García Castellón
García-Castellón pide a Marchena que impute a Puigdemont y Rovira por terrorismo
El polémico magistrado eleva al supremo una exposición razonada para impulsar la imputación de los políticos catalanes
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, —quien protagonizara recientemente la polémica entre Gabriel Rufián y el Partido Popular en la tribuna del Congreso durante la investidura presidencial— continúa su cruzada contra la Ley de Amnistía.
El magistrado ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena, con el objeto de que se investigue al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC, Marta Rovira y a otras diez personas por un delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic.
El magistrado no repara en cargos que imputar a Puigdemont y Rovira en el marco de las acciones ocurridas en el Aeropuerto del Prat en octubre de 2019. Así, describe la protesta como una “acción ilícita” y detalla supuestos detalles que ahondarían en esta idea. También recalca “la importancia estratégica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida» e incluso pretende incorporar a la acusación el fallecimiento de uno de los participantes durante las movilizaciones.
García-Castellón señala en su escrito, según informa La Vanguardia que “es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por estar aforados Puigdemont y el diputado del Parlament de Catalunya Rubén Wagensberg”.
García-Castellón actúa en contra del criterio de la Fiscalía que no ve tales indicios, pero para el juez, salpicado por varios casos de lawfare en el marco de las cloacas del estado, señala que es imputable a los políticos un “delito de desórdenes públicos cometido por una organización criminal estructurada», a lo que se añadiría una organización constituida con la finalidad de cometer acciones terroristas.
Con este movimiento, García-Castellón vuelve a situarse a la vanguardia de la “guerra judicial” en nuestro país, un concepto que aparecía reconocido en el propio acuerdo entre PSOE y Junts que ha facilitado finalmente la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España.
Madrid –
