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Lo ocurrido en Navarra pone el foco en la violencia vicaria mientras la derecha y la progresía judicial persiguen a Irene Montero por defender a las madres protectoras

“Esta forma de violencia machista se cobraría una una nueva víctima la semana en que el Tribunal Constitucional desampara a la Ministra en medio del lawfare contra Infancia Libre”

La Delegación de Gobierno para la Violencia de género se encuentra recabando información sobre el caso de violencia vicaria sucedido en Estella, Navarra, en el que un padre ha asesinado a su hijo de siete años arrojándose junto a él desde un barranco cercano. La madre, que se encontraba en proceso de separación del padre de su hijo, había denunciado horas antes la ausencia del menor, que no había acudido al colegio. Los cadáveres de ambos fueron encontrados a los pies del lugar conocido como Balcón de Pilatos.

De confirmarse, este brutal asesinato de un padre a su hijo se produce la misma semana en la que el Tribunal Constitucional desamparaba a la Ministra de Igualdad en su defensa de las madres que sufren esta forma de violencia. El Constitucional negaba a Irene Montero el acceso a trámite del recurso de amparo solicitado por la ministra, acusada de “vulneración del honor” por un discurso en el que hizo una denuncia pública contra esta forma de violencia y mostró el apoyo a sus víctimas.

La violencia vicaria, como ha recordado la Ministra de Igualdad, es aquella que se produce cuando los padres ejercen violencia física, psicológica o sexual sobre los hijos e hijas para causar daño a las madres y se trata, por tanto, de una brutal forma de violencia machista que se cobra vidas de niños y niñas cada año en nuestro país y un dolor irreparable para sus madres. Nuestro país ha sido señalado varias veces desde las Naciones Unidas por la desprotección a la infancia ante esta forma de violencia: en su informe de 2021, la ONU señalaba que “los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”​. Muestra de ello son casos como el de Ángela González Carreño, que acabó en una condena al Estado Español por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), después de que el padre asesinara a su hija a pesar de sus 51 denuncias para evitar que la menor se quedara a solas con el progenitor, que después mató a su perra y se suicidó. Solo unas horas antes, tras una audiencia judicial, el asesino se había acercado a su exmujer para decirle “te quitaré lo que más quieres”.  

El Ministerio de Igualdad ha tenido entre sus máximas prioridades políticas de la legislatura abordar esta forma de violencia y ha incidido especialmente en ella para visibilizarla y abordarla, incluyéndola por vez primera en la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas 2022-2025, la principal hoja de ruta para combatir esta violencia desde todas las instituciones del Estado. En declaraciones de este martes, la Ministra insistía: “»Si no queremos que haya asesinatos de niños y niñas por parte de sus padres para dar donde más duele a las mujeres, debemos proteger a esas mujeres que están protegiendo sus derechos y los de sus hijos». Durante la presente legislatura, normas como la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la Ley de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o la propia ley del Sólo Sí es Sí incluyen medidas para ampliar la protección frente a estas violencias y para garantizar el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados. Destacan, como señala la experta María Naredo, la prohibición del llamado Síndrome de Alienación Parental y su protección específica en casos de violencia de género. “Estas normas se suman a otras anteriores, como el Convenio de Estambul, que conforman un edificio jurídico cada vez más sólido para la protección de los derechos humanos de los niños y las niñas frente a la violencia de sus propios padres, y consolidan la máxima de que la patria potestad y la custodia no son derechos absolutos, y solo deben ejercerse en beneficio de los hijos e hijas”. 

Irene Montero ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo al movimiento de las llamadas madres protectoras, mujeres que han puesto su voz y sus casos personales  para denunciar y visibilizar la violencia vicaria en España. La denuncia por vulneración al honor interpuesta contra Montero proviene no en vano del ex marido de una de estas madres protectoras, María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre. Las declaraciones de Montero por las que Marcos veía vulnerado su honor fueron pronunciadas por ésta durante un acto en mayo de 2022: “Las madres protectoras —dijo la ministra— sufren injustamente y, en muchos casos, suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores”. Fue el propio Marcos quien se autoidentificó dándose por aludido en esas declaraciones, ya que Montero nunca se refirió a ningún nombre en concreto y siempre habló en plural. 

En el marco de este lawfare, la violencia machista y sus víctimas se han convertido en carne de cañón de una cruzada política, judicial y policial que desde hace cuatro años se mantiene contra Sevilla y sus compañeras y en la que se ha vinculado a su causa con el entorno de Podemos que siempre mostró un firme apoyo a las madres protectoras. Sevilla fue finalmente indultada por el Gobierno de España en 2022.