Cristopher Rogel Blanquet / Zuma Press / ContactoPhoto
En México, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa se estrella en un muro militar
Ayotzinapa ha sido considerado un caso paradigmático no solamente por el número y la calidad de las víctimas, sino porque ha desnudado la profundidad del enquistamiento del crimen organizado en los distintos niveles de gobierno
El primer acto público como presidente de Andrés Manuel López Obrador fue la firma del decreto para crear la Comisión para Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, como se había comprometido con las familias de los 43 estudiantes de magisterio víctimas de desaparición forzada el 26 y 27 de septiembre de 2014. Cinco años después y con el sexenio a punto de terminar, la relación del presidente con las familias de los desaparecidos ha dado un giro completo sin que se haya llegado a conocer ni lo sucedido aquella noche ni el paradero de los jóvenes.
Los desencuentros llegaron a un punto trágico este pasado marzo. Por semanas, las familias habían pedido reiteradamente un diálogo con el Presidente sin que se les condicionara a renunciar a su derecho a la representación legal. Lo que recibieron fueron tratos inaceptables por parte de la Secretaría de Gobernación y descalificaciones a ellos y difamaciones contra sus defensores, personas de larguísima y comprobada trayectoria en el combate a la impunidad. A falta de respuesta positiva, el 6 de marzo, las puertas de Palacio Nacional fueron derribadas por un grupo de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. Fueron llamados provocadores y vándalos, y se emprendió una campaña de descalificación en su contra en la que se les relacionó, de manera absurda, con la oposición partidista de derecha.
Dos días después, uno de esos chicos, Yanqui Khotan Gómez Peralta, fue ejecutado extrajudicialmente por policías estatales de Guerrero, y dos de sus compañeros, retenidos ilegalmente, golpeados, amenazados y acusados falsamente de iniciar la agresión y de portar armas y drogas. Aunque el gobierno estatal tuvo que recular en sus acusaciones, se presentaron renuncias y se detuvo a dos de los policías involucrados —uno se fugó de forma sospechosa y fue reaprehendido un mes después—, este hecho no hizo más que agravar la descomposición de la relación que venía dándose al menos desde 2021 principalmente por la negativa del Ejército a abrir información comprometedora sobre el caso.
De la esperanza a la ruptura
El episodio de la desaparición forzada de los 43 estudiantes —pobrísimos todos, indígenas una buena parte— dio la vuelta al mundo hace casi una década, pues rompió el espejismo de un país casi de primer mundo que el exmandatario priista Enrique Peña Nieto mantenía en el extranjero, y contribuyó a la estrepitosa derrota del anterior sistema político.
Desde la desaparición y hasta el final de sexenio peñista, las familias debieron enfrentar el desvío de la investigación y una campaña de estigmatización en su contra. Depositaron su confianza y su representación legal en organizaciones de derechos humanos nacidas de la Teología de la Liberación y bregadas en litigios contra las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. Así, lograron elevar el caso a instancias internacionales ante la evidencia de que el Estado mexicano se resistía a investigarse a sí mismo. Como parte de las medidas cautelares dictadas por el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —y no por el secretario de la OEA, como equivocadamente se ha mencionado— se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, y el reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense entró como perito de las víctimas.
Fueron cuatro años para estas familias humildes de recibir ataques frontales, golpes bajos y una campaña de desgaste y administración de los tiempos de la investigación. Los defensores de las familias fueron también objeto de difamación y espionaje con Pegasus, y el GIEI fue prácticamente expulsado del país al negárseles la renovación de su estancia cuando expusieron, prueba en mano, la manipulación en la investigación oficial.
Este panorama oscuro pareció encontrar una salida en el compromiso hecho por el entonces candidato López Obrador. Aunque antes de su campaña no tuvo algún papel destacado en el acompañamiento al caso, en un mitin en el que fue abordado por las familias se comprometió a darles verdad y justicia y ofreció hacer una comisión de investigación con la participación de la CIDH y la ONU.
