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Audiencia Provincial Madrid

Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid — Eduardo Parra / Europa Press

Escalonilla ascendido a la Audiencia Provincial de Madrid

Esta semana se aprobaron los cambios de jueces mediante concurso, función de un Consejo General de Poder Judicial que va para su sexto año sin renovarse


Uno de los cambios que se produce es el ascenso de Juan José Escalonilla Morales, el próximo ex titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que pasaría a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

El juez es ampliamente conocido por su vinculación con el “caso Neurona” y el “caso niñeras”, instrucciones por presuntas corrupciones en Podemos que acabaron archivadas, sin embargo, cuenta entre sus actuaciones también el archivo de una denuncia por parte de los vecinos de la Cañada Real contra la Comunidad de Madrid y Naturgy por los cortes de la luz que afectarían a cerca de 4.000 personas, investigación reabierta por la Audiencia Nacional por apoyar la resolución del caso en un informe considerado informe de parte, el archivo inicial contra Manuela Carmena por los chats de 200 policías, en donde 60 participaron como administradores y se vertían mensajes contra extranjeros y políticos, incluso deseando la muerte de la entonces alcaldesa de la capital o cosas como que Adolf Hitler hacía las cosas bien, que sería recurrido a la Audiencia Provincial y que acabaría desestimado. También cuenta con una condena al Grupo Zeta a favor de Elsa Pataky que al año siguiente la Audiencia Provincial de Madrid revocó absolviendo a la revista, una condena a Marina Castaño, heredera de Camilo José Cela a repartir millones de euros que también acabo absuelta en segunda instancia ante la Audiencia Provincial de Madrid o la llamada a declarar a César Acuña Peralta, excandidato presidencial en Perú por unos presuntos plagios en su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, requerimiento posterior a un primer archivo de la causa por el mismo.

Los casos relacionados con Podemos fueron la ruptura de la estadística, ya que tuvieron abiertas hasta diez líneas de investigación distintas, entre ellas, sobrecostes en las obras de la sede de Podemos, desvió de dinero en la caja de solidaridad de la formación, uso fraudulento de fondos para pagar la niñera de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sobresueldos, se investigaban presuntos delitos de financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delitos electorales y de apropiación indebida, muchos tipos penales condensados que acabaron en nada, también sorprende la duración de la instrucción, de unos 3 años, cuando la última estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial daba una duración promedio de los asuntos en lo penal por parte de los Juzgados de Instrucción en el año 2022, de 2,8 meses, otra gran excepción del caso fue la personación de Vox y la asociación de abogados Prolege, vinculada al PP, sin petición de fianza, algo muy poco habitual.

Las instrucciones son abiertas normalmente a raíz de la existencia de indicios delictivos, para, a partir de ese punto realizar una investigación concreta y a medida del propio hecho, por el contrario, las investigaciones prospectivas buscan en las conductas y actividades de una persona con el fin de iniciar las investigaciones de un hecho incierto o desconocido. Las investigaciones prospectivas están estrictamente prohibidas por el carácter arbitrario, limitante de derechos y de la intimidad que pueden llegar a tener, son múltiples las sentencias por parte del Tribunal Supremo que rechazan de plano este tipo de investigaciones y refuerzan que los medios de investigación deben usarse para la persecución de delitos concretos y no la búsqueda potencial de conductas delictivas o meras sospechas, el objeto de la investigación debe ser delimitado con independencia de la complejidad, si este objeto o indicio se demuestra desmentido, solo cabe el archivo. Incluso el Tribunal Constitucional ha declarado incompatible este tipo de investigaciones con la Constitución.

Con este ascenso, las responsabilidades del Magistrado Escalonilla escalarían para conocer de los delitos graves una vez traspasen la fase de instrucción y el juez que instruya el caso encuentre los indicios suficientes como para considerar que debe a pasar a fase de juicio, también conocerá de los recursos de aquellos procesos provenientes de juzgados de instrucción y de lo penal, de juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de menores de la provincia, y de los juzgados de vigilancia penitenciaria donde la competencia no recaiga sobre la Audiencia Nacional. 


Madrid –

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