El juez Manuel Marchena en la entrega de los premios ‘Puñetas’ en 2019 — Eduardo Parra / Europa Press
Los nombres propios del lawfare
Para cualquier observador no corporativo, es absolutamente evidente que el lawfare existe en España y los recogidos aquí son tan solo alguno de los nombres propios de esta práctica que no solamente atenta contra la democracia, sino que además erosiona gravemente el prestigio y la legitimidad de la justicia
La mención al lawfare incluida en el acuerdo PSOE-Junts ha desatado una furibunda reacción de los estamentos judiciales. El pacto no se atreve a reconocer la guerra judicial que se practica en nuestro país, pero señala que podría suceder en el futuro. Esa vaga alusión bastó para provocar el pronunciamiento de la Comisión Permanente del CGPJ —secuestrado por el PP desde 2018— contra un supuesto “atentado a la separación de poderes” y a que las cuatro asociaciones judiciales —incluida la progresista JJpD— censuraran duramente cualquier expresión de “desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial”.
La virulencia y el corporativismo de esta reacción refleja, como apunta Arantxa Tirado en ‘El lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley’, que las críticas al Poder Judicial frecuentemente “se presentan como un ataque a uno de los pilares del Estado, acusando a quien las esgrime de no respetar la independencia de poderes”. De este modo, determinados jueces se erigen no ya en árbitro, sino en un poder absoluto que no puede ser criticado ni revocado por el voto popular. Ajenos a todo control, pueden reescribir leyes con sus interpretaciones y dejar fuera de combate a dirigentes políticos con sus resoluciones.
La historia reciente de nuestro país apunta a la existencia una oligarquía judicial que se ha arrogado el poder de intervenir de forma decisiva en la vida política. Así lo hizo, por ejemplo, el sector conservador del Tribunal Constitucional en diciembre de 2022 cuando, gracias a que dos jueces con el mandato caducado se negaban a abandonar su cargo, logró hacerse con la mayoría e impidió al Senado votar una reforma legal que promovía la renovación del propio tribunal, una decisión inédita en democracia. Y así parecen apuntarlo también algunas maniobras judiciales que han irrumpido en momentos clave en los últimos años.
García Castellón y el terrorismo
La más reciente es la decisión de Manuel García Castellón, juez de instrucción en la Audiencia Nacional, de intentar imputar a Puigdemont por terrorismo. En un auto del pasado día 7, en plenas negociaciones PSOE-Junts, el magistrado le atribuyó un papel de “liderazgo” en Tsunami Democràtic, colectivo que tras la sentencia del procés en 2019 convocó manifestaciones como la que bloqueó el aeropuerto de El Prat. García Castellón no había actuado contra Puigdemont en los cuatro años que dura la instrucción de la causa. El expresident tampoco aparece en el informe sobre los hechos elaborado por la Guardia Civil.
La maniobra no parece casual dados los tiempos, como tampoco son casuales los párrafos donde García Castellón desliza que, dado que los delitos de terrorismo han sido armonizados a nivel comunitario, “nos encontramos ante una materia que es derecho de la UE”. La frase abre la puerta a que plantee una cuestión prejudicial sobre la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que paralizaría la causa hasta que la corte comunitaria respondiera —un proceso que puede prolongarse más de un año— y evitaría la aplicación de la ley de amnistía, clave en la investidura de Sánchez.
García Castellón contra Iglesias
García Castellón fue también protagonista de la persecución a Pablo Iglesias en el caso Villarejo, donde intentó convertir la pieza que investigaba el robo del móvil a una exasesora del vicepresidente y la difusión de su contenido —hallado en casa del excomisario Villarejo— a través de publicaciones en Okdiario, en una causa contra el entonces líder de Podemos. Ante ese pretendido giro copernicano, la Sala de la Audiencia Nacional corrigió sus resoluciones y le recordó que el objeto de la instrucción era verificar si Villarejo había participado en el robo y había proporcionado la información a la web de Eduardo Inda.
El juez, sin embargo no se dio por vencido e intentó que el Supremo imputara a Iglesias, algo tan rocambolesco que incluso la sala segunda, presidida por Manuel Marchena, lo rechazó. La contumacia de García Castellón contra Iglesias contrasta con su aparente benevolencia con el PP: archivó la causa contra Esperanza Aguirre y Cifuentes por la caja B y se ha negado a que Cospedal declare por las maniobras del PP para encubrir su corrupción. La explicación a esta aparente bipolaridad quizá radique en una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana interceptada por la Guardia Civil, donde González insistía en que García Castellón era el juez ideal para asumir casos como Púnica y Lezo. Pocos meses después de la charla, y tras 17 años ocupando puestos en el extranjero, García Castellón regresó a la Audiencia Nacional y asumió esas investigaciones.
