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Vivienda y gestión público-privada en Madrid
La vivienda en gestión público-privada ha supuesto un problema tanto para Administración como para particulares
Es el caso de Virginia, vecina del distrito madrileño de Tetuán, la cual tiene un grave problema de filtraciones en su cocina e incluso cuando llueve, llueve dentro de su casa, debido a un problema sin resolver después de tantos años.
Vive con su hijo que cuando empezó el problema tenía 8 años, actualmente tiene 14 con lo cual ha tenido que crecer con esto, ella tuvo que dejar su tratamiento contra la esclerosis por las posibles infecciones consecuencia del daño en su piso, vive en constante tensión debido a la cantidad de cuestiones administrativas que tiene que gestionar y nunca ha fallado ningún pago del alquiler ni de la comunidad, sin embargo, el arrendatario no cumple con sus responsabilidades y le da miedo iniciar un proceso legal por las represalias que pueda haber por parte de la administración.
A través de las gestiones para su reparación, se enteró de la existencia de Testa Home, una empresa que al parecer tiene algún tipo de derecho sobre su vivienda, a pesar de que ella no tenía ni idea de ello.
Desde 2018 viene reclamando sobre esta avería a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (Ivima), ente público de la Comunidad de Madrid y arrendador de su vivienda de protección, y a Testa Home. El problema empezó en 2015 y poco a poco fue empeorando con el tiempo, accedieron a hacer una reparación inicial, pero no sirvió de nada, la situación continúo empeorando hasta que en julio de 2023 el Ivima y Testa Home se presentaron a revisar los daños de los hogares, pero desde entonces no ha vuelto a saber nada de ellos.
En septiembre de 2023 a raíz de la DANA que afectó a la capital, los bomberos tuvieron que intervenir y retirar el falso techo de su cocina por riesgo de caída inminente e instalaron un mantel de manera provisional, comprobaron un filtrado abundante que viene del inmueble superior a su vivienda y la cubierta del edificio, certificaron también que otros vecinos del mismo edificio tenían humedades en menor medida y pusieron en relieve las condiciones insalubridad.
Mantel instalado por los bomberos como reemplazo del falso techo en la cocina de Virginia.
A través del mantel se puede ver el interior del edificio.
Sus últimos intentos de paliar esta situación ha sido mediante el envío de emails a Testa Home, de los cuales recibió respuestas sin sentido como que ella no dejaba entrar a los trabajadores a su casa con el fin de cumplir sus responsabilidades, cuando, en realidad, han ido en varias ocasiones, también pidió cita con los responsables en la Comunidad de Madrid de las reparaciones de vivienda social, encontrándose con que, cuando va, el técnico que la tenía que atender estaba de vacaciones, para acabar viniendo otro día y que el mismo técnico la acabe atendiendo de mala manera y sin darle más información al respecto, habló con otra persona vinculada a la administración que le aseguro que se harían cargo, pero no sabe nada desde entonces.
Solo hace falta hacer una búsqueda en internet para ver que el caso de Virginia no es una excepción, y no solo eso, la Administración también es culpable en algunos casos de la transformación de la ciudad. Hace años, el Ivima expulso a los vecinos también del distrito de Tetuán, en el barrio de Ventilla, de un terreno que usaban como huerto comunal desde hace siete años, siendo uno de los proyectos vecinales más activos, con el fin de ponerlo en subasta.
También, hace 11 años, se vendieron casi 3.000 viviendas sociales a Goldman Sachs Azora, siendo este barrio uno de los más afectados, pisos tasados sobre los 100.000 euros fueron vendidos a 63.000, sin que los inquilinos lo supieran para qué a los pocos meses después de la subasta, estos se enfrentaran a subidas del alquiler, sin embargo, se recurrió a los tribunales, y en 2018 el juzgado de primera instancia considero la adjudicación de estas viviendas “no ajustada a derecho”, ya que no se encontraba justificada por ningún informe o análisis de ningún tipo, la Comunidad se justificó en que “no eran necesarias”. Este fallo fue posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2019 y en 2020 el Tribunal Supremo.
Además de la vivienda o terrenos vendidos, otra estrategia de la Administración madrileña es la promoción de esta vivienda protegida mediante promotores privados, solo en 2023, 2.047 viviendas fueron promovidas mediante entidades privadas, mientras que solo 244 lo fueron mediante entidades públicas, tanto en planes estatales como autonómicos. Esas 2.047 viviendas promovidas mediante entidades privadas fueron objeto de algún tipo de compensación por parte de la administración hacia la promotora que se le adjudicara.
A pesar de que la adjudicación de la promoción privada puede incluir que durante un tiempo prolongado el precio de alquiler o venta del inmueble será a precio reducido y/o para personas en situación de vulnerabilidad, no se cumple el objetivo de esta gestión conjunta, que es proporcionar vivienda de calidad y a precio asequible a la población, en cambio, aparecen casos como el de Virginia, personas que no saben a quién acudir para solucionar sus problemas y al que el acceso a una vivienda de estas características les ha supuesto un problema adicional.
Madrid –
