Varios agricultores y tractores durante una concentración en Vitoria-Gasteiz — Iñaki Berasaluce / Europa Press
Mercadona y la Agenda 2030: 10 tesis sobre las movilizaciones del campo
La extrema derecha no es otra cosa que el brazo político y mediático de esos grandes capitales que compiten deslealmente con los pequeños y medianos productores. Por eso están tan interesados en redirigir la indignación hacia un enemigo imaginario: para proteger los privilegios de sus amos
Es importante entender las claves que hay detrás de las movilizaciones del sector primario, así como los diferentes apoyos y argumentarios que se despliegan en torno a ellas desde los diferentes lugares de poder político y mediático. Y es importante entender estas claves porque no solamente afectan a la producción alimentaria, sino que el conjunto del esquema se reproduce una y otra vez en otros ámbitos productivos y sociales. Por ello intentaremos dibujar la mayor parte del paisaje de una forma lo más sintética posible mediante el enunciado de una serie de tesis:
1.- El sector primario es heterogéneo. Aunque se hable de «los agricultores» en general, no es lo mismo una pequeña o mediana explotación familiar gestionada y trabajada por profesionales, que un gigantesco regadío hiperintensivo propiedad de un fondo buitre dirgido desde Luxemburgo y trabajado por asalariados. Aunque se hable de «los ganaderos» en general, no es lo mismo una pequeña explotación extensiva —con los animales alimentándose al aire libre— o incluso una explotación intensiva de tamaño medio, que una macrogranja capaz de matar a miles de cerdos cada día.
2.- Las explotaciones pequeñas y medianas son en general más respetuosas con el medioambiente y con los derechos laborales que las macroexplotaciones, y suelen tributar en España en un porcentaje mayor. Aunque hay excepciones, es fácil entender por qué se cumple esta regla: los productores familiares y profesionales del sector primario tienen sus raíces en el territorio y, muchas veces, la voluntad de que su modo de vida continúe en generaciones posteriores. Esto sitúa los incentivos correctos a la hora de cuidar la tierra, gastar menos agua, cuidar a los trabajadores, etc. Sin embargo, y como ocurre en muchos otros sectores productivos, los grandes capitales del agronegocio solamente están interesados en obtener el máximo beneficio económico.
3.- Las explotaciones en manos de grandes fortunas y fondos buitres están ganando terreno a las pequeñas y medianas. Gracias a la competencia desleal por parte de las primeras y a los problemas de sostenibilidad económica a los que se enfrentan las segundas, los grandes capitales extractivos cada vez más están haciéndose con el campo español al mismo tiempo que las explotaciones familiares y profesionales van progresivamente cerrando. Por lo dicho en el punto anterior y también por una cuestión de soberanía alimentaria, redundaría en el máximo beneficio del conjunto del país —no solamente de las personas directamente afectadas— que seamos capaces de proteger a los pequeños y medianos frente al avance de los grandes capitales.
4.- Los elementos clave de la competencia desleal que ejercen las grandes explotaciones contra las pequeñas y medianas tienen que ver con su mayor tamaño, con su mayor músculo financiero, con su mayor capacidad de contar con departamentos específicos de gestión jurídica o económica y, en general, con su acceso a la economía de escala, pero también con su menor respeto al medioambiente, con su mayor propensión a la ingeniería y a la elusión fiscal o con la degradación de las condiciones laborales de sus trabajadores. Todo esto, les permite producir a un precio menor —transfiriendo las externalidades negativas al conjunto de la sociedad— y así hacer dumping de precios en el conjunto del mercado para expulsar del mismo a los pequeños y medianos, que necesariamente tienen que producir a un coste mayor porque contaminan menos, pagan más impuestos y tienen mejores condiciones laborales.
5.- En el sector primario además, la competencia desleal no solamente es horizontal, entre los diferentes productores —con los grandes ejerciendo abuso contra los pequeños—, sino también vertical, con las grandes cadenas de distribución operando en forma de oligopolio y forzando contratos con precios abusivamente bajos sobre el primer eslabón de la cadena. Pensemos que las cinco cadenas de supermercados más grandes —Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA y Eroski— concentran casi el 50% de las ventas en España; lo cual les otorga un enorme poder a la hora de comprar los productos al sector primario, forzando los precios de compra a la baja para así poder aumentar sus márgenes de beneficio. La apuesta por la compra pública masiva —por ejemplo, mediante el suministro de alimentos locales de circuito corto en todos los centros de la administración— o la creación de una gran empresa pública de distribución alimentaria son medidas que podrían servir para reorientar esta dinámica.