La contumacia de García Castellón contra Iglesias contrasta con su aparente benevolencia con el PP: archivó la causa contra Esperanza Aguirre y Cifuentes por la caja B y se ha negado a que Cospedal declare por las maniobras del PP para encubrir su corrupción
Juan José Escalonilla contra Podemos
También tuvo un papel destacado contra Podemos el titular del juzgado 42 de Plaza Castilla, Juan José Escalonilla, el mismo que no vio delito un el chat de policías de Madrid donde se escribían mensajes como “Hitler sí era un señor”, “matar es nuestro lema”, “los comunistas tenéis los días contados” o “es tremendo que [Carmena] no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”. Escalonilla, en cambio, sí vio indicios suficientes como para abrir una decena de líneas de investigación contra Podemos a partir de la denuncia de un exempleado, pese a que su testimonio era un mero “compendio de rumores y suspicacias”, según la Fiscalía.
El instructor imputó a Podemos el 28 de julio de 2020, no aclaró por qué supuestos delitos hasta mes y medio más tarde y estiró la instrucción como un chicle durante la campaña electoral de las elecciones madrileñas de 2021. Cuando el plazo máximo estaba a punto de concluir, una supuesta denuncia anónima entregada al juzgado bastó para reavivar la causa y acusar a Irene Montero de emplear a personal de su equipo para cuidar de sus hijos, una línea de investigación que prolongó durante más de un año para concluir, finalmente, que no había ningún indicio de tal cosa. También investigó a Juan Carlos Monedero durante dos años por, supuestamente, elaborar una factura falsa, extremo que también quedó desmentido.
La causa, que algunos medios llegaron a bautizar como ‘la Gürtel de Podemos’ por la evidente similitud entre el relato del denunciante y los casos de corrupción del PP —la denuncia hablaba de supuestos sobresueldos, irregularidades en las obras de la sede, contrataciones irregulares en campaña…— adelgazó progresivamente y está a punto de cerrarse definitivamente, casi tres años después de que, ya en enero de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid exigiera al magistrado que concretara “con celeridad” qué supuestos delitos estaba investigando para no causar indefensión a Podemos. Los hechos demuestran que Escalonilla nunca tuvo intención alguna de cumplir esa instrucción.
Vicente Ríos contra Mónica Oltra
También sufrió una intensa persecución Mónica Oltra, entonces vicepresidenta del Gobierno valenciano, que era la pieza de caza mayor para la derecha en las últimas elecciones autonómicas. Tras la condena a su exmarido por abusos a una joven de 14 años en un centro de menores, el juez Vicente Ríos —conocido por archivas denuncias de torturas contra el franquismo con el argumento de la que ley de amnistía de 1977 buscaba la “reconciliación”— ordenó investigar si Oltra puso en marcha una investigación paralela de los hechos para beneficiar a su expareja.
En el proceso contra Oltra, la acusación particular estaba representada por el líder del partido ultraderechista España 2000 y las acusaciones populares las ejercían Vox y la activista de extrema derecha Cristina Seguí. El instructor llegó a encargar un informe sobre 48.000 correos electrónicos del equipo de Oltra para detectar cualquier indicio de criminalidad. La Policía concluyó ese análisis dos semanas antes de las elecciones del 28M y concluyó que Oltra decía la verdad y que no había obstaculizado la investigación. Sin embargo, el juzgado ocultó esa prueba clave y no la comunicó hasta después de las elecciones en las que PP y Vox se hicieron con la Generalitat.
Estas intervenciones en política de los miembros del ‘Partido Judicial’ —y otras muchas, como las emprendidas durante años contra Juan Carlos Monedero, la sustracción del acta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por parte de Manuel Marchena en colaboración con Meritxell Batet, la inhabilitación sin pruebas de Isa Serra a cargo del juez Celso Rodríguez Padrón, las inéditas condenas contra la libertad de expresión de Juanma del Olmo y Pablo Echenique firmadas por el juez Herrero de Egaña y Octavio de Toledo, las irregulares actuaciones del juez Pablo Llarena en los jucios del procés o la cacería del ex ministro Soria y el juez Alba (en la cárcel por ello) contra Victoria Rosell— demuestran que, en demasiadas ocasiones, el sistema judicial no nos hace iguales ante la ley, sino que es un instrumento más del poder para apuntalar su dominio. Al enorme margen con el que actúan los instructores hay que sumar la determinante colaboración de los medios de comunicación, que reproducen cualquier auto judicial o informe policial a conveniencia a sabiendas de que, al provenir de una autoridad a la que se le presume veracidad, jamás podrán ser perseguidos por ello en un juzgado.
Para cualquier observador no corporativo, es absolutamente evidente que el lawfare existe en España y los recogidos aquí son tan solo alguno de los nombres propios de esta práctica que no solamente atenta contra la democracia, sino que además erosiona gravemente el prestigio y la legitimidad de la justicia.
Madrid –
