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La plana mayor de VOX presenta una querella contra Sánchez y Puigdemont en el Tribunal Supremo — A. Pérez Meca / Europa Press

VOX incinera al Tribunal Supremo

La maniobra de VOX es pura estulticia estratégica, en tanto que va a acabar con la amputación de una parte importante de la legitimidad del Tribunal Supremo, pase lo que pase. Pero esta no es la primera de sus naves que quema la clase dominante y, seguramente, no será la última


Ayer por la mañana, la plana mayor de VOX acudía al Tribunal Supremo para presentar una querella contra Pedro Sánchez y también contra Carles Puigdemont en la que acusan a ambos de los supuestos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La querella se extiende también a sus respectivos partidos —PSOE y Junts— y solicita al tribunal que suspenda, como medida cautelarísima, el debate de investidura que está programado para dar comienzo hoy miércoles 14 de noviembre a las 12:00 en el Congreso de los Diputados.

Con la simple presentación de esta querella, y en particular con la solicitud de suspensión del pleno de investidura, los de Abascal están produciendo un importante socavamiento de las bases de legitimidad institucional del máximo tribunal español, sea cual sea el desenlace. La mera petición al Supremo de que intervenga la sesión parlamentaria en el momento en el que se produce la transferencia de poder desde la soberanía popular —representada en los escaños de la cámara baja— al Ejecutivo, en la figura del presidente investido, supone lanzar a la militarizada base electoral de VOX el mensaje nítido de que ésta es una posibilidad cierta, de que es una cosa que de hecho podría ocurrir, de que el Tribunal Supremo —si así lo decidiese— podría paralizar una investidura. Esta enunciación política desplaza la ventana de Overton de lo aceptable y lo posible, dando ahora cabida a este desenlace, para un número significativo de personas —no olvidemos que VOX obtuvo 3 millones de votos en las pasadas elecciones del 23 de julio— y provoca, por lo tanto, una erosión de la legitimidad del Tribunal Supremo tome éste la decisión que tome. Si el tribunal decide aceptar la medida cautelarísima y suspender el pleno de investidura, el deterioro de su legitimidad sería, desde luego, terrible. De tomar esa vía, no solamente el conjunto del electorado progresista, de izquierdas y nacionalista vería ya de forma definitiva al máximo tribunal como un tribunal político de derechas, sino que, además, se abriría una grieta en el sistema constitucional español que, tarde o temprano, detonaría un cambio de régimen. Pero es que, si toma la decisión contraria y no acepta suspender la investidura, la legitimidad del Supremo también sale gravemente dañada, en tanto y en cuanto esos 3 millones de españoles que han votado a VOX y han sido informados de forma contundente por sus líderes de que esa posibilidad estaba en manos de los magistrados ahora van a pensar que el tribunal ha tomado una decisión política, en este caso a favor de Pedro Sánchez y los partidos independentistas.

Este mecanismo es exactamente el mismo que operó cuando se produjo la deslegitimación de Felipe VI en una importante parte de la base social de la derecha y la extrema derecha al designar el rey a Pedro Sánchez como candidato a la investidura una vez que la investidura de Feijóo fracasó en el Congreso. Buena parte de la derecha política y mediática —y no solamente la derecha— trasladó a la ciudadanía la falsedad de que esa decisión estaba en manos de Felipe VI y no, como indica cualquier lectura democrática de la Constitución, en manos de la presidenta del Congreso. Así, y del mismo modo que va a ocurrir con el Tribunal Supremo, se empujó la ventana de Overton para considerar como una posibilidad cierta que Felipe VI se negase a designar a Sánchez como candidato. De esta forma, se le situó ante la misma dicotomía ante la cual se sitúa ahora al máximo tribunal: si rehusaba designar a Sánchez, se convertía de una vez y para siempre en una institución política de parte —que trabaja para las derechas— y abría una grieta peligrosísima en el sistema constitucional; pero, si designaba a Sánchez, como finalmente hizo, buena parte del cuerpo sociológico que había sido llevado a creer que podría haber hecho lo contrario era ahora impelido de forma natural a retirarle su apoyo y a reducir así su legitimidad en el conjunto de la población. Esto es lo que significó la campaña ‘Felpudo VI’ por parte de la extrema derecha que pudimos ver esos días en las redes sociales o el grito de «los Borbones, a los tiburones» que estamos escuchando más recientemente en las concentraciones a las puertas de Ferraz.

