Apertura del año judicial — Europa Press
El lawfare con nombres y apellidos
Curiosamente, ha levantado más ampollas entre la derecha judicial la inclusión del término “lawfare” que la propia amnistía
“Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias”. A través de un comunicado, las cuatro principales asociaciones de la judicatura se han pronunciado contra la inclusión del término ‘lawfare’ en el acuerdo de investidura.
El comunicado fue firmado por asociaciones tanto conservadoras como progresistas: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco Vitoria, Jueces y Juezas por la Democracia y el Foro Judicial Independiente. Entre todas representan el 55% del total de magistrados en activo en España y aglutinan a casi 3.000 jueces y juezas.
Al comunicado se han adherido jueces decanos, presidentes de las audiencias provinciales, y los presidentes de algunos tribunales superiores, como el de Madrid o el de Castilla La Mancha. Además, desde el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato recordemos una vez más lleva cinco años caducado, han emitido un escrito en el que califican de “inadmisibles” las referencias al ‘lawfare’ en el acuerdo de investidura ya que implican una injerencia en la independencia judicial.
Curiosamente, ha levantado más ampollas entre la derecha judicial la inclusión del término “lawfare” que la propia amnistía. Los comunicados de la judicatura sirven además como argumento de autoridad para que la derecha política y mediática sostengan que el pacto entre Junts y el PSOE va en contra del Estado de Derecho. Pero si la inclusión del término ‘lawfare’ en el acuerdo de investidura ha generado tantas reacciones es porque reconoce una práctica que viene siendo habitual en los últimos años: la utilización de los tribunales y los cuerpos policiales para perjudicar a un determinado sector político.
Tal y como ha señalado el ex letrado del Tribunal Constitucional y Profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías son numerosos los casos de jueces que han ejercido ‘lawfare’ o guerra sucia contra líderes políticos.
Encabezando el ranking nos encontramos con Manuel García Castellón. Desde el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que llevaba algunos casos clave sobre la corrupción del Partido Popular, como Púnica, Lezo o Acuamed, García Castellón ha librado a numerosos líderes del PP de sentarse en el banquillo y ha instruido varias causas contra Podemos. García Castellón intentó convertir el caso del robo del móvil de Dina Bousselham, en un caso contra ti, Pablo, retirándote la condición de víctima. Además, rechazó investigar los vínculos entre Inda y Villarejo, a pesar de que los contenidos del móvil de Dina acabaron en Okdiario y que en la libreta del excomisario figuraban varias reuniones entre ambos. García Castellón también decidió investigar los movimientos bancarios de varios líderes de Podemos que ni siquiera estaban imputados y acusó a Juan Carlos Monedero de financiar irregularmente a Podemos. Ambas investigaciones acabaron archivadas. Además, Castellón es responsable de la instrucción que afecta a los Comités de Defensa de la República o la causa que imputa delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira.
Para entender la importancia que tiene este juez para la estrategia de ‘lawfare’ del Partido Popular, es interesante recordar la conversación que tuvieron Eduardo Zaplana e Ignacio González en 2016 en la que comentaban la necesidad de traer de vuelta a García Castellón a la Audiencia Nacional, que por aquel entonces estaba instalado cómodamente en Roma como juez de enlace. Eduardo Zaplana e Ignacio González, estaban siendo investigados por corrupción en el marco del caso Lezo y, tal y como revelan las conversaciones filtradas, conspiraron para apartar a Eloy Velasco de la causa y traer de vuelta a García Castellón: “Que venga el titular que ya me las apañaré con el titular, coño”, dice Ignacio González refiriéndose a García Castellón. Y tanto que se apañó. El titular, García Castellón, sacó de la cárcel a Ignacio González y a su hermano, libró de sentarse en el banquillo a Cospedal y su marido, y ha evitado que Mariano Rajoy acuda a declarar. Y mientras tanto, convirtió a Podemos en el principal blanco de su juzgado.
Esto es algo que ha reconocido la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional hace apenas unos días al recurrir el auto de Castellón en el que pedía la imputación de Rovira y Puigdemont por terrorismo. El texto de la fiscalía es muy contundente: Castellón habría llevado a cabo tergiversaciones, suposiciones y omisión de datos para poder justificar las imputaciones. Unas imputaciones, que recordemos, llegaban en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura.
