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¿Participó Ayuso del homicidio de 4000 personas?

Es legítimo barajar la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso, más allá de los Maseratis y los pisos de lujo en Chamberí pagados con dinero presuntamente defraudado a Hacienda, haya podido también participar de un homicidio masivo en los primeros meses de 2020


A lo largo de los últimos días, hemos ido sabiendo que Isabel Díaz Ayuso viaja en un Maserati y disfruta de aproximadamente 400m² en dos viviendas de lujo en Chamberí, todo ello pagado por su pareja, Alberto González Amador, a quien la Agencia Tributaria y la Fiscalía acusan de haber defraudado 350.000€ a Hacienda mediante la falsificación de facturas por medio de un entramado de empresas pantalla que —como hemos demostrado en varios artículos recientes en Diario Red— conectan en pocos pasos con los entramados utilizados por los implicados en el ‘caso Koldo’. También se ha conocido que el principal cliente de la empresa que llegó a pagar 2 millones de euros en comisiones a la pareja de Ayuso es nada menos que el gigante de la sanidad privada Quirón; a la sazón, también uno de los principales beneficiados de la política de desmantelamiento y privatización de la sanidad que lleva décadas perpetrando el PP en Madrid.

Que el hermano de Isabel Díaz Ayuso y también su pareja sean ambos comisionistas millonarios de material sanitario en la comunidad autónoma en la que el partido de Ayuso ha abierto las puertas de la sanidad a los peores buitres del sector no es ni casualidad ni una sorpresa para nadie. De hecho, ni siquiera es lo más grave que ha hecho Isabel Díaz Ayuso a lo largo de estos años.

De una forma estrechamente relacionada con la privatización salvaje de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y el efecto que tuvo esta política depredadora durante los peores meses de la pandemia de la COVID-19, ayer presentó sus conclusiones la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid en el Ateneo de la capital ante un auditorio repleto de personas anónimas, pero también de periodistas y de representantes políticos progresistas y de izquierdas. Ante el bloqueo sistemático de las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid y la vergonzante dejación de funciones de la Fiscalía en un tema tan serio, ha tenido que ser la sociedad civil madrileña la que organizase esta Comisión Ciudadana, que, formada por expertos en epidemiología, memoria histórica o gestión hospitalaria y presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de investigación, recopilando artículos académicos, analizando estudios y documentos judiciales, y entrevistando a decenas de personas implicadas. Después de meses de intensa actividad, las conclusiones publicadas no pueden ser más graves y más preocupantes.

Que el hermano de Isabel Díaz Ayuso y también su pareja sean ambos comisionistas millonarios de material sanitario en la comunidad autónoma en la que el partido de Ayuso ha abierto las puertas de la sanidad a los peores buitres del sector no es ni casualidad ni una sorpresa para nadie

Según el detallado informe publicado por la Comisión, de las 44.000 personas mayores que ocupaban una plaza en el sistema de residencias de la Comunidad de Madrid, 9.420, es decir un 21,5 %, fallecieron en los meses de marzo y abril de 2020; 7.219 de ellas sin ser trasladadas a un hospital a causa de los así llamados «protocolos de la vergüenza» que aprobó el gobierno de Ayuso durante aquellos días aciagos. Esta barbaridad, junto con la ausencia absoluta de medicalización de los centros residenciales, fue la principal causa detrás de que la Comunidad de Madrid se sitúe claramente a la cabeza de toda España en el tétrico ranking de la proporción de defunciones reales frente a las esperadas por el número de plazas; un 129% de personas mayores fallecidas por encima de lo esperado, frente al 72% de Castilla-La Mancha —en el segundo lugar del ranking— y a años luz del 78% por debajo de lo esperado que tuvo lugar en otra comunidad gobernada por el PP, como puede ser la Región de Murcia.

Recientemente, Isabel Díaz Ayuso defendió en la Asamblea de Madrid que las personas que no habían sido trasladadas a los hospitales habrían fallecido igualmente. Pero los propios datos de su gobierno desmienten esté extremo. Entre las personas que sí fueron trasladadas a un hospital —por ejemplo, porque tenían un seguro privado—, el 65% sobrevivieron al virus. Por lo tanto, y atendiendo a las conclusiones de la citada Comisión, cabe preguntarse si aproximadamente ese porcentaje de los 7.219 fallecidos a los que se les negó el traslado —unas 4000 personas— se habrían podido salvar. Desde luego, la hipótesis no parece descabellada. De hecho, si esas 4000 personas no hubiesen fallecido, la Comunidad de Madrid presentaría unas cifras de defunciones acordes con lo esperado, dado el número de plazas residenciales.

Siendo esto así, resulta imposible evitar la pregunta por la responsabilidad penal. Siendo esto así, es legítimo barajar la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso, más allá de los Maseratis y los pisos de lujo en Chamberí pagados con dinero presuntamente defraudado a Hacienda, haya podido también participar de un homicidio masivo en los primeros meses de 2020. Es, sin duda, en los momentos más oscuros, cuando el capitalismo depredador y corrupto muestra su cara más siniestra.


Aquí puedes leer el informe completo de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid:


Madrid –

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