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Bukele, incuestionado

Tal como vaticinaban todas las encuestas, Nayib Bukele ha logrado una reelección que la propia Constitución impedía. Seguirá siendo presidente de El Salvador, donde afrontará el reto de la situación económica gracias a la popularidad que le otorga su extensamente publicitada “guerra” contra el crimen organizado


Nayib Bukele ha sido reelecto como presidente de El Salvador para el período 2024-2029 en los comicios del 4 de febrero. El líder de Nuevas Ideas ha consolidado su casi absoluta dominancia en el ecosistema político salvadoreño, logrando un apoyo electoral que no deja espacio a duda alguna sobre su popularidad. Su retórica de “mano dura” y los éxitos que perciben las capas medias y trabajadoras en el país en el ámbito de la seguridad, son claves centrales de su éxito, como lo es también su intensa campaña propagandística y caudillista.

Omnipotente

85%, así de contundente ha sido el mandatario al anunciar los resultados de la elección antes que el mismo Tribunal Supremo Electoral, que a esta hora apenas computa un 31% de los sufragios presidenciales y una victoria con 83 puntos para el presidente. Bukele no ha tenido rival en las elecciones… y tampoco se esperaba. Ninguno de los dos candidatos de los que antaño eran los grandes partidos salvadoreños, Joel Sánchez de ARENA y Manuel Flores del FMLN, han quedado siquiera cerca del presidente. Bukele habría logrado un nuevo equilibrio de poderes que es, si acaso era posible, más favorable que el que operaba antes del 4 de febrero. De los 60 diputados de la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas y sus partidos adheridos ocuparán desde hoy una mayoría casi plena, muy por encima de los 64 de 84 que controlaban hasta la fecha, una mayoría que obtuvo luego de las elecciones legislativas de 2021 en las que Bukele logró la mayoría absoluta. Previamente, su relación con el poder legislativo había sido especialmente compleja, habiendo llegado a irrumpir con las Fuerzas Armadas en el hemiciclo en el año 2020. Aquella acción supuso un punto de inflexión en la deriva caciquil y autoritaria del Ejecutivo salvadoreño.

Pocos meses después de la constitución de la nueva Asamblea Legislativa en 2021, el oficialismo hizo considerables cambios en el poder judicial, logrando en la práctica que la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General respondan al criterio del presidente Bukele. Estas nominaciones hacían de la relación entre el Ejecutivo y el aparato judicial una que funciona a modo de simbiosis. El presidente cuenta ahora con el beneplácito de estos órganos a aquellas cuestiones de su mandato para las que requiriese su apoyo formal. De la mano de la dominancia de la cámara legislativa, el “bukelismo” atesora hoy los tres poderes del estado.

Este movimiento, relevante en sí mismo, se tornó crucial un par de años después, a tal punto que Bukele probablemente no habría podido competir en los comicios del 2024 sin esta “rosca” institucional. Tras una interpretación nítidamente parcial, la Sala de lo Constitucional consintió que el mandatario pudiera concurrir, a pesar de que la propia Constitución establece claramente que el presidente no puede optar a una reelección consecutiva (tal como lo reiteraba el propio Bukele en el año 2023). El mecanismo para dicha interpretación fue particular: Bukele solicitó una licencia el día 1 de diciembre, exactamente seis meses antes del inicio del nuevo período presidencial, designando a Claudia Rodríguez como encargada. Estos seis meses anulaban, a ojos del Tribunal Electoral, el criterio de consecutividad, por lo que el presidente se libraba de lo dictado por la Constitución. El 4 de febrero, Bukele ha dado un nuevo golpe sobre la mesa en la línea autoritaria: anunciar los resultados electorales antes que un Tribunal saturado que no fue capaz de confirmar los números en la noche de los comicios. Con todo, las declaraciones de Bukele han sido legitimadas por los tempranos reconocimientos de actores internacionales como Ecuador, México o Guatemala.

Omnipresente

Bukele ha definido su “personaje” político en un contexto muy específico en el país: el estado de excepción. La primera etapa de su presidencia se caracterizó por negociaciones con las maras, las bandas de crimen organizado que habían dominado durante décadas la vida pública en El Salvador. La segunda etapa dio comienzo el 26 de marzo de 2022, cuando las pandillas se cobraron la vida de 62 personas e hicieron añicos la relación pactista con el Ejecutivo nacional. Aquel día fue un antes y un después: la retórica punitivista se apoderó de la comunicación presidencial y la excepción se hizo norma en el país. El Gobierno arrancó una campaña de detenciones y vigilancia cuyos resultados son percibidos positivamente por amplias capas de población. Ciudades más seguras y espacios transitables donde antaño no se podía caminar. Ahora, El Salvador es “el país más seguro de América Latina”, según reitera Bukele.

Con todo, la arbitrariedad de la brocha gorda ha generado críticas nacionales e internacionales. Al liberar a 7.000 inocentes en agosto, el propio Ejecutivo ha reconocido implícitamente que se han estado produciendo encarcelamientos sin pruebas de personas por vínculos nunca demostrados con las maras. Las condiciones de encarcelamiento han sido usadas por el Gobierno como una herramienta de la “guerra” contra el crimen organizado, denunciándose a menudo pésimas condiciones alimentarias y sanitarias (algo que el propio Bukele no ha pretendido esconder). De hecho, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el paradigmático centro penitenciario del bukelismo, ha servido como amenaza contra los eslabones más bajos de las pandillas, casi siempre provenientes de las barriadas populares y, en general, de los sectores más pauperizados de la clase trabajadora salvadoreña.

El CECOT, como tantas otras medidas “de mano dura” del Gobierno, han servido enormemente como publicidad personal del presidente. De hecho, el “método Bukele” ha de concebirse no tanto como la aplicación de las políticas punitivas y de vigilancia (que no son por sí mismas novedosas en la región), sino como la combinación de estas junto a una intensa campaña propagandística del Ejecutivo nacional. Bukele ha dominado como ningún otro líder de las derechas radicales latinoamericanas la comunicación digital. El tono simple, cercano, desintermediado de su spot electoral, da buena cuenta de ello. Simplemente él, un sofá y una cámara, mientras habla con los votantes. A su vez, el agresivo empleo de formatos verticales de consumo rápido como Youtube Shorts y Tiktok ha definido su particular construcción de liderazgo desde que asumiera la presidencia en 2019. Complementariamente, Bukele no ha desaprovechado casi ningún atril público para agrandar su figura, ya fueran discursos frente a las Naciones Unidas o entrevistas con youtubers.

Es innegable que Nayib Bukele es uno de los dirigentes con mayor apoyo social en el mundo, gracias a la propaganda, la mano dura y los éxitos relativos como el cosechado durante la campaña de vacunación contra el COVID-19. Con todo a favor, Nayib Bukele afrontará su segunda presidencia. El mandatario contará con el apoyo indiscutido del poder legislativo y del poder judicial y con una popularidad histórica en el continente. No obstante, los retos existen. La percepción generalizada es que la situación económica de las capas medias y trabajadoras salvadoreñas no ha mejorado durante su gestión. Los avances en la seguridad has definido esta elección, pero nada asegura al presidente que el mismo clivaje vaya a ser determinante en 2029. Además, no son pocos los analistas que dudan sobre la durabilidad de las medidas securitarias; se cree que un “efecto rebote” podría llegar a tener lugar. Como sea, la victoria de Bukele reafirma dos tendencias: la entrada de El Salvador en una dinámica caudillista de democracia personalista y el enorme peso electoral de la retórica punitivista en Centroamérica.


Madrid –

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