Ecuador y el siguiente paso del lawfare
Las dinámicas golpistas de las cuales forma parte el lawfare no tienen por qué acabarse en la fabricación de procesos judiciales falsos y la difamación mediática. Cuando los poderes oligárquicos toman esa senda, no es fácil aventurar hasta dónde va a llegar la escalada antidemocrática
Después de que los sucesivos gobiernos de Rafael Correa consiguieran reducir la pobreza de forma muy significativa, disparar la inversión social y en sanidad pública, avanzar como nunca en los derechos de las personas LGBIQ, dividir por tres la tasa de homicidios o mejorar de forma histórica las infraestructuras entre otras muchas cosas, y después de que consiguiese todo eso con políticas de izquierdas y confrontando con el poder económico y mediático que quería mantener sus privilegios en Ecuador, la oligarquía del país tuvo muy claro que tenía que acabar con su figura. Así, en cuanto Correa abandonó la presidencia, se puso en marcha una agresiva operación de lawfare contra él y su entorno con la inestimable ayuda de Lenín Moreno, el sucesor del expresidente que, nada más hacerse con el poder, giró toda su política pública hacia la derecha y la concertación con los poderes fácticos.
El lawfare contra Correa, que acabó con su inhabilitación, se produjo según el esquema clásico: los jueces y fiscales corruptos generan una diversidad de procedimientos judiciales sin pruebas y los poderes mediáticos propiedad de las familias más acaudaladas dan por verídicas las acusaciones y las utilizan para difamar al objetivo y destruir su reputación. En el caso de Rafael Correa, no solamente medios de comunicación ecuatorianos participaron de esta operativa de golpe blando; también muchos medios españoles se sumaron a la cacería. El lawfare, además, no se detuvo en Correa, sino que se ocupó muy bien de perseguir también a sus principales colaboradores. En concreto, los mismos aparatos judiciales y mediáticos corruptos se emplearon a fondo contra su último vicepresidente, Jorge Glas, quien decidió refugiarse en la embajada de México en Quito para evitar su apresamiento.
Hasta aquí, todo según el patrón habitual del lawfare, pero cabe destacar que, con lo vivido en los últimos días en Ecuador, estamos asistiendo a una nueva vuelta de tuerca en este conocido mecanismo golpista que ha cruzado nuevas líneas rojas. Así, el pasado viernes la policía del actual presidente, Daniel Noboa, violaba la soberanía de la embajada mexicana en Quito, saltando de forma ilegal el muro que protege su perímetro y secuestrando a Jorge Glas. La acción es gravísima ya que supone la violación flagrante del derecho internacional recogido en el Convenio de Viena de 1961 y que se respeta incluso en tiempos de guerra. Hay muy pocos precedentes de una acción —prácticamente bélica— como esta y uno de ellos es precisamente la irrupción de la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres cuando Lenín Moreno decidió levantar la protección a Julián Assange que Rafael Correa había mantenido durante todo su mandato.
El siguiente paso dado en Ecuador tiene fuertes reminiscencias con lo ocurrido hace pocos meses con Alekséi Navalny en Rusia
El siguiente paso dado en Ecuador tiene fuertes reminiscencias con lo ocurrido hace pocos meses con Alekséi Navalny en Rusia. Después de ser apresado ilegalmente por el gobierno de Noboa, Jorge Glas fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil para delincuentes peligrosos y, en las últimas horas, se ha sabido que ha tenido que ser hospitalizado por una grave crisis en su salud. En estos momentos, las informaciones respecto de qué ha ocurrido exactamente son contradictorias —algunas hablan de una sobredosis de medicamentos, otras de un desmayo debido a la falta de alimentación— y su defensa ha decidido solicitar el hábeas corpus al temer por su integridad física.
Por supuesto, y como corresponde a la continuación del lawfare en una fase superior de violencia, los medios de comunicación ecuatorianos en manos de la oligarquía han seguido dando cobertura a la operación, ahora jaleando la violación del derecho internacional. Al tratarse de un relato tan burdo, no han podido evitar entrar con los dos pies en el territorio del bulo y han llegado a afirmar que solamente la izquierda está criticando la violación del Convenio de Viena cuando se han expresado en este sentido los gobiernos de Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica, las autoridades de la unión europea y de la OEA y hasta el gobierno ultraderechista de Javier Milei en Argentina.
Lo que está ocurriendo en Ecuador es gravísimo y nos enseña al menos dos cosas.
La primera, que las dinámicas golpistas de las cuales forma parte un lawfare que también hemos podido ver en España contra Podemos o contra los partidos independentistas conforman una escala de acciones que no tiene por qué acabarse en la fabricación de procesos judiciales falsos acompañados de la correspondiente difamación mediática. Por el contrario y como estamos viendo en Ecuador, cuando los poderes oligárquicos deciden empezar a caminar por esa senda, no es fácil aventurar hasta dónde va a llegar la escalada antidemocrática. Puede implicar la violación del derecho internacional, la invasión ilegal de una embajada para secuestrar a un político opositor, su reclusión en una cárcel de máxima seguridad y quién sabe qué cosas más.
La segunda, que los líderes políticos supuestamente de centro-derecha como Noboa y con estrechos lazos con los poderes económicos capitalistas —nacido en Miami, hijo del hombre más rico de Ecuador y titular de empresas pantalla en paraísos fiscales según los Panamá Papers— no son otra cosa que lobos vestidos de cordero a los que les cuesta apenas un chasquido de dedos abandonar todo principio democrático para conservar el poder político que les permite blindar los privilegios de su clase.
Madrid –
