Editorial

Dos periodistas podrían ir a la cárcel por la guerra sucia contra Podemos

Al señalar directamente a dos periodistas como parte fundamental de la operativa de las cloacas, Anticorrupción está dando una oportunidad de oro al conjunto del ecosistema mediático para demostrar si está del lado del juego limpio democrático o se va a seguir dedicando a otras cosas

Ayer informábamos en exclusiva en Diario Red de una noticia que rara vez se da en el contexto de la así llamada democracia española: la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada —abreviada habitualmente como Fiscalía Anticorrupción— solicita, en el marco de la pieza 10 de la causa ‘Tándem’, tres años de prisión para dos periodistas, Alberto Pozas (Director de Interviú en el momento de los hechos y Director General de Información Nacional en el gobierno de Pedro Sánchez de 2018 a 2019) y Luis Rendueles (periodista de Interviú), por el delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros de los artículos 197.2 y 197.3 del Código Penal. En concreto, Pozas y Rendueles habrían entregado al comisario Villarejo el contenido de una tarjeta de almacenamiento externa microSD del teléfono móvil robado el día 1 de noviembre de 2015 a Dina Bousselham; por aquel entonces, integrante del equipo de Podemos en el Parlamento Europeo. Posteriormente, Villarejo habría entregado esos contenidos —entre los que había chats privados, documentos confidenciales del partido Podemos y hasta fotos personales de su propietaria— a Eduardo Inda y José María Olmo (El Confidencial), quienes los utilizaron para publicar un gran número de «noticias» difamatorias contra la formación morada durante los primeros meses de 2016; «en descrédito del partido político Podemos, y del por entonces secretario general Pablo Iglesias Turrión» en las propias palabras de la Fiscalía. En el caso de Villarejo, Anticorrupción solicita cinco años de prisión por ser éste en el momento de la comisión de los presuntos delitos funcionario de policía en activo.

Ahora se deberá abrir el juicio oral y se trasladará esta decisión a los acusados para que formulen escrito de defensa, y ya veremos en qué acaba todo teniendo en cuenta que el juez titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional —en el cual se están llevando a cabo estas diligencias previas— no es otro que Manuel García-Castellón; un magistrado que debe la práctica totalidad de su carrera a decisiones políticas del PP y que ha tomado polémicas decisiones bordeando la prevaricación contra Podemos y contra los partidos independentistas, y también para proteger a dirigentes corruptos del PP, como por ejemplo María Dolores de Cospedal en la causa de la operación Kitchen.

Pero, independientemente del desenlace final del procedimiento judicial, no deja de ser muy relevante que la Fiscalía Anticorrupción avale de una forma tan clara algo que ya era absolutamente evidente para buena parte de la población pero que, hasta ahora, no había tenido reproche penal alguno. Nos referimos, por supuesto, a la participación indispensable de un buen número de periodistas corruptos en la operativa de las cloacas que se puso en marcha para destruir reputacionalmente a la formación morada al tiempo que se interfería de forma espuria en los principales procesos electorales y políticos del país. No hay que olvidar que, mientras Inda y Olmo estaban publicando en OKdiario y en El Confidencial el material robado y suministrado de forma presuntamente criminal por parte de Pozas y Rendueles a Villarejo, Pablo Iglesias y Podemos se encontraban entre los principales actores políticos en España en unos meses en los que, primero, se dirimía la posibilidad de que los morados pudieran facilitar —doblegados por una brutal presión mediática— un gobierno de Pedro Sánchez con Albert Rivera de vicepresidente y, posteriormente, cuando esto no ocurrió porque las bases de Podemos se pronunciaron contundentemente en contra, la precampaña y la campaña electoral del 26 de junio de 2016 en la que algunas encuestas pronosticaban el sorpasso de Unidos Podemos al PSOE.

