Editorial

Tras la investidura, se reparten las cartas de nuevo

En la nueva legislatura, no habrá leyes de izquierdas en lo económico y seguramente tampoco presupuestos expansivos. Tras la investidura de Sánchez, además, con un Podemos previsiblemente vetado, el flanco izquierdo del gobierno quedará descubierto y los morados tendrán una ancha avenida para avanzar y crecer

A día de hoy —3 de noviembre de 2023—, ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados por tercera vez en cuestión de días.

Después de que la presidenta del Congreso anuncie el resultado de la votación, tras los breves minutos en los que las cámaras de televisión hagan el tradicional paneo por un hemiciclo en el cual un poco más de la mitad de los diputados y diputadas estarán aplaudiendo y seguramente se vea a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fundirse un abrazo, en cuanto Francina Armengol concluya el pleno extraordinario con un escueto «se levanta la sesión», entraremos en una etapa política nueva en la cual la alegría de las dirigencias de PSOE y Sumar se va a ver rápidamente enturbiada por una acumulación de grandes dificultades de diferente índole.

En la legislatura anterior, Pedro Sánchez pudo aprobar 215 leyes —dos tercios de ellas con mayoría absoluta— y muchas de esas leyes pudieron tener contenidos marcadamente progresistas o incluso de izquierdas —como, por ejemplo, la ley de vivienda o los impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas— porque las elecciones del 10 de noviembre de 2019 arrojaron un hemiciclo en el cual no hacia falta el concurso de ningún partido de derechas para alcanzar la mayoría absoluta. Sin ni siquiera incluir a la CUP o el BNG, la suma de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País y Compromís ya suponía la mitad más uno de los escaños del Congreso: 176. Tras las elecciones del pasado 23 de julio, sin embargo, esto ha dejado de ser así. En el nuevo hemiciclo, las fuerzas progresistas y de izquierdas apenas suman 166 escaños, y es absolutamente imposible aprobar ningún texto legislativo con el voto en contra de PNV o Junts; dos fuerzas de derechas en lo económico. Para sacar adelante leyes después del 23 de julio, hace falta el concurso —por activa o por pasiva— de diputados conservadores en alguna de las siguientes combinaciones: (1) voto a favor de Junts y PNV, (2) voto a favor de Junts y abstención del PNV o (3) voto a favor del PNV y de Coalición Canaria y abstención de Junts. En la anterior legislatura, se podían aprobar leyes que redistribuyeran el poder y la riqueza desde las clases más pudientes hacia las clases trabajadoras. Eso ya no será posible después de la investidura de Pedro Sánchez.

Además de la actividad legislativa ordinaria, en la legislatura anterior, se pudieron aprobar tres Presupuestos Generales del Estado históricamente expansivos. Es decir, presupuestos en los que se aumentó como nunca la inversión pública para reforzar el estado del bienestar y llevar a cabo políticas ambiciosas de protección social. Esto solamente fue posible, además de por la ya mencionada mayoría progresista y de izquierdas, porque el estallido de la pandemia de la COVID-19 a principios de 2020 forzó a la Unión Europea a suspender sine díe la mal llamada «cláusula de estabilidad» —la cláusula de austeridad— y la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso a principios de 2022 aconsejó mantener dicha suspensión. Esto permitió al conjunto de los estados miembro, no solamente a España, incrementar de forma inédita las cuentas públicas, incluso aunque ello conllevase un aumento del déficit y de la deuda. Sin embargo, esa situación excepcional no parece que vaya a durar mucho tiempo y la Unión Europea ya está emitiendo señales inequívocas de una vuelta a los parámetros ordoliberales de la «disciplina fiscal» —es decir, recortes—; algo que, por cierto, la vicepresidenta Nadia Calviño se ha apresurado a asumir sin problemas y sin paliativos. En la nueva legislatura, no habrá leyes de izquierdas en lo económico y seguramente tampoco presupuestos expansivos.

Tras la investidura de Pedro Sánchez, vamos a un periodo en el que habrá que comprobar en cada votación, semana tras semana, si el gobierno PSOE-Sumar tiene mayoría parlamentaria o no la tiene y cuáles son las demandas de los diferentes partidos que la harían posible en cada caso

Por último, es evidente que, tras la investidura de Pedro Sánchez, vamos a un periodo en el que habrá que comprobar en cada votación, semana tras semana, si el gobierno PSOE-Sumar tiene mayoría parlamentaria o no la tiene y cuáles son las demandas de los diferentes partidos que la harían posible en cada caso. Se ha filtrado a los medios de comunicación que el PSOE habría alcanzado un acuerdo con los partidos independentistas para aprobar al menos dos Presupuestos Generales del Estado —algo que a priori proporcionaría cierta estabilidad a la minoría gubernamental—, pero está todavía por ver que esto no sea un brindis al sol, habida cuenta de que las condiciones internacionales pueden cambiar de un mes para otro como se ha demostrado en los últimos tiempos. Resulta además inverosímil pensar que las diferentes fuerzas políticas vayan a renunciar durante casi cuatro años a ejercer su influencia en el momento de mayor poder negociador después de una investidura: la aprobación de los presupuestos.

Y no solamente estamos hablando de los partidos independentistas. Si, finalmente y como todo parece indicar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vetan la participación de Podemos en el próximo gobierno, es obvio que las diputadas moradas no se van a sentir partícipes de las iniciativas del ejecutivo y van a ejercer su autonomía en el Parlamento para arrastrar todas y cada una de las políticas públicas que se sometan a votación hacia sus postulados. Tengamos en cuenta que un voto en contra de las cinco diputadas de Podemos impide la aprobación de cualquier texto legislativo independientemente de lo que hagan los demás grupos de la mayoría de investidura. En una legislatura en la cual la derecha y la extrema derecha ya han demostrado que van a utilizar todas las palancas que tengan a su alcance —legales o ilegales— para intentar tumbar el gobierno con estrategias golpistas, y en la cual el gobierno PSOE-Sumar ni siquiera va a tener la posibilidad de contrarrestar los ataques con políticas avanzadas de izquierdas, no parece lo más inteligente ni lo más responsable añadir a las numerosas dificultades la expulsión de cinco diputadas de la mayoría gubernamental. Sin embargo, esto es lo que a todas luces parece que va a ocurrir.

Tras la investidura de Pedro Sánchez, va a resultar imposible aprobar leyes progresistas en lo económico y muy difícil aprobar presupuestos expansivo. Tras la investidura de Pedro Sánchez y a la vista de una mayoría parlamentaria precaria, el bloque reaccionario judicial, mediático y político va a profundizar su deriva golpista. Tras la investidura de Pedro Sánchez, los partidos independentistas vascos y catalanes ya no van a estar atados por la amenaza de una repetición electoral que pudiese desembocar en un gobierno de extrema derecha y van a ejercer su poder negociador para avanzar en cada votación sus intereses propios. Tras la investidura de Pedro Sánchez, todo indica que el gobierno va a dejar su flanco izquierdo completamente expuesto y Podemos va a tener una ancha avenida política para avanzar y crecer. Tras la investidura de Pedro Sánchez, se reparten cartas nuevas y empieza otra partida muy diferente.