Con la llegada de AMLO a la presidencia comenzaron una serie de acciones y narrativas que apuntaban a un derrotero distinto. Se formó la Covaj, una instancia tripartita para remover los obstáculos a la investigación, y se creó Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por un exfuncionario de la ONU con trayectoria en la defensa de derechos humanos y en el propio caso, Omar Gómez. Gómez, en el sexenio peñista, se había visto obligado a salir del país luego de un enfrentamiento con el oscuro jefe de la Agencia de Investigación Criminal a cargo de las pesquisas, Tomás Zerón —hoy prófugo de la justicia y refugiado en Israel. Volvió el GIEI, formado por expertos independientes con amplísima historia en derechos humanos y persecución penal —entre ellos el médico vasco Carlos Beristain, la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz, la exfiscal de hierro colombiana Ángela Buitrago y el jurista chileno Francisco Cox—. Además, el gobierno reconoció plenamente que era una mentira la versión del caso fabricada por la anterior administración —la tristemente célebre “verdad histórica—”.
Emprender una nueva investigación no fue fácil, pues se mantenían dentro del aparato de la ahora Fiscalía General de la República o en puestos de responsabilidad política funcionarios señalados como participantes en la fabricación de la “verdad histórica”—Gustavo Salas, Omar García Harfuch, Sara Irene Herrerías, Gilberto Higuera, entre otros—. Y en los niveles estatal y municipal, la alianza entre el crimen y la clase política siguió tendiendo obstáculos al esclarecimiento.
A pesar de ello, pronto comenzaron a realizarse multitud de acciones de búsqueda en campo, de identificación de restos humanos —dos correspondieron a igual número de muchachos del grupo de los 43 pero en un lugar distinto al que la “verdad histórica” señalaba como destino único y final del grupo—, de procesamiento de participantes en la tortura a presuntos responsables, y de investigación de nuevas líneas. Se lograron detenciones relevantes de funcionarios, militares y criminales, se obtuvieron declaraciones importantes, y se emitieron órdenes de aprehensión largamente reclamadas.
Las familias y sus representantes eran recibidos en Palacio Nacional, se reunían con la Covaj, confiaban en la Unidad de Investigación. Las madres y los padres advirtieron que no daban un cheque en blanco, pero reconocían sinceramente el cambio de trato y las acciones que representaban un avance en el esclarecimiento. Sentenciaron que querían la verdad aunque fuera dolorosa, siempre y cuando estuviera sustentada científicamente y en una investigación rigurosa.
En un punto, sin embargo, el rumbo se torció. La Covaj, sin participación del GIEI ni de la Unidad Especializada y al parecer obedeciendo más a tiempos políticos, presentó un informe que retomaba narrativas de la verdad histórica y presentaba como evidencia capturas de pantalla de conversaciones sin que se verificara su dudosa procedencia y sospechoso contenido.
En septiembre de 2022, el fiscal Gómez fue orillado a renunciar y fue sustituido por un abogado cercano al presidente pero inexperto en material penal y derechos humanos. En una entrevista concedida en 2023, el ya exfiscal le confesaría al periodista John Gibler —en una entrevista que le valió difamaciones y amenazas de iniciar un proceso en su contra— que los problemas con él reventaron cuando su unidad obtuvo información que describía venta de armas y entrenamiento del Ejército al crimen organizado y cuando decidió requerir órdenes de aprehensión contra 20 militares. Al exfiscal se le acusó públicamente de no querer emitir una orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam —que él señala que estaba siendo preparada pero aún necesitaba mayores elementos— y de ser parte de una conjura de la OEA para desestabilizar al gobierno. Muchas órdenes de aprehensión ya concedidas durante su periodo fueron canceladas.