Los sistemas políticos necesitan, para su estabilidad, la existencia de un gran número de instituciones que sean aceptadas de forma mayoritaria como arbitrales, neutrales y al servicio del interés general

No es difícil extraer de todo esto un patrón general.

Los sistemas políticos necesitan, para su estabilidad, la existencia de un gran número de instituciones que sean aceptadas de forma mayoritaria como arbitrales, neutrales y al servicio del interés general. La judicatura y la monarquía son dos ejemplos claros, pero también podemos citar a los medios de comunicación, a la policía y a otros cuerpos funcionariales. En un sistema democrático perfecto, la judicatura debería impartir justicia sin tener nunca intencionalidad política y sin que la ideología o la adscripción partidista de los acusadores o los acusados influya en las sentencias. En un sistema democrático perfecto, la monarquía no debería existir; pero, si aceptamos su existencia, tendría que funcionar como una institución ornamental y completamente neutra en sus declaraciones públicas. En un sistema democrático perfecto, los periodistas no deberían mentir en función de sus intereses políticos. Al menos las piezas informativas y los telediarios, deberían cumplir la función de proporcionar información veraz a la ciudadanía y deberían estar completamente exentas de sesgos, manipulaciones o falsedades. Por último, la policía y también otros cuerpos de funcionarios del Estado, en un sistema democrático perfecto, deberían operar según protocolos —por ejemplo, protocolos de control de manifestaciones— que sean completamente ciegos a la ideología de las personas.

En realidad, esto nunca ocurre. En realidad, los poderes mediáticos y del Estado siempre están sesgados en el eje político y de clase hacia los intereses oligárquicos. Pero, para que un sistema político funcione con una mínima estabilidad, estos sesgos deben permanecer maximalmente ocultos, expresarse prácticamente nunca y volar por debajo del rádar la mayor parte del tiempo. Es obvio que, si un poder supuestamente arbitral —el que sea— empieza a comportarse de forma ostentosa como un poder de parte, perderá su legitimidad en una capa importante de la población y sus decisiones correrán el riesgo de dejar de ser aceptadas de forma mayoritaria. Por ello, los poderes mediáticos y del Estado no deben mostrar su sesgo, al menos si las oligarquías para las que trabajan pretenden la estabilidad del sistema político.

Sin embargo, sin saber si lo han hecho por una estrategia antisistema consciente o por simple incompetencia estratégica derivada de la desesperación, lo cierto es que, desde que se abrió en canal la crisis de representación política con el 15M y a esta se añadió el desafío del independentismo catalán, la ejecutoria de buena parte de estos poderes nominalmente arbitrales ha sido la de quemar a lo bonzo sus ropajes de neutralidad, erosionando gravemente así su legitimidad social y, por tanto, también, su capacidad operativa.

La maniobra de VOX es pura estulticia estratégica (desde el punto de vista de los intereses de la oligarquía), en tanto que va a acabar con la amputación de una parte importante de la legitimidad del Tribunal Supremo, pase lo que pase. Pero esta no es la primera de sus naves que quema la clase dominante y, seguramente, no será la última. Con los bulos y las difamaciones violentas y exageradas contra Podemos, ya quemaron las naves de la imparcialidad y la deontología de buena parte de los medios de comunicación. Con el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 contra los independentistas, ya quemaron las naves del carácter no político de la monarquía. Con la práctica continuada de la guerra jurídica —del lawfare—, ya quemaron las naves de la independencia y la honestidad del Poder Judicial.

Esta trayectoria continuada de autodestrucción de los pilares maestros del bloque de poder solamente puede acabar de dos maneras: en una refundación del sistema social, cultural y constitucional español en clave democrática y republicana o en un régimen fascista donde la ausencia de instituciones arbitrales se supla mediante la represión, la violencia y la abolición de la pluralidad política. Más allá del análisis —que admite poca contestación dado lo evidente de los hechos que lo acompañan—, esta trayectoria lo que exige de todos los demócratas es un compromiso militante de acción.


Madrid –

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