Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz en la presentación del libro del segundo en 2019 — Jesús Hellín / Europa Press
Podemos se querella contra la “policía patriótica” del gobierno de Rajoy
Entre los querellados se encuentran el exministro del Interior, Fernández Díaz, su número 2, Francisco Martínez Vázquez, el ex Director General de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, el exdirector Adjunto Operativo de Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño
Podemos ha presentado este lunes una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra la conocida como “policía patriótica” del PP. Esta trama, integrada por la cúpula del Ministerio del Interior y por mandos policiales, operaba bajo las instrucciones del ejecutivo de Mariano Rajoy y fue artífice de la persecución ilegal a la formación morada entre 2015 y 2016. Su objetivo era impedir que Podemos accediera al Gobierno de España, y para ello maniobró tanto en periodo electoral como durante las negociaciones para formar un Gobierno posteriores a las generales de 2015. Podemos acusa ahora en los tribunales a los miembros de esta trama de la comisión de posibles delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, malversación, prevaricación administrativa, falsedad documental y contra las instituciones del Estado.
En la querella, la formación morada señala que agentes de policía y cargos de Interior, bajo las órdenes del ministro Fernández Díaz y Francisco Martínez —su número dos— aprovecharon su condición de miembros de la Policía Nacional “para realizar investigaciones prospectivas sobre miembros de Podemos”, como Pablo Iglesias en el caso del Informe Pisa o la cuenta falsa de Granadinas, “ajenas a cualquier interés policial y sin ser sometidas ni compartidas con autoridad judicial alguna”. Es decir, que emplearon recursos públicos de la Policía con el único fin de perseguir al partido. Entre los objetivos principales de estas investigaciones, reza el escrito, estaría el hecho de “desprestigiar ante la opinión pública” a la formación morada y “atentar contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos”, a través de filtraciones a la prensa con el uso de las “fuentes policiales”, que dotarían de credibilidad a las informaciones contra Podemos y sus dirigentes. Además, señala el texto, esas investigaciones y filtraciones se extendían a personas ajenas a la organización. Todas estas operaciones que llevaron a cabo los querellados habrían tenido como objetivo último beneficiar electoralmente al Partido Popular para que se mantuviera al frente del Gobierno.
Para que ese mecanismo cumpliera su objetivo, una pieza clave son los chats que el número 2 de Fernández Díaz, Francisco Martínez, habría mantenido con diferentes periodistas y miembros de la policía como García Castaño o Eugenio Pino. Algunos de los contenidos de esos chats ya han sido publicados por diferentes medios, los últimos en Diario Red, y tienen como protagonistas a muchos de los querellados, además de periodistas de los principales medios de comunicación de España como Fernando Lázaro, de El Mundo. En esas conversaciones, se explicita el modus operandi de la “policía patriótica” y la intencionalidad de perjudicar a Podemos con investigaciones prospectivas e informaciones falsas: los agentes de Policía corruptos, cumpliendo órdenes de Interior, fabricaban pruebas falsas contra Podemos y, posteriormente, se coordinaban con periodistas y medios para que las difundieran en noticias que ocupaban horas y horas de programación en la televisión y copaban las páginas de los periódicos. A su vez, estos mensajes de los chats permitirían, según Podemos, “verificar directamente algunos de los delitos” que se mencionan en la querella.
Además de estos episodios, el texto remitido al juzgado incluye “la manipulación de documentos y registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la ilícita actuación de los querellados” y la investigación ilegítima de los antecedentes penales del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea
Entre los montajes fabricados contra Podemos por esta estructura policial, según la querella, se encuentran “la investigación ilegítima a Pablo Iglesias mediante la construcción y difusión del Informe PISA” (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), que publicó Ana Terradillos en la Cadena SER, así como “la obtención y filtración de documentos falsarios sobre una inexistente cuenta a su nombre en el EURO PACIFIC BANK LIMITED”, más conocida como la cuenta en Granadinas y que fue difundida por el digital de Eduardo Inda, OKdiario. También se mencionan en la denuncia los viajes de policías sufragados con fondos públicos a diferentes ciudades de América con el fin de obtener información perjudicial para Podemos, además de la manipulación del exministro venezolano Rafael Isea como “supuesto testigo contra la formación morada de hechos inexistentes además de penal y policialmente irrelevantes”. Además de estos episodios, el texto remitido al juzgado incluye “la manipulación de documentos y registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la ilícita actuación de los querellados” y la investigación ilegítima de los antecedentes penales del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
¿Quiénes son los querellados?