En el sector primario además, la competencia desleal no solamente es horizontal, entre los diferentes productores —con los grandes ejerciendo abuso contra los pequeños—, sino también vertical, con las grandes cadenas de distribución operando en forma de oligopolio y forzando contratos con precios abusivamente bajos sobre el primer eslabón de la cadena
6.- El tercer elemento de competencia desleal tiene que ver con los tratados de libre comercio. A cambio de poder ampliar los mercados en los cuales los países industrializados de Europa pueden vender sus productos tecnológicos, es habitual utilizar al sector primario como moneda de cambio, permitiendo la importación de alimentos desde esos terceros países aunque allí no se cumplan los mismos estándares sanitarios, ecológicos y laborales que en la Unión Europea. De esta manera, se importan productos alimentarios que han sido producidos con unos costes mucho menores, situando de nuevo a los pequeños y medianos productores europeos en una situación de desventaja por competencia desleal. Por si esto fuera poco, se genera así un funcionamiento profundamente antiecológico según el cual una buena parte de los productos que se producen en España se destinan a la exportación —y no a ser consumidos por nuestra propia población— al mismo tiempo que esos mismos productos se importan desde el extranjero para el consumo local, aumentando así de forma absurda la huella de carbono asociada con el transporte.
7.- Los diferentes gobiernos nacionales y también el ejecutivo comunitario han trabajado siempre para favorecer los intereses de los grandes capitales extractivos del agronegocio y los grandes latifundios, postergando o incluso atacando los intereses de los pequeños y medianos productores. Dos ejemplos que están en el primer plano de las movilizaciones estos días son, por un lado, un diseño de las subvenciones de la PAC que premia a los grandes terratenientes y, por otro lado, el establecimiento de una serie de requisitos para recibir esas ayudas y también otras que sitúa una carga burocrática y unos costes adicionales para la reconversión de las explotaciones que son mucho más fáciles de asumir por los grandes capitales que por los pequeños y medianos productores.
8.- Los pequeños y medianos productores del sector primario son los principales damnificados por los efectos del calentamiento global y el cambio climático y son, precisamente por ello, mayoritariamente conscientes de la necesidad de tomar medidas significativas en ese ámbito. Lo único que dicen —y parece una demanda razonable— es que el cumplimiento de los nuevos requisitos no les lleve a la quiebra económica, al tiempo que los grandes productores —que sí tienen el suficiente músculo jurídico y financiero para afrontarlos— se van quedando con sus tierras.
9.- La Agenda 2030 es un trampantojo de la extrema derecha. Cumpliendo la misma función que cumplía durante el franquismo el trampantojo de la «conspiración judeomasónica», los diferentes operadores parlamentarios y mediáticos de las derechas, están agitando en nuestra época el significante vacío de la Agenda 2030 —también la «religión climática» o el «ecologismo radical»— como una suerte de programa mundial con el cual la progresía estaría intentando acabar con el modo de vida de la gente trabajadora para mayor beneficio de «las élites». Aunque es verdad que la progresía trabaja más para los grandes actores económicos que para la gente trabajadora, lo cierto es que la Agenda 2030 no deja de ser una serie de recomendaciones bienintencionadas y no vinculantes que hace la ONU y que nadie cumple. La Agenda 2030 —y otros terraplanismos todavía más absurdos que enarbola la extrema derecha política y mediática, como la manipulación climática mediante los ‘chemtrails’— cumplen la misma función que cumplía la «conspiración judeomasónica»: señalar a un supuesto enemigo fantasmagórico para ver si así a la gente se le olvida cuáles son los enemigos de verdad (Mercadona, los grandes capitales extractivos del agronegocio, los tratados de libre comercio y las regulaciones diseñadas para facilitar la competencia desleal). Porque —y esto no hay que olvidarlo— la extrema derecha no es otra cosa que el brazo político y mediático de esos grandes capitales que compiten deslealmente con los pequeños y medianos productores. Por eso están tan interesados en redirigir la indignación hacia un enemigo imaginario: para proteger los privilegios de sus amos.
10.- Si la izquierda y los progresistas no ponen solución a los problemas reales del campo, entonces la derecha y la extrema derecha serán capaces de penetrar políticamente en todo ese sector. Si el gobierno de España y la Comisión Europea están verdaderamente preocupados por el avance del fascismo en Europa, entonces tienen que disciplinar a los grandes supermercados, tienen que implementar moratorias a la apertura de grandes macroexplotaciones y establecer un férreo control sobre las que ya existen, tienen que asegurar que ningún pequeño y mediano productor está vendiendo a pérdidas, tienen que rechazar los tratados de libre comercio que perjudican a dichos productores, tienen que reformar inmediatamente la PAC para hacerla más justa y tienen que diseñar requisitos burocráticos y de reconversión de las explotaciones que sean asumibles por los pequeños y medianos. En España, además y en particular, y teniendo en cuenta la gravísima situación de sequía que afrontamos, el Gobierno tiene que reducir drásticamente el suministro de agua a las macroexplotaciones agrícolas y ganaderas para garantizar el consumo doméstico y el riego en las pequeñas y medianas explotaciones. Éstas son las demandas reales y materiales del campo y, si no son satisfechas, solamente quedará llorar lágrimas de cocodrilo cuando la extrema derecha haya conseguido utilizar esa palanca para avanzar políticamente.
Madrid –