Durante muchos años, señalar la participación de periodistas corruptos en las maniobras para intoxicar a la opinión pública con bulos y difamaciones y así adulterar de forma ilegítima las reglas del juego democrático ha recibido como respuesta el cierre corporativo más férreo por parte de casi todo el gremio periodístico

Durante muchos años, señalar la participación de periodistas corruptos en las maniobras para intoxicar a la opinión pública con bulos y difamaciones y así adulterar de forma ilegítima las reglas del juego democrático ha recibido como respuesta el cierre corporativo más férreo por parte de casi todo el gremio periodístico y los que señalaban la corrupción han sido acusados de ser enemigos de la «libertad de prensa». Esta criminalización de los denunciantes se combinaba simultáneamente con la difusión de las informaciones obtenidas de forma delictiva. No hay que olvidar que, mientras unos cuantos periodistas mantenían contacto directo con las cloacas, la práctica totalidad del gremio y el conjunto casi completo de los medios de comunicación difundían sus productos de forma libérrima. Con el pasar del tiempo, sin embargo, y a medida que han ido viendo la luz infinidad de pruebas de la actividad corrupta de tantos y tantos operadores políticos con carnet de periodista —como, por ejemplo, los audios en los que Antonio García Ferreras confiesa a Villarejo que publicó información falsa sobre Podemos y Pablo Iglesias, sabiendo que era falsa—, cada vez son más los que no tienen más remedio que reconocer la realidad. Ayer fue la Fiscalía Anticorrupción la que se vio forzada a cruzar una nueva línea roja ante lo imperioso de las evidencias, pero incluso el PSOE se ha atrevido durante las últimas campañas electorales a señalar a la «derecha mediática» como un operador político que actúa en su contra; algo que pretende obviar la existencia de corrupción periodística también en una parte de la progresía mediática que apoya al PSOE —verbigracia, la primicia del ‘informe PISA’ en la Cadena SER— pero que no deja de ser la aceptación parcial de un discurso que hace unos años solamente hacía Podemos.

Teniendo en cuenta que los principales espacios de socialización ideológica de las personas en las modernas democracias mediatizadas son precisamente los medios de comunicación, la existencia de actividades corruptas en su seno es mucho más que una amenaza a determinados partidos que no aceptan el statu quo; se trata de una amenaza evidente al conjunto del sistema democrático en tanto que intoxica de forma masiva, con falsedades y difamaciones, el conjunto de razonamientos y opiniones que llevan a la ciudadanía a tomar su decisión de voto. Por el mismo motivo, destapar y señalar estas actividades corruptas es uno de los principales servicios a la democracia que cualquier periodista, funcionario o representante público puede llevar a cabo. Que la Fiscalía Anticorrupción solicite la entrada en prisión de dos periodistas que han participado de esta operativa antidemocrática es, sin duda, un paso importantísimo en la buena dirección, pero al mismo tiempo nos tememos que se trata de un paso completamente insuficiente. Hasta que los grandes poderes mediáticos abandonen la omertà que les lleva a proteger a sus miembros corruptos, no solamente su prestigio y su credibilidad se seguirán disolviendo de forma irremisible, sino que, además, la amenaza a la democracia persistirá.

Con esta decisión de señalar directamente a dos periodistas como parte fundamental de la operativa de las cloacas, la Fiscalía Anticorrupción está dando una oportunidad de oro al conjunto del ecosistema mediático para demostrar si está del lado del juego limpio democrático o se va a seguir dedicando a otras cosas. Si estos días los principales periódicos abren su portada con la petición de prisión para dos de los suyos y lo mismo hacen las principales televisiones y radios en sus informativos y tertulias, sabremos que algo ha cambiado. Si ocultan la noticia, sin embargo, nos estarán lanzando el mensaje claro de que todo sigue igual; el mensaje claro de que prefieren proteger la corrupción del periodismo que defender la democracia. Hagan sus apuestas. (Y no se olviden de colaborar con los medios de comunicación que sí se atreven.)