Editorial

Palestina en el Congreso, comienza la votación

Esta semana ya no habrá lugar para frases ambiguas, gestos de cara a la galería o manifestaciones de Hacendado. Esta semana todos los partidos estarán obligados a retratarse con su voto y todo el mundo podrá ver quién apoya el genocidio, quién está en contra y quién se pone de perfil

Desde que Israel decidiera responder al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre con el peor genocidio en lo que llevamos de siglo XXI, casi 30.000 civiles palestinos han sido asesinados; un promedio de casi 280 cada día, la gran mayoría mujeres y niños. Por establecer una comparación significativa, en los dos años que llevamos de invasión rusa de Ucrania, aproximadamente 10.000 civiles ucranianos han sido asesinados por el ejército de Putin; un promedio de 14 cada día. Teniendo en cuenta que Ucrania tiene 20 veces más población que la Franja de Gaza, las cifras arrojan que Netanyahu está asesinando personas indefensas a un ritmo 400 veces superior al de Putin en términos relativos. Esta brutal carnicería sin duda constitutiva de crímenes de lesa humanidad, ha ido acompañada a lo largo de estos tres meses y medio de cortes de luz, de gas, de agua, de Internet y del suministro de alimentos, así como bombardeos sobre hospitales, guarderías o convoyes de organizaciones humanitarias.

Todo esto ha llevado a que Sudáfrica presente una demanda contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y a que este organismo de la ONU haya emitido un dictamen de que hay indicios más que suficientes, acompañado de una orden con medidas cautelares de aplicación inmediata para detener la matanza, que por supuesto Israel ha decidido desobedecer unilateralmente en desacato. En el ámbito internacional, han sido muy pocos los países que, junto con Sudáfrica, han tomado algún tipo de medida concreta: Brasil, Colombia, y alguno más. La mayoría o bien han dado su apoyo incondicional al Estado genocida, o bien han criticado su operativa con la boca pequeña y sin llevar a cabo ningún tipo de acción. Este es el caso de España y del conjunto de la Unión Europea, que han hecho todo lo contrario con Netanyahu y con Israel que lo que han decidido hacer con Putin y con Rusia, perdiendo así toda su credibilidad internacional como defensores de la legalidad y de los derechos humanos.

En nuestro país, además, se da la circunstancia de que el apoyo a la causa palestina es mayoritario entre la población. Por eso, el Gobierno de PSOE-Sumar ha venido desplegando a lo largo de los últimos meses una táctica errática, nerviosa y —sobre todo— muy hipócrita de gestos de cara a la galería pero ninguna decisión ejecutiva para parar la matanza. Primero Pedro Sánchez hizo una suave crítica al número de civiles fallecidos en su reunión con el primer ministro de Israel; un acto verbal que, a pesar de no tener ningún tipo de consecuencia, fue aplaudido la progresía mediática española y dibujado como un ejercicio de valentía histórico. Después, el gobierno hizo pasar una pequeña donación rutinaria a la Corte Penal Internacional como si se tratase de un importante gesto hacia Palestina. Posteriormente, un estudio del Centre Delàs reveló que el Gobierno había mentido cuando afirmó haber paralizado la venta de armas a Israel a partir del 7 de octubre. No solamente no se paralizó la venta sino tampoco la compra de material militar, financiando así con decenas de millones de euros la operación asesina en la Franja de Gaza. Más recientemente, tuvimos que asistir al bochorno de que los partidos del Gobierno, junto con los dos sindicatos mayoritarios, organizasen una manifestación al margen de las organizaciones palestinas, evitando la palabra ‘genocidio’ y sin exigir absolutamente nada a Netanyahu, para que así pudieran acudir a la misma ministros del PSOE para lavar su imagen.

Es verdad que se trata apenas de una PNL, pero, si el PSOE y Sumar votasen a favor de la misma, tendrían muy difícil explicar por qué no se reúne el Consejo de Ministros al día siguiente para tomar de forma inmediata las acciones correspondientes

Pues bien, esta semana por fin se acaba el juego de máscaras. En el pleno del martes del Congreso se debate una iniciativa de Podemos con unas demandas muy concretas: suspender las relaciones diplomáticas con Israel, paralizar el comercio de armas con este país, imponer sanciones económicas ejemplares contra el gobierno de Netanyahu o que España se sume a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. El día jueves, cada uno de los 350 diputados y diputadas de la cámara tendrán que votar a favor, en contra o abstención respecto de esta propuesta. Es verdad que se trata apenas de una PNL —todas las medidas descritas son competencia del ejecutivo y el Congreso solamente puede instar a que se lleven a cabo de una forma no vinculante—, pero, si el PSOE y Sumar votasen a favor de la misma, tendrían muy difícil explicar por qué no se reúne el Consejo de Ministros al día siguiente para tomar de forma inmediata las acciones correspondientes.

Esta semana ya no habrá lugar para frases ambiguas, silencios calculados, críticas con la boca pequeña, gestos de cara a la galería o manifestaciones de Hacendado. Esta semana todos los partidos estarán obligados a retratarse con su voto y todo el mundo podrá ver quién apoya el genocidio, quién está en contra y quién se pone de perfil.

Aquí se puede leer el texto completo de la PNL: