Diario Red
Menu
Menu
Diario Red

Fernando Sánchez / Europa Press

La debilidad parlamentaria e ideológica del gobierno de Sánchez

O se consigue sacar al PSOE de la actual dinámica de sometimiento a las derechas españolas y catalanas o la legislatura se irá deteriorando hasta implosionar, dejando a nuestros pies un horizonte muy oscuro


Aproximadamente a las 18:00 de la tarde de ayer martes, el Congreso de los Diputados tumbaba la votación del texto definitivo de la Ley Amnistía por 179 votos en contra frente a 171 votos a favor. Los 7 escaños de Junts, que votaron junto a los 172 que suman PP, VOX, UPN y CC, fueron determinantes para que se produjera este resultado que no acaba definitivamente con la ley, sino que la devuelve a la Comisión de Justicia, la cual dispondrá de un plazo de un mes para volver a remitir un texto al pleno de la cámara según el artículo 131 del Reglamento. En ese momento, se producirá una nueva votación en el pleno que, de no obtener al menos 176 votos a favor —por tratarse de una ley orgánica—, sí pondría fin al trámite de la norma en un sentido negativo.

Los motivos por los cuales Junts ha decidido finalmente votar en contra de la Ley Amnistía son varios y actúan en combinación.

En primer lugar y la causa fundamental de todos ellos, la decisión por parte de una serie de jueces activistas de lanzar una ofensiva jurídica espuria contra la posibilidad de que Carles Puigdemont y Marta Rovira puedan ser finalmente amnistiados. Abrió la veda el juez Manuel García-Castellón anunciando públicamente su intención de imputar a estas personas por delitos de terrorismo a pesar de que nada similar se haya producido. Para ello, García-Castellón ha tenido que revivir la causa de Tsunami Democràtic —cuatro años después de los hechos— y señalar que un turista francés falleció de un infarto en las proximidades de la ocupación por parte de manifestantes independentistas de la terminal del aeropuerto de El Prat. Asimismo, el juez también ha recordado que dos policías sufrieron lesiones graves; lo cual, aunque es un hecho habitual en todo tipo de manifestaciones, sería en este caso un acto terrorista. Es tan evidente que lo que pretende García-Castellón con estos movimientos es interferir de forma ilegítima en el proceso político y legislativo que rodea a la amnistía que hasta destacadas dirigentes del PSOE —como la vicepresidenta tercera Teresa Ribera— y la práctica totalidad de los medios de la progresía mediática han pasado en pocos meses de cerrar filas con el sector reaccionario de la judicatura cuando éste hacía lawfare contra Podemos y contra el independentismo a señalar abiertamente esta práctica proto-golpista. Han sido estas maniobras de García-Castellón las que han obligado a los negociadores del PSOE y de Junts a sentarse a estudiar posibles modificaciones al texto ya pactado para que el juez no pudiese salirse con la suya. Finalmente y al rechazar el PSOE una enmienda de Junts en este sentido, los de Puigdemont han decidido votar en contra del conjunto de la ley para devolverla así a la Comisión de Justicia. Seguramente también ha contribuido a esta decisión el reciente movimiento de otro juez, Joaquín Aguirre, que, por su parte, ha revivido la causa del así llamado ‘caso Voloh’, que versa sobre unos hechos ciertamente psicodélicos que habrían tenido lugar en 2017 y según los cuales Vladimir Putin no solamente habría prometido a Puigdemont 10.000 soldados para proteger la independencia de Catalunya sino que, también, y como quien no quiere la cosa, le habría confesado su intención de invadir Ucrania en el futuro. La intención del juez Aguirre, en este caso, no sería tanto la de entretener al personal con rocambolescos guiones de película sino la de imputar a Carles Puigdemont de un delito de traición para evitar —por otra vía diferente a la elegida por su colega García-Castellón— la posible amnistía del líder independentista catalán.

Con estos movimientos, ambos jueces no solamente intentan evitar el perdón a los independentistas sino, sobre todo, poner fin de forma prematura a la legislatura tumbando la mayoría que sustenta la acción política del Gobierno de Sánchez

Con estos movimientos, ambos jueces no solamente intentan evitar el perdón a los independentistas sino, sobre todo, poner fin de forma prematura a la legislatura tumbando la mayoría que sustenta la acción política del Gobierno de Sánchez. Es decir, no trabajan tanto para España como para el PP y VOX. Por su parte, el PSOE, a pesar de la evidente concertación entre los operadores parlamentarios, jurídicos y mediáticos para acabar con ellos, en vez de contestar con contundencia y decisión, activando todas las palancas políticas a su alcance, no deja de tender la mano a Feijóo e incluso proponerle «acuerdos de Estado» que no solo lo blanquean sino que además debilitan la posición del Gobierno. Así, mientras el PP, sus jueces y sus medios bombardean sin piedad a Sánchez y a los suyos, éste, en vez de utilizar la mayoría parlamentaria que lo hizo presidente para cambiar las mayorías de renovación del Consejo General del Poder Judicial y acabar así con el bloqueo sedicioso por parte del PP, ha decidido aceptar la humillante propuesta de mediación europea y posiblemente acepte también un acuerdo con Feijóo para colocar en el nuevo CGPJ una buena cantidad de vocales reaccionarios que continuarán con el lawfare durante al menos cinco años más. Esta ridícula estrategia de dar aire a una derecha asalvajada que trabaja día y noche para destruirte es también uno de los factores que nos ha llevado hasta la situación actual.

A todo esto, hay que sumar la evidente debilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez, que ya ha visto, en apenas unos meses de gobierno, cómo, de sus primeros tres Reales Decretos-ley, dos salían adelante con apenas un diputado de margen y otro era tumbado. Ayer, esta debilidad volvía a quedar patente con la tercera devolución de una ley orgánica a la comisión correspondiente desde la recuperación de la democracia en España. Como es aritméticamente obvio y además ha quedado demostrado empíricamente, el PSOE depende de manera absoluta de los 7 escaños de Junts y éstos ya han dejado claro que van a utilizarlos. Por ello, en este mes que ahora tiene la Comisión de Justicia para devolver una nueva versión de la Ley de Amnistía al pleno no solamente vamos a ver cómo sigue ocupando el debate mediático un tema monográfico que hace mucho daño al PSOE —ahí están las declaraciones recientes de García Page pero también de personas como Eduardo Madina—, sino que, además, y casi con toda seguridad, volveremos a ver a Pedro Sánchez ceder ante Junts, porque es la única manera que tiene de continuar al frente del Gobierno.

Esta doble debilidad de Sánchez —ideológica ante el PP y el conjunto del bloque reaccionario, y parlamentaria ante Junts— tiene como consecuencia directa que solamente los de Feijóo y los de Puigdemont están en condiciones de arrancar al PSOE cesiones en la dirección de sus intereses. De forma indirecta, esto conduce a un establecimiento de la agenda mediática y a un avance de posiciones por parte de la derecha españolista y la derecha independentista que, más pronto que tarde, se traducirá en una mayoría reaccionaria en las urnas y en el parlamento. La única forma de evitar este desenlace y de conseguir, en el camino, que el Gobierno acceda a llevar a cabo avances sociales que mejoren la vida y los derechos de la gente trabajadora, y avances democráticos que permitan reducir la capacidad de acción política de los elementos autoritarios que controlan los aparatos del Estado, es que las fuerzas de izquierdas hagan valer su legitimidad política y su fuerza parlamentaria. Podemos ya ha demostrado que es capaz de forzarle la mano al Gobierno cuando éste intenta imponer recortes neoliberales sobre las personas más vulnerables. Es importante que ERC, Bildu y el BNG sean capaces de sobreponerse a la lógica electoral en sus territorios y hagan valer también sus escaños para frenar la actual deriva hacia ninguna parte. O se consigue sacar al PSOE de la actual dinámica de sometimiento a las derechas españolas y catalanas o la legislatura se irá deteriorando hasta implosionar, dejando a nuestros pies un horizonte muy oscuro.


Madrid –

Nada de esto sería posible sin tu ayuda

Y únete a nuestros canales de Telegram y Whatsapp para recibir las últimas noticias

Compartir

Editorial

  • «Estamos en unos costes de defensa que son bajos»

    Es mentira que España presente un gasto militar bajo con respecto a otros países. Es una afirmación falaz basada en que la mayor parte del gasto militar en España es opaco. Pero este no es el único problema que tienen las palabras de Mónica García