Al GIEI no le fue mejor al tocar a las Fuerzas Armadas. Los expertos independientes encontraron que, entre los documentos y archivos militares, faltaban 800 fojas con información clave sobre el destino de un grupo de los estudiantes que habría sido entregado a los soldados y que estos, a su vez, entregaron a un grupo criminal para que los asesinara, así como la transcripción de una llamada telefónica que indicaría vínculos del Ejército con los cárteles de la zona. Los expertos consignaron que encontraron información relevante que la Secretaría de la Defensa no había reportado a las autoridades judiciales, documentos a punto de ser destruidos, videos que comprobaban la participación de la Marina en la siembra de evidencia. Documentos que los expertos independientes o incluso el titular de la Covaj vieron físicamente le fueron negados por la Sedena a la Unidad de Investigación diciendo que no existían.
Esta forma de operar de la Secretaría de la Defensa no es excepcional. Son muchos los casos en los que las Fuerzas Armadas han destruido o alterado evidencia para ocultar su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos. En este mismo sexenio, la Comisión de la Verdad formada por el Gobierno federal para esclarecer las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la contrainsurgencia ha denunciado que las Fuerzas Armadas le ocultaron información recurriendo a la alteración y robo de archivos y documentos, negativa de acceso y diversas formas de restricción al trabajo de los investigadores y familiares de las víctimas.
En julio de 2023, el GIEI decidió retirarse del país señalando la falta de condiciones para seguir investigando, así como el ocultamiento y manipulación de información, particularmente en lo relativo a las Fuerzas Armadas. El gobierno respondió que los señalamientos del GIEI eran parte de una acción de la OEA, de la ONU y de los conservadores para afectarlo.
Ante los crecientes reclamos de las familias por este comportamiento obstructivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente decidió respaldar el actuar del Ejército diciendo que habían cumplido con su instrucción de entregar toda la información, a pesar de que el propio ex subsecretario de Gobernación y encargado de la Covaj confirmó tanto la existencia de las 800 fojas —foliadas y referenciadas por otros documentos— como que éstas no habían sido entregadas. Desde el gobierno se comenzó a enfocar la atención en que los jueces estaban liberando a acusados porque son corruptos, obviando que en muchos casos fueron liberados porque sus testimonios fueron obtenidos bajo tortura en la administración anterior, o porque la actual fiscalía federal no está presentando los elementos de prueba requeridos.
En vez de poner la lupa sobre el trabajo deficiente de la Fiscalía General de República y de las razones de la Sedena para el encubrimiento, se comenzó una campaña inédita para manchar a los defensores de las familias con señalamientos absurdos basados en conjeturas con nula seriedad, pero repetidas hasta que se hicieron discurso común en las redes sociales. No solamente eso: el nuevo encargado de la Secretaría de Gobernación para la Covaj llegó al extremo de intentar provocar una pelea entre el grupo mayoritario de familias que quieren la resolución del caso con otros cuatro padres expulsados del grupo por señalamientos graves. Además, se ha condicionado la reanudación de diálogos de alto nivel a que los padres y madres renuncien a ejercer su derecho a elegir y estar acompañados por sus abogados alegando que el Presidente no confía en ellos.
Para las familias, este viraje ha sido un golpe brutal, pues ven que se les arrebata la posibilidad de conocer el destino final de sus hijos luego de haber pensado que tenían la mejor de las condiciones para ello. Las palabras del presidente —que ha señalado además ofensivamente que las familias son manipuladas por sus defensores— han provocado incredulidad, decepción, indignación, lágrimas y rabia, y el temor de que se esté apresurando un cierre del caso.
Ayotzinapa ha sido considerado un caso paradigmático no solamente por el número y la calidad de las víctimas, sino porque ha desnudado la profundidad del enquistamiento del crimen organizado en los distintos niveles de gobierno y el uso desviado del sistema de persecución penal y de justicia. Ahora se constituye también en un aviso del altísimo costo que conllevará rendirle tanto poder a las Fuerzas Armadas.
Madrid –
