Juan Carlos Campo en el pleno del Tribunal Constitucional — Alberto Ortega / Europa Press
Juan Carlos Campo se inhibe con la amnistía, pero no se inhibió con Irene Montero
El exministro de justicia y coautor de la “Ley Sólo Sí es Sí”, que firmó la inadmisión a trámite del recurso de amparo Montero al Constitucional, considera que esta vez sí debe inhibirse de actuar como magistrado en el caso de la amnistía
Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, ha expresado su intención de no involucrarse en el debate sobre la proposición de Ley de la Amnistía. Según fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO, el magistrado ha solicitado abstenerse en la Sala Primera del Tribunal Constitucional en relación con un recurso de amparo presentado contra la presentación de la mencionada proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.
La decisión de apartarse del proceso por parte de Campo contrasta con la decisión de ser él mismo quien firmase la providencia de inadmisión a trámite del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la sentencia del Tribunal Supremo que la condenó en primera y única instancia —al ser aforada— por hacer, “en nombre del Gobierno defendiendo un indulto”, una defensa genérica de las madres protectoras. Como afirmó en una entrevista reciente la jueza Victoria Rosell, Campo fue la única persona del Tribunal Constitucional que ha compartido gabinete con la ministra Montero, que era la recurrente, y precisamente lo hicieron en el momento de la Ley de Sólo Sí es Sí, cuya parte penal fue también elaborada y visada por el equipo de Juan Carlos Campo.
En esta ocasión, Campo no se verá envuelto en la decisión del TC respecto de la Ley de Amnistía. EL MUNDO no obstante recuerda que en su informe sobre los indultos a los líderes del 1-O, Campo afirmó, siendo entonces Ministro, que la amnistía era «inconstitucional». Actualmente, y en vista de mantener la imagen de imparcialidad del Tribunal el magistrado ha tomado la decisión de no participar del citado recurso ni, aparentemente, tampoco de la deliberación de la norma futura ley.
Madrid –
