batallas en las cuales los diferentes ejércitos a veces avanzan y a veces retroceden. Y eso es justo lo que estamos viendo.

Con un añadido crucial. Sánchez y Puigdemont pactaron en Bruselas que el PSOE iniciara una guerra contra el Poder Judicial pero el PSOE no aceptó hacerlo con convicción, con determinación y a partir de su propia voluntad y principios. No. El PSOE aceptó iniciar esa guerra forzado por la voluntad de Junts.

Razones hay de sobra para que los demócratas intentemos por todos los medios evitar las arbitrariedades políticas de una justicia que, al hacer activismo, no solamente está destruyendo su propio prestigio sino, además, las bases mismas del sistema democrático. Pero el PSOE nunca ha estado dispuesto a dar esa batalla. No lo hizo cuando el Poder Judicial se echó al monte contra el independentismo catalán, no lo hizo cuando hicieron lawfare contra su socio de gobierno y no lo hicieron tampoco cuando un grupo de togados reaccionarios lanzaron una brutal ofensiva contra una ley feminista que ellos mismos habían redactado. Si ahora el PSOE ha aceptado iniciar esta guerra, no es por convicción democrática, sino por obligación aritmética. El PSOE no ha venido al campo de batalla por voluntad propia sino arrastrado por los siete votos de Junts, sin los cuales Pedro Sánchez no sería presidente.

Por eso, en las últimas horas, todos los cañones comunicativos de la progresía política y mediática han dejado de disparar al juez García Castellón o al juez Aguirre y han girado para disparar de forma sincronizada contra Junts. Porque, después de la votación del martes, el PSOE se lo está pensando.


Madrid –

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