Editorial

Pegasus, Futuro Vegetal y los límites de las cloacas

¿Dónde empezaría y donde acabaría la operativa que podemos denominar ‘cloaca’? ¿Es ‘cloaca’ robar las fotos de los hijos de Pere Aragonés con un software espía israelí? ¿Es ‘cloaca’ que un policía de incógnito mantenga relaciones sexuales con una activista ecologista para sacarle información?

En estos días, se están conociendo noticias respecto de varios asuntos que se suelen tratar como temas separados pero que, en realidad, nada indica que no presenten una intersección significativa. En primer lugar, el más que demostrado espionaje a decenas de personas relacionadas con el independentismo catalán —incluyendo al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès— con el software israelí Pegasus. En otro plano aparentemente distinto, la ofensiva policial y judicial contra los activistas pacíficos de la organización ecologista Futuro Vegetal, que fue infiltrada —junto a otras— por agentes de incógnito. Por último, las últimas publicaciones llevadas a cabo por eldiario.es y La Vanguardia han vuelto a poner en agenda la conocida como ‘operación Catalunya’; esto es, la utilización por parte del ministerio del Interior del PP de las estructuras policiales del Estado para investigar y, eventualmente, fabricar pruebas falsas contra diferentes actores políticos catalanes implicados en el así llamado ‘procès’.

Respecto de Pegasus, cabe destacar una serie de elementos relevantes. En primer lugar, que el software espía israelí no supone una mera intervención de las llamadas telefónicas. Muy al contrario, este malware se apodera del conjunto del sistema operativo del terminal móvil, teniendo acceso a toda la información contenida en el mismo y pudiendo incluso llegar a encender la cámara o el micrófono sin que el usuario lo sepa. Una intervención en la privacidad de una persona de tal magnitud que es prácticamente imposible que sea compatible con los derechos establecidos en la Constitución española, independientemente de que un juez lo pueda autorizar. En el caso de Pere Aragonés, además, el mismo teléfono móvil que utiliza el president para su trabajo es también su móvil personal; donde se puede encontrar, por tanto, información como partes médicos o fotos de su familia. Por último, la supuesta cobertura legal para que el CNI pudiese llevar a cabo una intromisión de este calibre en la intimidad de personas que a priori no habían cometido ningún delito parte de la inclusión del independentismo catalán —un movimiento político completamente pacífico— en la Directiva de Seguridad Nacional como una amenaza para nuestro país, al nivel del terrorismo internacional o el enfrentamiento bélico con potencias extranjeras. En estos días, diferentes voces del PSOE han intentado quitarse responsabilidad diciendo que, aunque el espionaje a Aragonès tuvo lugar durante el gobierno de Pedro Sánchez, la orden de iniciarlo la dio el gobierno de Mariano Rajoy. Con esta afirmación, los de Sánchez están asumiendo implícitamente que, cuando llegaron al gobierno, no revisaron las operaciones de espionaje en marcha o, si lo hicieron, decidieron no detenerlas.

Respecto de Futuro Vegetal, la autoría de las operaciones no admite disputa ya que han sido llevadas a cabo íntegramente bajo la dirección política de ministerios socialistas. No solamente la Fiscalía incluyó al «ecologismo radical» —de nuevo, un movimiento político completamente pacífico— bajo el epígrafe de terrorismo en su memoria anual; no solamente se están sucediendo los informes policiales y las actuaciones judiciales que pretenden imputar a estos jóvenes delitos gravísimos, como el de organización criminal; además, hay que recordar que, bajo la dirección del ministerio de Fernando Grande Marlaska, operativos policiales de incógnito se han infiltrado en esta y en otras muchas organizaciones pacíficas de la sociedad civil sin disponer de ninguna evidencia o indicio de que pudieran estar cometiendo delitos e, incluso, manteniendo relaciones sexuales —posiblemente, agresiones sexuales, al estar completamente viciado el consentimiento por la mentira— con miembros de estas organizaciones para extraerles información.

La supuesta cobertura legal para que el CNI pudiese llevar a cabo una intromisión de este calibre en la intimidad de personas que a priori no habían cometido ningún delito parte de la inclusión del independentismo catalán —un movimiento político completamente pacífico— en la Directiva de Seguridad Nacional como una amenaza para nuestro país

Respecto de la así llamada ‘operación Catalunya’ y aunque, habitualmente, se utiliza el término ‘cloacas’ para referirse a una suerte de estructura parapolicial que operaría al margen de la ley, lo cierto es que las investigaciones políticas al independentismo catalán —y también a Podemos—, así como la fabricación de pruebas falsas que luego eran filtradas a los medios de comunicación para provocar la destrucción reputacional de estos actores políticos —una vez más, completamente pacíficos y funcionando en los estrictos márgenes de la legalidad vigente—, no fueron únicamente llevadas a cabo por oscuros agentes externos como el comisario Villarejo. La ‘operación Catalunya’ y todo el resto de las operaciones llevadas a cabo por las así llamadas ‘cloacas’ fueron dirigidas por la cúpula policial al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esos momentos. La justificación política de esta operativa corrupta —salvando las distancias— es exactamente la misma que en los dos casos anteriores: a saber, la «protección de España» no de actos violentos, no de actos ilegales, no de amenazas a la seguridad, sino de organizaciones pacíficas con una ideología determinada.

La pregunta es, por tanto, pertinente, y lo es mucho más en el país del GAL: ¿quién define a los «enemigos de España» y, una vez definidos, hasta dónde se puede llegar para combatirlos? ¿Pueden ser «enemigos de España» movimientos sociales y políticos completamente pacíficos que no incumplen la ley? A juzgar por los hechos, la respuesta es «sí». ¿Se puede contra estos «enemigos de España» utilizar el espionaje masivo, la infiltración policial, el sexo como forma de extraer información, la persecución policial, la fabricación de pruebas falsas y la difamación mediática? La respuesta a esta pregunta es también categóricamente afirmativa, ya que todas estas acciones ya se han producido —y se han producido bajo gobiernos tanto del PP como del PSOE—. Por último y a la luz de lo descrito, ¿dónde empezaría y donde acabaría la operativa que podemos denominar ‘cloaca’? ¿Es ‘cloaca’ robar las fotos de los hijos de Pere Aragonés con un software espía israelí? ¿Es ‘cloaca’ que un policía de incógnito mantenga relaciones sexuales con una activista ecologista para sacarle información? Y eso que ni siquiera hemos hablado de García-Castellón.