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Pleno del CGPJ para tratar la futura Ley de Amnistía — RTVE / Youtube

¿Por qué la judicatura es de derechas?

La judicatura, en su gran mayoría, es de derechas y, lo que es más preocupante, cada vez opera más como un agente político al servicio del bloque de poder de la derecha


En los últimos días, a las puertas de la investidura de Pedro Sánchez, la gran mayoría de la judicatura se está movilizando contra la futura ley de amnistía o el uso de la palabra lawfare. Los recientes comunicados del Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales e incluso de otros órganos de gobierno del poder judicial carecen de precedentes. Hace pocos meses, amplios sectores de la judicatura se rebelaron contra la ley ‘solo sí es sí’. Las asociaciones judiciales que se sitúan a la derecha son casi la totalidad y agrupan a la inmensa mayoría de los miembros asociados de la judicatura. El fenómeno del lawfare, de la mano del poder mediático, constituye una grave amenaza para una ya maltrecha democracia. En la red social X, con o sin pseudónimos, no pocos jueces y juezas se comportan como agitadores permanentes contra la izquierda con la aquiescencia del conjunto del poder judicial. Existen sobradas evidencias y una percepción muy extendida de que la judicatura es de derechas y, también, de que la Justicia no es igual para las élites económicas que para las personas de a pie.

La judicatura, en su gran mayoría, es de derechas y, lo que es más preocupante, cada vez opera más como un agente político al servicio del bloque de poder de la derecha. Pero ¿sabemos por qué? Formulemos algunas hipótesis.

Cuando hablamos del problema de las y los jueces tenemos que partir del hecho de que la judicatura forma parte de un colectivo más amplio: el de las y los juristas (comunidad jurídica). Por tanto, para comprender cómo es la judicatura es necesario conocer cómo es la comunidad jurídica, lo que nos debe llevar a interrogarnos por la totalidad de las profesiones jurídicas y la cultura jurídica.

Al analizar la judicatura (y la comunidad jurídica) en España también hay que evitar los sesgos etnocéntricos. Muy probablemente, en la mayoría de los países occidentales el mundo del Derecho sea más conservador que progresista. Aunque hay particularidades e intensidades variables, deberíamos tener en cuenta que existen patrones históricos e institucionales que pueden determinar el conservadurismo de juristas y jueces. Ahora bien, esto no siempre es así, no tiene por qué ser así, e incluso admitiendo la preponderancia conservadora, lo relevante es si ese conservadurismo mayoritario incide en la aplicación del Derecho y si se traduce o no en un reaccionarismo que opera políticamente, interviene contra la democracia y obstaculiza los avances sociales.

Desde el progresismo, en demasiadas ocasiones, se suele reducir el problema de que el poder judicial sea de derechas a una cuestión económica. Dado que para aprobar la oposición se necesitan cinco años de media dedicados exclusivamente a estudiar (sin ingresos y, en muchos casos, financiando a un preparador), solo pueden optar a la judicatura personas que pertenecen a familias acomodadas, de tal forma que la clase social conlleva una ideología de derechas. Aunque este es un factor importante, no es el único y ni siquiera el más importante. Es necesario democratizar y modernizar el sistema de acceso a la judicatura, pero con eso no basta. El problema es más grave, complejo y difícil de resolver.

En realidad, el conservadurismo de la judicatura es representativo de lo que sucede en la comunidad jurídica. Los recientes comunicados que han difundido diversos colectivos de las élites funcionariales son un buen ejemplo de la homogeneidad conservadora de la comunidad jurídica, sin perjuicio de que también exista una escasa minoría de juristas activamente comprometida con los valores democráticos.  

El factor económico o de clase también se manifiesta en los niveles superiores del empleo público. Pero, insisto, no es la única causa. También operan, de forma entrelazada, factores culturales. Sin perjuicio de algunos avances, lo cierto es que la cultura jurídica española, incluyendo la enseñanza del Derecho y la concepción formalista de lo jurídico, no ha experimentado cambios significativos desde la dictadura franquista. Por lo general, el jurista español niega la inherente politicidad del Derecho (algo muy distinto sucede, por cierto, en la tradición jurídica anglosajona) e ignora la existencia de las desigualdades estructurales de clase y género. La cultura de la ley no se ha visto sustituida o complementada por una cultura de los derechos y la memoria democrática brilla por su ausencia. Llamémoslo cultura jurídica de la transición. En muchos casos sin conciencia de ello, el perfil medio del jurista español es rehén del bloque de poder de la derecha.

Otro problema se superpone al del jurista falsamente aséptico y es de más reciente aparición. En los últimos años, a fin de contrarrestar las movilizaciones populares que desencadenó la Gran Recesión, las élites económicas y políticas han llevado a cabo una nueva ofensiva dirigida a intensificar la instrumentalización del poder judicial para proteger los intereses del bloque de poder de la derecha. La ocupación inconstitucional del Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo paradigmático.

El caso del exjuez Alba que sufrió Victoria Rosell es un buen ejemplo de lawfare porque ha sido plenamente probado.

En este contexto, como sucede en otros países, tienen lugar en España operaciones de lawfare que son protagonizadas por jueces reaccionarios políticamente comprometidos que actúan de la mano de agentes partidistas, económicos y mediáticos. El caso del exjuez Alba que sufrió Victoria Rosell es un buen ejemplo de lawfare porque ha sido plenamente probado.

Pero el problema no se limita a una minoría de jueces que conspira contra la democracia. El poder mediático ha logrado crear un clima de opinión en la comunidad jurídica y en el poder judicial ciertamente delirante. Muchos jueces (y juristas) se creen, de buena fe, la ridícula idea de que el Estado de derecho está en peligro con un Gobierno progresista, lo que les lleva a sumarse a determinadas operaciones políticas. Los ataques reputacionales a Irene Montero allanaron la operación judicial contra la ley ‘solo sí es sí’ y los comunicados recientes del poder judicial no tendrían tanto respaldo sin el estigma mediático del “sanchismo”. El poder mediático ha derechizado aún más al poder judicial e incluso ha logrado influir en las interpretaciones y prácticas judiciales.

Para democratizar el poder judicial necesitamos partir de un buen diagnóstico: el problema es multicausal. Con la actual correlación mediática, no será sencillo emprender las reformas democratizadoras y modernizadoras que la Justicia y el ámbito jurídico precisan. En el corto plazo, la medida más eficaz para evitar que el poder judicial (y, en general, el poder jurídico) frene los avances democráticos es hacer pedagogía. La verdad, el conocimiento y la valentía política siguen siendo vectores de democratización, si bien es imprescindible que el bloque democrático incremente su poder mediático. No es casual que la sola mención de la palabra lawfare en un acuerdo político haya servido para que muchas gentes progresistas comiencen a comprender el alcance del problema.


Madrid –

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