Editorial

Los tractores terroristas de García-Castellón

Los agricultores no son independentistas ni personas de Podemos —por lo menos, no todos ellos lo son—. ¿Entonces qué va a hacer la Audiencia Nacional y el Supremo? ¿Y cómo demonios tienen que cubrir la noticia Vallés, Griso y Ana Rosa para dar cobertura ideológica a los magistrados?

Un agricultor lanza desde un puente una alpaca incendiada a la autopista justo cuando acaba de pasar una furgoneta, que se libra de milagro. Varios agricultores con chalecos amarillos zarandean un coche de la guardia civil para apartarlo de su camino. Un agente de la benemérita enseña a las cámaras una herida en su frente causada por algún objeto contundente. Centenares de tractores cortan sin previo aviso los accesos a centros logísticos, puertos y estaciones de tren, e incluso las principales autopistas por las que se entra a las grandes ciudades de nuestro país. De momento no ha habido ningún muerto, pero perfectamente podría pasar que un turista francés sufriera un infarto en una carretera secundaria en medio de un atasco provocado por las movilizaciones del sector primario.

Más allá de las claves materiales y políticas que hemos analizado en profundidad aquí y anticipando que pensamos que la mayor parte de las revindicaciones de los agricultores y ganaderos no solamente son legítimas sino además justas, añadiendo además nuestra convicción de que, aunque algunos de estos hechos puedan ser constitutivos de infracción administrativa, entran todos ellos dentro del repertorio habitual y del perímetro democrático que se ha de esperar de cualquier lucha social —hechas estas necesarias salvedades—, también hay que decir que las recientes movilizaciones del sector primario suponen un problema de primer orden para la judicatura española.

Si, en vez de tractores, fueran turismos y todos ellos estuvieran conducidos por independentistas o por personas de Podemos, entonces, los García-Castellón, los Aguirre, los Llarena y los Marchena lo tendrían clarísimo: estaríamos ante hechos constitutivos de delitos de terrorismo, e incluso posiblemente también, de sedición. Y, si hubiese alguna duda, Felipe VI haría un discurso extraordinario, diciendo que, efectivamente, a por ellos. Donde no habría absolutamente ninguna duda sería en las televisiones, que compararían incesantemente a los manifestantes con ETA y Al-Qaeda. Una parte de los líderes de las movilizaciones serían encarcelados y otra parte escaparía a Suiza o a Bruselas para evitar las represalias de la «justicia». Si la cosa se calentase mucho y los movilizados montasen un partido político y sacaran la suficiente cantidad de escaños —en este caso, en la España vaciada— como para que la investidura de Pedro Sánchez dependiera de ellos, entonces, a lo mejor podrían conseguir el indulto o la amnistía, pero nadie les quitaría varios años de drama familiar e incluso de prisión. Los jueces firmantes de las condenas, sin embargo, no sufrirían ningún perjuicio, sino que más bien verían progresar sus carreras.

Si, en vez de tractores, fueran turismos y todos ellos estuvieran conducidos por independentistas o por personas de Podemos, entonces, los García-Castellón, los Aguirre, los Llarena y los Marchena lo tendrían clarísimo

Pero claro, resulta que no son independentistas ni personas de Podemos —por lo menos, no todos ellos lo son—. ¿Entonces qué va a hacer la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo? ¿Y cómo demonios tienen que cubrir la noticia Vicente Vallés, Susanna Griso y Ana Rosa Quintana para dar cobertura ideológica a los magistrados? No es nada fácil la situación. Si atendemos a la operativa que han desplegado en los últimos años los diferentes operadores jurídicos y mediáticos, entonces, lo que deberíamos ver es una heterogeneidad de criterios. Si los tractores están cortando el acceso a Ferraz mientras queman un muñeco representando a Pedro Sánchez, cordón policial suave y falta administrativa leve. Si están cortando el acceso a un centro logístico de Mercadona, terrorismo. Si son agricultores madrileños y van bien provistos de banderas con el pollo y carteles contra la agenda 2030, sanción y multa. Si son vascos y llevan la Ikurriña, terrorismo y a la cárcel; como los jóvenes de Altsasu y los 6 de Zaragoza. Si encabeza la comitiva Cayetano de Alba o algún fondo de inversión propietario de macrogranjas, tampoco pasa nada porque le abran un poco la cabeza a un agente de la guardia civil. Si estamos hablando de pequeños y medianos productores, no cabe duda de que estamos ante un atentado terrorista de manual.

Y lo peor de todo es que este no es solamente un editorial irónico. Lo que acabamos de describir está tan cerca de la realidad que dibuja un problema gravísimo —un auténtico agujero negro— en nuestro sistema democrático.