Editorial

La Guardia Civil y la democracia

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado públicas y bajo control democrático son un patrimonio del pueblo y no tenemos que permitir que los representantes políticos de los oligarcas se hagan con ellas

Ayer sábado, nuestro país despertaba conociendo un hecho luctuoso. Unos narcotraficantes a bordo de una lancha habían embestido, en el puerto de Barbate, contra una pequeña embarcación de la Guardia Civil, asesinando a dos agentes de 39 y 42 años y dejando a tres niños huérfanos de padre. Otros dos agentes resultaron heridos, aunque, afortunadamente, ambos se recuperan favorablemente de sus heridas en el hospital según informa el propio cuerpo armado. Ocho personas han sido detenidas en relación con los hechos, algunas de ellas directamente tripulantes de la narcolancha y otras aparentemente cómplices que los esperaban en la costa.

Todos los representantes políticos han expresado sus condolencias a las familias de los agentes asesinados y, como era de esperar a pesar de lo trágico del suceso, el PP y VOX han aprovechado también la ocasión para intentar hacer avanzar su agenda política. Feijóo ha arremetido contra el gobierno y Abascal ha dicho «al narco, plomo o plomo, si queremos evitar que dominen el país como ocurre con las narcodictaduras de Iberoamérica». Por su parte, las diferentes asociaciones de la Guardia Civil han firmado un comunicado conjunto pidiendo la dimisión del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al hacerle responsable por la falta de medios de la que disponen los agentes en el Campo de Gibraltar. La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, se ha expresado en similares términos en una entrevista a la Cadena SER, afirmando «que no vengan al funeral si no dan medios».

En todo caso y más allá de las reacciones políticas, las expresiones ciudadanas de condolencia han sido absolutamente unánimes, tanto en las redes sociales como en las propias calles de Barbate, donde un millar de vecinos y vecinas se han congregado a las puertas del Ayuntamiento y han roto el minuto de silencio con aplausos y vivas a la Guardia Civil.

Esta reacción cívica ciudadana es compatible con un hecho político que no debemos olvidar desde la izquierda: que el mantenimiento de la seguridad —como hemos visto con la victoria aplastante de Bukele en El Salvador— es la primera preocupación de la gente cuando esta seguridad se rompe. Obviamente, el tener un empleo, una vivienda digna, un sistema sanitario público que nos cuide cuando enfermamos y, en general, toda una red de protección social que garantice los mínimos materiales para poder desarrollar un proyecto vital son elementos fundamentales para cualquiera que aspire a una organización justa de la sociedad. Pero, si cualquiera te puede pegar un tiro cuando vas de tu casa al trabajo, entonces, incluso estos elementos de dignidad material básica pueden pasar a un segundo plano. Por ello, y también porque la mayor parte de sus acciones operativas la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) las llevan a cabo para proteger y asistir a la gente corriente, no es sino natural que estos cuerpos de servidores públicos cuenten con altos niveles de reconocimiento y de valoración ciudadana. Además, es importante recordar desde la izquierda que es precisamente la gente trabajadora la que necesita de la existencia de fuerzas de seguridad públicas a su servicio. Los millonarios siempre pueden contratar seguridad privada y encerrarse en urbanizaciones amuralladas con cámaras y alambre de espino, pero la gente corriente no. La gente corriente necesita que haya agentes contratados por el Estado y bajo control democrático que garanticen su seguridad y protección.

Es precisamente la gente trabajadora la que necesita de la existencia de fuerzas de seguridad públicas a su servicio. Los millonarios siempre pueden contratar seguridad privada y encerrarse en urbanizaciones amuralladas con cámaras y alambre de espino, pero la gente corriente no

Si la Guardia Civil y la Policía son vistas con reticencias por algunos sectores de la izquierda no es debido a la mayor parte de sus actuaciones operativas ni tampoco debido a su naturaleza básica como cuerpo público sometido al interés general. Si estas reticencias existen, es precisamente por el mal uso que, fundamentalmente desde la derecha política pero también muchas veces desde el PSOE, se ha hecho y se hace de las fuerzas de seguridad. Cuando se ordena a los agentes que repriman violentamente un referéndum pacífico en Cataluña, la entrada de personas migrantes indefensas en nuestras fronteras, o una manifestación de trabajadores del metal en Cádiz o de de vecinos y vecinas de Vallecas a favor de la sanidad pública, se está pervirtiendo la naturaleza original de las FCSE, se está manchando y debilitando su prestigio y, con todo ello, se está haciendo un daño irreparable a la democracia. Lo mismo cuando se utilizan estos cuerpos policiales de forma espuria para perseguir a adversarios políticos, para elaborar informes falsos, para llevar a cabo infiltraciones en organizaciones pacíficas de la sociedad civil o para encarcelar chavales inocentes —como los 6 de Zaragoza— gracias a la aberración en términos de derechos fundamentales que supone la presunción absoluta de veracidad de las declaraciones de los agentes (algo que, lejos de ayudar a las FCSE, las sitúa en una zona de impunidad que les causa un desprestigio y —a la larga— limita su capacidad operativa por falta de confianza).

Los servidores públicos de las FCSE tienen que entender que, cuando, desde la izquierda, se señala la necesidad de acabar con este tipo de actuaciones, no se está cuestionando ni la existencia, ni la conveniencia, ni la naturaleza de estos cuerpos de seguridad. Muy al contrario, lo que se está diciendo es que una operativa que no distinga de ideologías políticas y que únicamente atienda al interés general en todos los casos es la mejor garantía para mantener el reconocimiento y la valoración de dichos cuerpos en los altos niveles que son necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad y del conjunto del sistema democrático.

Al mismo tiempo, la izquierda tiene que asumir que la defensa de los derechos laborales y civiles de los funcionarios públicos de las fuerzas de seguridad es una tarea tan importante como lo es defender los derechos de los profesionales sanitarios. Puede resultar inquietante la infiltración de discursos patrioteros de extrema derecha entre algunos sectores de las FCSE, pero la izquierda nunca debe perder de vista que, en el modelo de sociedad que queremos construir, unas fuerzas de seguridad con derechos, con salarios dignos y bajo control democrático son tan indispensables como una sanidad y una educación públicas y de calidad. De hecho, son precisamente las derechas las que suponen la mayor amenaza para los agentes de las FCSE, no solamente por su utilización espuria que les causa desprestigio sino también al proponer un modelo de sociedad del sálvese quien pueda, con un Estado pequeño incapaz de mantener grandes plantillas con salarios dignos, sean de maestros, de médicas o de agentes de la Guardia Civil y la Policía.

La intuición ciudadana mayoritaria que llevó a los vecinos y vecinas de Barbate a aplaudir emocionados tras el minuto de silencio por los agentes asesinados —y a la que, desde aquí, nos sumamos— es correcta. Las FCSE públicas y bajo control democrático son un patrimonio del pueblo y no tenemos que permitir que los representantes políticos de los oligarcas se hagan con ellas.