Dani Gago

Cuatro claves para entender la marcha de Podemos al Grupo Mixto

La decisión fue tomada en una reunión de varias horas el martes tras llegar la convivencia en el grupo parlamentario de Sumar a una situación límite


El martes por la tarde saltaba la noticia que nadie se podía imaginar o, al menos, que llegase tan pronto. Si bien es cierto que el malestar expresado por Podemos por su arrinconamiento en el grupo parlamentario de Sumar era notorio, nadie imaginaba que la ruptura de la coalición electoral que lidera Yolanda Díaz se fuese a romper a escasos cinco meses de las elecciones del 23J, a pesar de que el diputado por Alicante y secretario general de Sumar, Txema Guijarro, le espetó a los morados tras una reunión tensa en la que éstos reclamaban poder tramitar una proposición de ley: «Esto no es el Grupo Mixto, si queréis trabajar como el Grupo Mixto iros al Grupo Mixto». Más allá de relatos, para entender la decisión de los morados hay que irse a los hechos.

Portavocías y firmas

Los grupos parlamentarios son agrupaciones de diputados de un mismo partido o de una misma coalición para operar juntos en el Congreso. En Unidas Podemos, todos los partidos que conformaban parte del grupo plurinacional contaban con derecho a firma y autonomía para presentar cuantas iniciativas quisieran. Sin embargo, tras la constitución del grupo parlamentario de Sumar, Yolanda Díaz nombró portavoces a Marta Lois, persona de su máxima confianza, y a Txema Guijarro, secretario general y uno de los fontaneros de Movimiento Sumar, partido fundado por Díaz que no hay que confundir con el grupo parlamentario Sumar.

Con Yolanda Díaz dedicada a los temas más institucionales, Marta Lois y Txema Guijarro pasan a convertirse en sus lugartenientes en el Congreso. El primer desagravio que sufre Podemos viene con el reparto de las portavocías adjuntas, que de facto significa poder contar con firma para registrar iniciativas parlamentarias de forma autónoma sin tener que pedir permiso a la dirección. Así, se otorgan portavocías adjuntas y derecho a firmar al único diputado balear de Més, al de la Chunta, a Compromís y a Catalunya en Común. Se deja fuera de este reparto a las organizaciones de ámbito estatal como Más País, Izquierda Unida y Podemos, lo que los morados interpretan como una treta para dejarlos fuera de la capacidad de registrar iniciativas. Aunque Izquierda Unida se queda sin derecho a firma, el diputado Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, el mismo partido en el que también milita Yolanda Díaz, se autonombra portavoz y, de hecho, ha llegado a intervenir hasta en dos ocasiones en el pleno y sus iniciativas son registradas sin ningún problema con la firma de Lois y Guijarro.

Intervenciones en pleno

Sin firma para registrar iniciativas parlamentarias, es decir, para poder hacer política, los diputados de Podemos esperan que al menos se les permita tener visibilidad en las sesiones plenarias del Congreso dividiendo el tiempo de intervención del grupo entre todos los partidos que lo conforman, como ocurría en la pasada legislatura con Unidas Podemos. La prueba de fuego llega con la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Lejos de dividir el tiempo, Yolanda Díaz renuncia a intervenir en favor exclusivamente de Marta Lois. En la investidura exitosa de Pedro Sánchez, Podemos espera que Yolanda Díaz permita distribuir el tiempo de intervención de forma equitativa y que a la tribuna puedan bajar Enrique Santiago por Izquierda Unida, Aína Vidal por Catalunya en Común, Ione Belarra por Podemos o Águeda Micó por Compromís. En la investidura de 2019, la propia Yolanda Díaz intervino en representación de Galicia en Común, así como Alberto Garzón por IU o Jaume Asens por los Comunes, justo después de que lo hiciese Pablo Iglesias como miembro de Podemos. Sin embargo, a pesar de las repetidas peticiones de los morados para que se repartiera el tiempo de intervención para representar la pluralidad del grupo parlamentario, sólo intervino Yolanda Díaz.

