Pedro Sánchez le ha roto las costuras a Sumar

La formación de Yolanda Díaz vive con miedo porque esta conversación la señala a ella y a sus socios como agentes directos del lawfare contra sus antiguos compañeros

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En política hay chispazos que se convierten en fogonazos porque cambian la conversación pública. El 15M fue un éxito porque puso a España a hablar de las puertas giratorias, del capitalismo financiero, de gente que era tirada a la puta calle por no poder pagar su hipoteca, de la corrupción, del dinero público que se había dedicado a salvar a los bancos, del abuso de poder, de la casta enmarañada en las telarañas del Estado, de la performance del bipartidismo y de tantas otras cosas más. Hubo cosas de las que no se habló, no al menos los suficiente.

Del poder mediático, del entramado de medios de comunicación que, financiados por bancos, industria militar, energéticas y dinero público, sirven para defender los intereses de sus pagadores y no el derecho a la información de la ciudadanía que contempla el artículo 20 de la Constitución como un derecho fundamental.

Tampoco se habló del poder judicial, una casta nobiliaria con un casi insuperable sesgo de clase que termina convirtiendo un poder fundamental del Estado de derecho en un reservorio de las élites, con intereses reaccionarios que se convierten en el brazo armado de la derecha para derribar a opositores.

De hecho, si las demandas del 15M no han podido aterrizar con la radicalidad necesaria y deseada es porque estos dos poderes, el mediático y el judicial, han ido con todo, por lo legal y por lo ilegal, contra los actores políticos que el régimen ha sabido que iban más lejos de lo permitido. El lawfare o guerra jurídica y mediática no son unos jueces prevaricando para triturar el honor de políticos indomables, que también, sino la suma de los sectores reaccionarios del poder judicial con el poder mediático para matar civilmente a quienes osen disputarle el poder a los que mandan.

De hecho, en la mayoría de los casos de lawfare que hemos vivido en España en los últimos diez años, la prueba que ha servido para que un juez decida abrir diligencias son recortes de periódicos y declaraciones en medios de comunicación de supuestos afectados. La falsa causa judicial contra Podemos por supuesta financiación de Venezuela no hubiera hecho daño a la democracia española sin el papel estelar de Antonio García Ferreras, director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo, o sin el Informe PISA que emitió en primicia la Cadena Ser a través de la periodista Ana Terradillos.

Sí, la misma Cadena Ser que estos días están tan preocupada por la democracia después de que Pedro Sánchez haya pedido una reflexión pública en lugar de usar el BOE para legislar y poner en orden al régimen del que el PSOE es parte indisociable, por mucho que María Jesús Montero se crea Evita hablándole a los descamisados en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. El lawfare lleva diez años operando en España y no ha empezado con Pedro Sánchez. Igual se olvida que fue una presidenta del Congreso con carné del PSOE, Meritxell Batet, quien le quitó el escaño al diputado Alberto Rodríguez después de haber sufrido un caso de libro de lawfare. 

Ha ocurrido lo mismo con el lawfare que ha sufrido Mónica Oltra. Es La Sexta, El País y la Cadena Ser quienes convierten las denuncias falsas contra la exvicepresidenta valenciana en un escándalo y empujan al PSOE a pedirle la dimisión, con el empujón definitivo de sus compañeros de Compromís que se la quieren quitar del medio porque pensaban más en elecciones que en defender el honor de una mujer decente que estaba siendo masacrada por tierra, mar y aire con un tema de alto voltaje moral.

Situación similar se dio con el lawfare contra Irene Montero por la ley del sólo sí es sí. Ferreras llegó a poner un contador de los supuestos violadores que eran puestos en la calle por los jueces prevaricadores, pero responsabilizando en todo momento a Irene Montero. El veto de Yolanda Díaz a la ex ministra de Igualdad se justificaba precisamente en que había sido víctima del lawfare contra la ley de libertad sexual. Díaz llegó a pedirle la dimisión a Irene Montero durante los días del lawfare contra la ley del sí es sí.

A pesar de que Antonio García Ferreras es uno de los actores principales de la guerra jurídica y mediática contra líderes progresistas, en su mesa tiene sentados a miembros de Más Madrid y Sumar y cada día, a eso de las 13 horas, entran en directo ministros o diputados de la formación de Yolanda Díaz mientras que Podemos está vetado por haber señalado el proceder de La Sexta.

La carta de Pedro Sánchez se ha convertido en ese chispazo que cambia la conversación y de golpe ha silenciado a Sumar, que vive con un miedo atroz a que el PSOE convoque elecciones o que Sánchez dimita. La formación de Yolanda Díaz lo vive con miedo porque esta conversación la señala a ella y a sus socios como agentes directos del lawfare contra sus antiguos compañeros, como beneficiarios directos, como mascotas del poder para edulcorar las operaciones mafiosas del régimen contra dirigentes de izquierdas.

Lo más radical que ha defendido Sumar contra el lawfare estos días es crear una comisión de expertos para combatir los bulos porque defender una ley de medios que tipifique como delitos la mentira, la desinformación o la publicación de noticias creadas a través de redes criminales sería señalar directamente a Antonio García Ferreras, a la Sexta y al presidente de Atresmedia, José Creuheras, ese señor con el que Yolanda Díaz entregó el Premio Planeta a Sonsoles Ónega, uno de los grandes baluartes de la Operación Sumar.

Al igual que en el 15M la vieja izquierda de las tarjetas black, de las puertas giratorias o que tributaba en Luxemburgo se quedó sin voz, el lawfare silencia a Sumar porque permite ver con claridad que es un producto directamente horneado por la guerra del régimen contra la izquierda que no aspira a ser mascota del poder. Lo que estamos viviendo estos días es un espejo que retrata a los poderes mediático y judicial, que fueron justamente los dos sectores que se quedaron fuera en la década pasada.

Mientras los medios de la derecha son cada vez más ultras, los medios progresistas, inclusos los nacidos al albur del 15M como Eldiario.es, están hoy en la esfera tranquilizante del neoliberalismo progresista que representan el PSOE y Sumar. La crisis de régimen, lejos de haberse cerrado, es cada vez más profunda porque le ha roto las costuras a un sector del 15M que priorizó la táctica y el cortoplacismo antes que defender a sus compañeros de la mafia jurídica y mediática.

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