Opinión

Yolanda Díaz y las peonadas andaluzas

El argumento de la ministra de Trabajo, de que pronto «se podrá volver a disfrutar del desempleo con tan solo 10 peonadas, una medida fundamental para afrontar los problemas del campo», no se sostiene si no es desde el conformismo

El Plan de Empleo Rural (PER) se creó en 1986 y vino a sustituir a lo que se conocía como “Empleo Comunitario”, que era un sistema por el que los extinguidos gobiernos civiles repartían fondos públicos entre los Ayuntamientos, para que estos, utilizaran a los trabajadores del campo para realizar un “trabajo comunitario” (especialmente limpiar cunetas una y otra vez), y así pudieran alcanzar un número determinado de peonadas que, unidas a las que realizaban en las fincas agrícolas, les permitía obtener, llegado el momento, una suerte de subsidio.

Para las familias jornaleras, ese trabajo, tenía una naturaleza denigrante y negaba la realización de una actividad laboral remunerada digna y útil. Ni limpiar cunetas ni el mísero subsidio agrario impedía la emigración andaluza, incluida la de miles y miles de familias enteras, hijos menores incluidos, a la vendimia francesa, en condiciones inhumanas y que rayaban la servidumbre. Aunque esta situación en la actualidad no es lo misma y ha mejorado.

Además, el PER (el empleo comunitario) tenía un uso clientelar y favorecía el fraude mediante la declaración de peonadas falsas o la compra de las mismas, de hecho, el Tribunal Supremo ha venido a confirmar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que han condenado ese tipo de estafa. Un fraude miserable en términos cuantitativos, comparado con la corrupción sistémica del bipartidismo monárquico que seguimos viviendo, un fraude promovido por alcaldes y terratenientes, que funcionaba como excusa para las elites políticas y burguesas de España y de otras comunidades autónomas para acusar a las y los jornaleros andaluces de vagos y maleantes.

El PER ha sido sustituido por el llamado Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que, en síntesis, tiene como finalidad, así se expone, favorecer el empleo agrario mediante la ejecución de obras destinadas al medio rural y para mejorar las infraestructuras de los pueblos andaluces, dentro de un sistema, se dice, de igualdad de oportunidades, incluyendo derechos laborales y formación, si bien, al igual que su antecesor, sigue manteniendo el sistema de peonadas para acceder al subsidio agrario, lo que sigue favoreciendo un marcado uso político y latifundista.

La cuestión aquí, por tanto, no está en reducir el número de peonadas agrícolas, sino en eliminarlas como requisito para cobrar el mencionado subsidio, debiéndose equiparar este a otras prestaciones que se abonan a desempleados con especial dificultad para acceder al trabajo. Por eso, el argumento de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que pronto «se podrá volver a disfrutar del desempleo con tan solo 10 peonadas, una medida fundamental para afrontar los problemas del campo», no se sostiene sino es desde el conformismo.

En el sistema interviene lo que se denomina la renta agraria, que viene referida a los ingresos generados por la actividad agrícola, y está relacionada con el subsidio agrario y las peonadas mínimas para ser beneficiarios. El SEPE lo gestiona todo. La diferencia entre uno y otro concepto, es que la renta agraria va en función del número de jornadas y el subsidio agrario, su cuantía, es fija y se percibe aplicando un porcentaje sobre el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que esté vigente en cada momento. En román paladino, un sinsentido. Son dos caras de la misma moneda, razón por la que cobra absoluta lógica que se unifiquen en un mismo sistema de protección por desempleo de las trabajadoras y los trabajadores del campo.

Y eso, precisamente, es lo que había acordado Podemos con el PSOE, y lo que la ministra de Trabajo y vicepresidenta por Sumar en el gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, ha bloqueado, mostrando, una vez más, un perfil incapaz de superar su obsesión contra Podemos. En el fondo, caminar por la senda de dignificar la vida de las personas jornaleras andaluzas y extremeñas acabando con las peonadas obligatorias y su consiguiente uso político, terrateniente e interesado en considerar Andalucía una comunidad subsidiada, en lugar de una comunidad relegada y tratada injustamente desde el punto de vista de las inversiones del estado y la solidaridad interterritorial.