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Operativo policial contra el zumo de remolacha biodegradable en las escalinatas del Congreso — LaPresse / Zuma Press / ContactoPhoto

Futuro Vegetal y el futuro de la democracia

Si se puede meter en la cárcel a 22 integrantes de Futuro Vegetal por manchar con zumo de remolacha biodegradable las escalinatas del Congreso, entonces se puede hacer lo mismo con Greenpeace, con Femen y con los participantes de las protestas sindicales más activas


El pasado viernes, se conocía la noticia: la Policía tiene previsto acusar de formar parte de una «organización criminal» a los 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal que fueron detenidos brevemente a lo largo de las últimas semanas.

Futuro Vegetal es una escisión (amistosa) de la organización conocida como Extinction Rebellion (XR) y comparte con ella el objetivo principal de persuadir a los gobiernos de que actúen con la máxima urgencia y con justicia social para frenar la emergencia climática y ecológica que vive el planeta. Futuro Vegetal se centra en la demanda de llevar a cabo una transición hacia un sistema alimentario vegetal al constituir la ganadería uno de los principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero. Según explican en su página web, «la eliminación mundial de la ganadería podría estabilizar los niveles de gases de efecto invernadero durante 30 años y compensar el 68% de las emisiones de CO2 de este siglo». XR y Futuro Vegetal comparten objetivos también con la organización Rebelión Científica, con la cual han compartido en ocasiones acciones de protesta.

Todos estos colectivos, además de compartir objetivos —con matices y poniendo el foco en diferentes elementos—, también comparten metodología de acción política: la desobediencia civil no violenta.

Centrándonos en Futuro Vegetal, alguna de sus últimas y más mediáticas acciones son el haber pintado con zumo de remolacha biodegradable las escalinatas del Congreso de los Diputados, haberse pegado las manos al marco de madera de «las majas» de Goya en el museo del Prado, haber interrumpido un partido de cuartos de final de la Copa Davis saltando al campo, haber cortado la electricidad de una parte del mayor macromatadero de Europa —sito en Binéfar (Huesca)—, haberse pegado las manos a la tribuna del Congreso durante una jornada de puertas abiertas o haber manchado con pintura biodegradable (y lavable con agua) roja y negra —representando la sangre y el petróleo, respectivamente— la fachada de grandes bancos, así como yates y aviones de lujo.

Todas las acciones comparten los mismos parámetros: no hay daños personales y los daños materiales son muy leves o incluso inexistentes. La táctica también es clara: se busca causar impacto mediático para obligar a los medios de comunicación a hablar de la emergencia climática fuera de las tradicionales coberturas de cumbres institucionales como la pasada COP28, que solo sirven para blanquear a los países y a las empresas más contaminantes.

En definitiva, hablamos de grupos de jóvenes científicos y activistas que pretenden presionar a los gobiernos y concienciar a la sociedad sobre una de las principales amenazas a la civilización humana, y lo hacen mediante protestas pacíficas que causan el menor daño posible pero que son muy llamativas, buscando captar con ello la atención de unos medios de comunicación mayoritariamente corruptos que, cuando tratan el tema, lo tratan sin ningún tipo de perspectiva de clase ni de justicia social y dando voz a los gobiernos que no hacen nada o incluso a las grandes corporaciones que están destruyendo el medioambiente.

Esta acusación, se suma al hecho de que la Fiscalía General del Estado incluyese en su Memoria Anual del año 2022 al «ecologismo radical» dentro del apartado de «amenazas terroristas» y a la inaceptable infiltración de agentes de incógnito en estas organizaciones sociales pacíficas y varias otras

Si ahora leemos el artículo 570 bis del Código Penal, en el que se tipifica el delito de participación en una organización criminal, vemos que la Policía está pidiendo para ellos y ellas penas de prisión de dos a cinco años —si se establece que han cometido delitos graves— o de uno a tres años en los demás casos. Esta acusación, se suma al hecho de que la Fiscalía General del Estado incluyese en su Memoria Anual del año 2022 al «ecologismo radical» dentro del apartado de «amenazas terroristas» (algo que luego tuvo que rectificar públicamente ante la indignación popular que se produjo al conocerse la calificación) y a la inaceptable infiltración de agentes de incógnito en estas organizaciones sociales pacíficas y varias otras.

A cada uno le puede gustar más o menos la operativa de Futuro Vegetal, XR o Rebelión Científica y puede estar más o menos de acuerdo con sus objetivos políticos, pero lo que no es aceptable en un sistema democrático es el nivel brutal de represión al que parece que los quieren someter las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los operadores jurídicos. Quizás los activistas de estas organizaciones han cometido algún tipo de ilícito que merezca sanción, quizás han causado daños leves a la propiedad, quizás han incurrido en irregularidades contables —como se sugiere en algunos medios de comunicación—, pero lo que es evidente es que no son terroristas, no son una organización criminal y sería una aberración condenarlos a penas de prisión por los hechos descritos.

Si se puede meter en la cárcel a 22 integrantes de Futuro Vegetal por manchar con zumo de remolacha biodegradable las escalinatas del Congreso, entonces se puede hacer lo mismo con los miembros de Greenpeace —que han llevado a cabo acciones de desobediencia civil pacífica muy similares durante las últimas décadas—, con las activistas de Femen por defender los derechos de las mujeres y con los participantes de las protestas sindicales más activas (por no hablar de las juventudes de varios partidos políticos).

Los partidos que forman parte del Gobierno y los que conforman la mayoría que permite la continuidad de la legislatura deben tomar inmediatamente las acciones ejecutivas y legislativas que sean necesarias para frenar esta deriva autoritaria y proteger el derecho constitucional a la protesta antes de que sea demasiado tarde.


Madrid –

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