Editorial

Recortes

Quizás no se pueda aprobar ningún avance social sin los votos de derechas de Junts y el PNV, pero tampoco se puede aprobar ningún recorte sin los votos de los grupos de la izquierda

En la pasada legislatura, gobernó en España no solamente el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia en nuestro país sino, además, el único gobierno en toda la Unión Europea con presencia de la izquierda transformadora a la izquierda de la socialdemocracia en el Consejo de Ministros. Mediante un combate político y mediático permanente, el ala morada de aquel gobierno consiguió arrancar al PSOE la mayor cantidad de avances sociales en una única legislatura que se recuerdan. No se puede afirmar que se produjese una revolución y solamente una parte del programa de Podemos se llegó a cumplir, pero unas cuantas batallas se ganaron —al menos parcialmente— y se produjo un buen número de avances en derechos que parecían imposibles antes de 2019. Prácticamente en ningún caso se llegó tan lejos como proponía el ala izquierda del gobierno, pero la pregunta en disputa siempre era sobre el tamaño del avance social. En algunas ocasiones se iba un poco más lejos y en otras un poco más cerca, pero estaba fuera de la mesa de negociación la posibilidad de ir hacia atrás.

Después del resultado de las elecciones del 23 de julio y nada más comenzar la nueva legislatura, ya se puede ver que eso ha cambiado. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez, con ministros del PSOE y de Sumar pero sin ministras de Podemos, ha acordado plantear recortes sociales ya desde su primer Real Decreto-ley. Este miércoles, de hecho, se somete a la convalidación —o no– por parte del Congreso de los Diputados una propuesta de reforma del subsidio de desempleo que, si bien implementa pequeños aumentos en la cuantía del mismo durante los 12 primeros meses de prestación para las personas que tengan menos de 52 años, también incluye un recorte significativo en la cotización de los perceptores de más de 52, con la consiguiente reducción en su futura pensión. Para un trabajador que haya percibido el salario medio durante su carrera profesional, tenga 22 años cotizados y cobre el subsidio desde los 52 años hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implicaría recortar su pensión en 162 euros al mes. En declaraciones al periódico El País, el ministerio de Yolanda Díaz no solamente reconoce este recorte sino que, además, lo justifica señalando que la cotización de los mayores de 52 años se había situado en el 125% de la cotización correspondiente al salario mínimo porque éste estaba muy bajo. Después de las subidas del SMI de los últimos años —argumentan desde Trabajo—, ha llegado la hora de bajar ese porcentaje al 100%. Una lógica de recorte que se podría aplicar a toda prestación, ayuda o subsidio que esté referenciado al SMI, al IPREM o a cualquier otro indicador habitual: si el indicador sube «demasiado», habrá que reducir el factor multiplicador, porque tampoco nos vamos a pasar en aquello de ayudar a la gente.

Para un trabajador que haya percibido el salario medio durante su carrera profesional, tenga 22 años cotizados y cobre el subsidio desde los 52 años hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implicaría recortar su pensión en 162 euros al mes

Quizás sea cierto que, dada la actual aritmética parlamentaria en la cual son indispensables los votos de fuerzas de derechas —como Junts o el PNV— para sacar adelante cualquier medida, resulte imposible aprobar avances sociales valientes. Pero, del mismo modo que estos escaños son necesarios para alcanzar la mayoría, es evidente que también lo son los de Podemos, ERC, Bildu o el BNG. Quizás no se pueda aprobar ningún avance social sin los votos de derechas de Junts y el PNV, pero tampoco se puede aprobar ningún recorte sin los votos de los grupos de la izquierda. Por ello, por el sufrimiento social que los recortes producen, pero también porque es enormemente irresponsable no mejorar las condiciones materiales de vida de la gente en un contexto de avance del bloque reaccionario, si el PSOE y Sumar deciden enviar recortes al Congreso, lo que deben hacer los grupos de la izquierda es contestarles mediante el voto que no existe una mayoría parlamentaria para hacer recortes, y mandar —con toda tranquilidad y con todo respeto— el Real Decreto-ley de vuelta al Consejo de Ministros para que sea rectificado.