En la pirámide del organigrama de esta trama se encuentran dos hombres del Partido Popular. El primero es el ultracatólico Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior, ahora imputado por la trama Kitchen y llamado a declarar por el espionaje a Bárcenas. La segunda persona es Francisco Martínez Vázquez, el que fuera entonces número 2 de Fernández Díaz como Secretario de Estado de Seguridad. Ambos fueron parte clave de las diferentes operaciones y formaban parte del ejecutivo de Rajoy. Tal y como han publicado otros medios y como está informando Diario Red en ‘los whatsapps de las cloacas’, Martínez es quien mantenía los contactos con los mandos policiales implicados y también con diferentes cargos de responsabilidad en medios de comunicación, como Fernando Lázaro de El Mundo, para que publicaran noticias contra Podemos basadas en falsos informes policiales, lo que en sus conversaciones llegaban a denominar “ataques”. Esos chats también revelan que Martínez reportaba a Fernández Díaz y recababa su visto bueno antes de determinadas operaciones.
Un escalón por debajo estarían algunos de los miembros pertenecientes a la Policía Nacional. Destaca Ignacio Cosidó, que fue Director General de la Policía Nacional y miembro del Partido Popular, siendo varias veces diputado y senador de la formación que hoy dirige Núñez Feijóo. Su nombre se hizo famoso cuando, en 2018, como senador, dijo en un grupo de Whatsapp del PP que el pacto alcanzado con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial era “una jugada estupenda” que permitiría a los populares colocar un presidente del Supremo que controlaría “desde atrás” la sala segunda, que entre otras causas instruye las relacionadas con la corrupción y las vinculadas al procès independentista.
Junto con Cosidó, se encuentra en la querella Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de Cuerpo Nacional de Policía y también imputado en Kitchen. De acuerdo con las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que analizó las cloacas policiales, Pino era quien daba las órdenes para hacer funcionar esta estructura corrupta en la Policía Nacional. En 2022, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, aseguró en sede judicial que fue extorsionado por una presunta red policial e indicó, además, que Pino le pidió información relativa a Podemos. El propio Pino en 2019 se vio obligado a reconocer en sede parlamentaria que se enviaron agentes de Policía españoles a Cuba y Venezuela para investigar a Podemos.
Otro de los querellados es Andrés Gómez Gordo, subordinado de Pino e Inspector Jefe adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, en aquel momento con línea directa con el Secretario de Estado. Gordo era también una de las personas más cercanas a la entonces vicepresidenta Cospedal y su marido López del Hierro. También se encuentra imputado en el Caso Kitchen. También figura en la querella Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional durante esos años. Los mensajes de García Castaño con el dos de Fernández Díaz son conocidos. En los últimos días Diario Red ha publicado una de las conversaciones entre ambos en los que García Castaño mostraba su preocupación por el hecho de que Podemos le investigara si llegaba a formar gobierno y él se quedara tirado después de haber colaborado con el PP.
Finalmente, entre los ejecutores de las maniobras contra los que Podemos también plantea acciones legales, está José Ángel Fuentes Gago, en aquel tiempo Inspector Jefe adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y que ha sido protagonista de los audios de Diario Red, en este caso con un exministro venezolano. En las grabaciones le ofrecía al exministro de Venezuela Rafael Isea, en nombre del Gobierno de España, una nueva identidad y nueva vida a cambio de que colaborara en un montaje policial contra Podemos. Junto a Fuentes Gago está Bonifacio Díez Sevillano, entonces en el cargo de Inspector Jefe adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, y que se encargó de tomar declaración a varias fuentes que podrían ayudar a implicar en delitos a Iglesias y otros miembros del partido. Por último, José Manuel García Catalán, entonces Comisario Jefe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que llegó a viajar a Nueva York para intentar recabar testimonios contra Podemos.
Madrid –
