Editorial

La renovación del CGPJ cinco años después

Por supuesto que la culpa del bloqueo del CGPJ está en sus perpetradores del PP, pero la responsabilidad de permitírselo es claramente del PSOE. Si el PSOE quiere acabar con el larguísimo secuestro golpista del CGPJ, puede hacerlo ya mismo. Y, si no lo hace, es porque no quiere

Los vocales que actualmente ocupan el Consejo General del Poder Judicial fueron nombrados hace 10 años, el 3 de diciembre de 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Según el artículo 122.3 de la Constitución Española su mandato es de cinco años y, por tanto, finalizó el 4 de diciembre de 2018, hace hoy exactamente un lustro. Es decir, hoy 4 de diciembre de 2023, dos días antes de que se celebre el 45 aniversario del referéndum mediante el cual el pueblo español —de entonces— aprobó la actual carta magna, se cumplen exactamente cinco años de la continuada y flagrante violación de uno de sus artículos más importantes: el que establece la duración del mandato del órgano de gobierno de uno de los tres poderes fundamentales del Estado; el Poder Judicial.

Esto es un hecho incontrovertible y no hay nadie en España que lo discuta. Ahora bien, sobre lo que sí hay grandes diferencias es sobre la asignación de responsabilidad por la situación. Todo el mundo está de acuerdo en que estamos ante una circunstancia inédita y de enorme gravedad para nuestro sistema constitucional, pero ¿de quién es la culpa?

Si escuchamos a la derecha y la ultraderecha política, judicial y mediática, la culpa es del PSOE. Con total descaro y aplicando el principio de transposición de Goebbels según el cual uno acusa al adversario de las fechorías propias, afirman que «la justicia está politizada», que el PSOE nombra en su cuota a operadores jurídicos con clara adscripción partidista y —añaden últimamente— que Pedro Sánchez quiere controlar todos los órganos del Estado para llevar a cabo una «mutación constitucional por la puerta de atrás» que desemboque en una «república federal laica y plurinacional» (en palabras textuales de la presidenta de la Comunidad de Madrid). Por ello, argumentan, antes de proceder a la renovación del CGPJ, habría que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que no sean los 3/5 del Congreso y del Senado los que elijan a los 12 vocales del turno judicial —como establece la ley ahora— sino que se establezca algún tipo de fórmula para que «los jueces elijan a los jueces». Semejante aberración, que sería equivalente a decir que tienen que ser los funcionarios de la Administración General del Estado los que elijan al presidente del Gobierno y no los diputados en la cámara baja, parte del conocimiento por parte del PP de que la mayoría de la carrera judicial es conservadora y, por lo tanto, establecer un sistema de elección de ese tipo sería tanto como garantizar un CGPJ de derechas para siempre e independientemente del resultado de las elecciones. Como el PSOE se niega —hasta ahora— a llevar a cabo esta reforma, Feijóo se niega entonces a facilitar sus votos para que se pueda alcanzar la mayoría de renovación de 3/5.

Todo el mundo está de acuerdo en que estamos ante una circunstancia inédita y de enorme gravedad para nuestro sistema constitucional, pero ¿de quién es la culpa?

Por el contrario, si atendemos a lo que dice el PSOE y también la progresía mediática, la culpa es del PP. Con mayor o menor intensidad —recordemos que buena parte de la progresía es propensa a evitar el «ruido» y prefiere hablarle a la ciudadanía sottovoce—, se apunta desde el lado socialista que el PP no ha querido renovar el CGPJ durante cinco años porque su composición actual se definió mediante una mayoría parlamentaria de derechas que les permite controlar el órgano y, aunque perdieron esa mayoría ya en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, han decidido bloquear de forma ilegítima e inconstitucional su renovación para mantener de forma espuria ese control. Incluso hay sectores de la progresía mediática afín al PSOE que se han atrevido a ir más allá en el desenmascaramiento de las claves y los mecanismos de la operación, señalando que el control por parte del PP del CGPJ tiene como objetivo el nombramiento de jueces afines en los principales juzgados del país para, por un lado, proteger a sus dirigentes en los innumerables casos de corrupción que les afectan y, por otro lado, utilizar la justicia de forma rayana con la prevaricación para perseguir a sus adversarios políticos —fundamentalmente a Podemos y a los independentistas— mediante la operativa corrupta conocida como lawfare. Obviamente, la hegemonía del PP en el Poder Judicial también ha servido para lanzar la brutal ofensiva contra la Ley Sólo Sí es Sí, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el conjunto del movimiento feminista, pero esto la progresía mediática no lo ha dicho porque, en esta materia, tocaba alinearse con el PSOE y el PP. En las últimas semanas, podemos añadir además a la lista de utilidades que encuentra el PP en su control del estamento judicial la utilización del mismo para intentar tumbar, primero, la investidura de Sánchez y, una vez investido, intentar estrangular la legislatura saboteando la aprobación y la aplicación de la Ley de Amnistía que el PSOE ha pactado con Junts y que es indispensable para mantener la mayoría parlamentaria.

Todo lo que achaca el PSOE y sus terminales mediáticos al PP es correcto y las acusaciones en sentido contrario provinientes de las derechas parlamentarias, judiciales y mediáticas son de un cinismo superlativo. En el momento en el que cambian las mayorías políticas, se han de renovar todos los órganos que emanan de forma directa o indirecta de la soberanía popular, y no hacerlo es un comportamiento no solamente inconstitucional sino además sedicioso. Esto es así y el PSOE y sus medios afines tienen razón. Sin embargo, esto no va de tener la razón. Esto va de qué es lo que hay que hacer para evitar el secuestro golpista del CGPJ por parte del PP.

La posición oficial de los socialistas y de sus portavoces periodísticos en televisiones, radios y periódicos ha sido a lo largo de todos estos años —excepto durante unas semanas en 2020 cuando llegó a firmar la modificación de la LOPJ con Unidas Podemos que luego Sánchez retiró— que lo que hay que hacer es insistir, insistir e insistir al PP que tiene que avenirse a negociar y a pactar una renovación en el marco de la ley vigente. El problema —y, a medida que van pasando los años, cada vez provoca más vergüenza ajena decirlo de puro evidente que es— es que al PP no tiene ninguna intención de perder la mayoría en el CGPJ y, por eso, Pedro Sánchez y el Grupo Prisa llevan un lustro entero «insistiendo». Teniendo en cuenta que el PP abraza cada día más la estrategia de la extrema derecha trumpista, resulta patético que se les siga solicitando algo que no van a hacer.

Desde el día en el que caducó el mandato del actual CGPJ, el 4 de noviembre de 2018, ha existido de forma ininterrumpida en el parlamento una mayoría suficiente para modificar la LOPJ, pasando de una mayoría de 3/5 en el Congreso y el Senado a una mayoría absoluta con el concurso de al menos la mitad de los grupos en la cámara baja para renovar a los 12 vocales del turno de magistrados y acabar así con la inconstitucional situación. Apretar este botón ha estado en manos del PSOE en todo momento, todos y cada uno de los días del último lustro. Y lo sigue estando. Por supuesto que la culpa del bloqueo del CGPJ está en sus perpetradores del PP —y también los vocales que no han querido dimitir y en los medios de comunicación que han justificado toda la operación—, pero la responsabilidad de permitírselo es claramente del PSOE. Si el PSOE quiere acabar con el larguísimo secuestro golpista del CGPJ, puede hacerlo ya mismo. Y, si no lo hace, es porque no quiere.