Otro juez que menciona Urías es Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda de lo Penal. Ha sido el principal ariete del Partido Popular para judicializar el conflicto catalán e impedir que se alcanzasen soluciones políticas. Durante el juicio del Procés aplicó el delito de sedición y malversación con la mayor gravedad que pudo para llevar a los principales líderes del independentismo a la cárcel. Entre ellos a Oriol Junqueras, Raül Romeva, o Carme Forcadell. Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha sido el instructor de la causa contra el Procés y también ha contribuido a la estrategia de ‘lawfare’ contra los presos políticos y los exiliados, como el ex president Puigdemont, o los ex consellers Clara Ponsatí o Antoni Comín. Llarena ha sido premiado hace unos días por la Asociación de Fiscales, una de las asociaciones más beligerantes contra la ley de amnistía, por su “inapelable” actuación durante la causa del Procés.
Marchena fue también responsable de privar a Alberto Rodríguez de su escaño en el Congreso debido a su participación en una protesta de rechazo a la LOMCE. El objetivo detrás de todo esto parece claro: mandar un aviso a navegantes. Ejercer el derecho a la protesta tiene consecuencias y te inhabilita para participar en la política institucional.
Y todo esto recordemos, viene de un magistrado que debe su carrera al Partido Popular. En 2018, se filtraron unos mensajes de WhatsApp en los que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, celebraba el nombramiento del juez ultraconservador como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El mensaje decía literalmente que, con el nombramiento de Marchena, el PP controlaría la Sala Segunda desde detrás. Una sala que juzga a diputados, senadores y miembros del Gobierno, entre otras cosas.
Otra jueza que ha contribuido a la criminalización del Procés es Carmen Lamela, exjueza de la Audiencia Nacional y actual magistrada del Tribunal Supremo. Desde su puesto en la Audiencia Nacional, Lamela fue la primera en iniciar la persecución judicial del Govern de Puigdemont: decretó la prisión provisional sin fianza por los delitos de rebelión, malversación y sedición a los consellers del Govern; decretó una euroorden contra los políticos exiliados y la prisión preventiva contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Además, usó su poder judicial para perseguir al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Un ejemplo más de ‘lawfare’ en la judicatura según Urías es Vicente Ríos. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, es el encargado de instruir la causa contra Mónica Oltra y recientemente ha prorrogado la investigación. Todo ello a pesar de que un informe policial admite que, después de revisar más de 50.000 emails de la expresidenta valenciana, no hay “ni rastro” de que usara su cargo para tratar de ocultar los abusos sexuales de su exmarido contra una menor tutelada por la Generalitat. Cabe recordar que la denuncia contra Oltra fue archivada en primera instancia, pero la acusación particular —impulsada por la fundadora de Vox Cristina Seguí y por el líder neonazi de España 2000 José Luis Roberto— la recurrió. La enorme presión mediática y judicial forzaron a Oltra a dimitir a pesar de que no existiera “ni rastro” de delito. La guerra judicial de la derecha y ultraderecha funcionando a pleno rendimiento para alterar los resultados alcanzados en las urnas…
Y por último Urías cita a un juez que sí ha sido condenado precisamente por ejercer ‘lawfare’: el juez Salvador Alba. Alba, del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, fue condenado a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por usar su poder contra la entonces diputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Cometió los delitos de prevaricación, falsedad y cohecho y hoy está en la cárcel. Fue acusado de conspirar junto al exministro de Industria de Mariano Rajoy y rival de Rosell en Canarias, José Manuel Soria, del que era muy cercano. De hecho, en 2013 Alba intentó ser miembro del Consejo General del Poder Judicial con el apoyo del entonces líder del PP de Canarias. El objetivo de la operación contra Rosell era sacarla de la carrera política y evitar que se presentara a las elecciones generales de 2016. Y lo consiguieron, Victoria Rosell tuvo que dimitir y renunciar a presentarse como candidata para poder defenderse.
Jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores utilizando sus togas para acabar con los adversarios políticos de la derecha. Está bien que se empiece a hablar de esto, aunque sea durante las negociaciones, porque según hemos conocido hace apenas unas horas el texto final de la ley de amnistía no incluirá ninguna referencia al “lawfare”.
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Madrid –