“La gota que colma el vaso”, según Podemos, llegó este martes con la intervención en pleno del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la situación en Palestina, en la que los morados han tenido desde el principio una posición diferenciada de Sumar y su líder, Ione Belarra, se ha convertido en un referente internacional en la materia, habiendo siendo entrevistada por televisiones árabes como Al-Jazeera y con vídeos en redes sociales denunciando el genocidio que superan los ocho millones de visionados.

Para Podemos era muy importante intervenir en el pleno sobre Palestina y así lo hicieron saber. Agustín Santos Maraver, que hasta antes de ser candidato de Sumar a las elecciones había sido subordinado de Albares como embajador de España ante Naciones Unidas y anteriormente había sido jefe de gabinete del exministro socialista Miguel Ángel Moratinos, es un perfil que incomoda a los morados, pero también a la diputada de origen saharaui Tesh Sidi, de Más Madrid, por su postura a favor del cambio de la posición histórica de España sobre el Sáhara, tomada unilateralmente por Pedro Sánchez. Sin votación en el Congreso ni en Consejo de Ministros. Finalmente, Yolanda Díaz no autorizó que Ione Belarra participara en el debate sobre Palestina y lo hizo en exclusividad el diplomático Agustín Santos, que no nombró ni una sola vez la palabra “genocidio” durante su intervención y enfadó sobremanera a los diputados morados, que vieron en la posición  de Sumar una copia de la del PSOE.

Iniciativas parlamentarias

Como explicamos antes, los partidos sin portavocías adjuntas no pueden registrar iniciativas parlamentarias, lo que de facto se convierte en un bloqueo a su acción en el Congreso. Hasta la fecha, cinco iniciativas presentadas por Podemos han sido bloqueadas por una especie de tribunal de evaluación que dirime si la iniciativa es presentable o no, un tribunal que, según fuentes de Podemos, solamente ha funcionado para bloquear sus iniciativas.

El caso que hace levantar todas las alarmas en Podemos se da con una proposición de ley para aumentar la protección jurídica del Parque Nacional de Doñana, una iniciativa que previamente había sido trabajada por la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, junto con el ecologista Juantxo López Uralde, portavoz de Alianza Verde, que incluso pasaron un día de trabajo en Huelva junto con representantes de la Plataforma Salvemos Doñana, donde acuerdan impulsar una ley para otorgar al Parque Natural el mismo estatus jurídico que el Mar Menor de Murcia y comprometer así a todas las administraciones para su rehabilitación y protección.

La reacción en el grupo parlamentario de Sumar a la propuesta de ley de Podemos y Alianza Verde sobre Doñana fue constituir un grupo de trabajo, a pesar de que la ley estaba lista y que su momento mediático recomendaba que fuera registrada. Cuatro semanas después, la ley no ha sido todavía registrada. Suerte distinta ha corrido la ley de nacionalidad para los saharauis nacidos bajo administración española, cuyo texto fue trabajado por Podemos junto con Enrique Santiago.  Al final, la ley se registró y fue presentada en rueda de prensa con presencia de Enrique Santiago (IU), Tesh Sidi (Más Madrid) y Agustín Santos Maraver (Movimiento Sumar). En Podemos se quejan de que “en ningún momento fue una opción” firmar la ley de su autoría porque nadie les invitó y “tampoco nadie se disculpó” por excluirlos del registro de la norma.

Reglamento interno

Finalmente, el documento que termina por enseñarle la puerta del Grupo Mixto a Podemos es la propuesta de “Reglamento de funcionamiento orgánico del grupo plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados y Diputadas”. El borrador establece una multa disuasoria de 500 euros al diputado que, tras ser amonestado, se le ocurriese formular un recurso contra la sanción, una medida que los morados plantean de dudosa constitucionalidad porque vulnera los derechos de representación política.


Madrid –

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