Editorial

¿Puede haber un gobierno sin el PNV en Euskadi?

La receta para conseguirlo ya la conocemos: resistir la violencia política y mediática y obligar al PSOE a aceptar la correlación de fuerzas parlamentaria emanada de las urnas. De momento, solamente los morados lo están diciendo

Si atendemos al pronóstico que hacen casi todas las encuestas para la futura composición del próximo Parlamento Vasco después de las elecciones del 21 de abril, la respuesta a esta pregunta debería ser «claro que sí»; incluso, la respuesta debería ser «lo extraño sería lo contrario». Hasta el día de hoy, no ha aparecido ni un solo sondeo que no vaticine una mayoría de izquierdas en Euskadi. Hasta el día de hoy, todos y cada uno de los estudios demoscópicos dicen que los escaños que va a obtener EH Bildu, más los del PSE, más los que puedan conseguir Podemos y/o Sumar serán holgadamente más que los 38 que hacen falta para una mayoría absoluta.

Entonces, ¿por qué el PSE afirma contundentemente que su única opción es gobernar con el PNV mientras su candidato, Eneko Andueza, humilla a la representante de EH Bildu exhortándola en el debate de RTVE a que condene el terrorismo de una banda que ya no existe desde hace una década (como hacen, por cierto, los representantes de la ultraderecha)? ¿Por qué Arnaldo Otegi ha apostado por «un gobierno entre abertzales» en vez de por un gobierno en el que no esté presente la derecha vasca? ¿Por qué la candidata de Sumar descartó explícitamente en una entrevista gobernar con el PNV pero no quiso descartar la posibilidad de investir a un lehendakari del PNV? Si la mayoría de izquierdas en el Parlamento Vasco está prácticamente garantizada, ¿cómo puede ser que la única candidatura que defienda un gobierno sin el PNV sea Elkarrekin Podemos?

En realidad y aunque la situación parezca muy extraña así planteada, cualquiera que haya seguido la política española durante la última década tiene en su mano todos los elementos que hacen falta para contestar a estas preguntas. En el ámbito del gobierno estatal, todas y cada una de las cuatro elecciones generales que tuvieron lugar en 2015, 2016 y 2019 arrojaron una mayoría progresista y de izquierdas más que suficiente para investir a Pedro Sánchez y formar un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Sin embargo y después de un lustro de inestabilidad, no fue hasta el cuarto intento, después de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, que ese esquema de gobernabilidad pudo ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

Esto es así porque, en un sistema parlamentario, es muy inocente pensar que son los ciudadanos y las ciudadanas los que eligen qué tipo de gobierno tiene que haber votando en las urnas. Al existir la posibilidad de que puedan producirse diferentes mayorías en las cámaras de representación, los poderes antidemocráticos en la judicatura y en los medios de comunicación (incluso en sectores corruptos de las fuerzas de seguridad) saben que pueden influir en la decisión y lo hacen con toda la fuerza y con toda la impunidad. De esta forma (y con la inestimable colaboración del PSOE), fueron capaces durante muchos años de mantener una cláusula de exclusión que impedía a Podemos formar parte del Consejo de Ministros y que mantenía que la única posibilidad era armar un gobierno de derechas PSOE-Ciudadanos o dejar gobernar al PP de Rajoy. El mecanismo principal para conseguir esta subversión cuasi-golpista del resultado democrático fue, por supuesto, el establecimiento del correspondiente relato político mediante la violencia mediática, la difamación y el lawfare (no solamente sobre Podemos, sino también sobre el independentismo vasco y catalán).

Si la mayoría de izquierdas en el Parlamento Vasco está prácticamente garantizada, ¿cómo puede ser que la única candidatura que defienda un gobierno sin el PNV sea Elkarrekin Podemos?

A su vez y como fuerte complemento subsidiario a la violencia principal, se trasladaba también al conjunto del tablero político una propuesta corrupta. Se le informaba a todos los partidos progresistas y de izquierdas de que tenían básicamente dos opciones: o se avenían a aceptar la monarquía, la subordinación a los Estados Unidos a través de la OTAN, el no tocar demasiado los intereses de la oligarquía, el silencio respecto de la corrupción de los poderes judicial y mediático, y la obediencia a un PSOE que nunca ha dejado de estar entregado a todos estos principios o, en caso contrario, toda la violencia que estaba siendo ejercida contra Podemos y contra el independentismo sería ejercida también contra ellos. «Si aceptas que nunca vas a transformar nada y que no puedes criticar las bases corruptas y antidemocráticas del régimen del 78, entonces mis jueces y mis cañones mediáticos te van a dejar en paz. Si no lo aceptas, te vamos a hacer la vida imposible y te vamos a reventar como estamos haciendo con estos.» En el espacio antes llamado Unidas Podemos, hubo quien tomó buena nota de esta propuesta y actuó en consecuencia.

Volviendo a Euskadi, cabe recordar que el PNV siempre ha sido —junto con el partido de Jordi Pujol, hasta que se volvieron independentistas— uno de los pilares fundamentales de lo que el historiador Manuel Tuñón de Lara llamó «el bloque de poder español». Es decir, que nunca Convergència i Unió tuvo en su horizonte la construcción nacional catalana sino tan solo la representación de los intereses de sus élites en el reparto del pastel que se negocia en Madrid con el bloque de poder español; y lo mismo puede decirse del PNV respecto de Euskadi. Esto es lo que explica que los dos partidos de la derecha catalana y vasca hayan dado alternativamente su apoyo al PP y al PSOE durante la mayoría del periodo —así llamado— democrático. Por mucho que hayan acompañado su actividad política de encendidos discursos en clave nacionalista, CiU y el PNV siempre han llevado a cabo una operativa material de apoyo indubitado al régimen del 78 y a sus dos partidos estructurales en el ámbito estatal.

Por eso, una parte del paquete de la violencia política y mediática que se ha ejercido —y que se sigue ejerciendo— se refiere también a los posibles pactos que los partidos de izquierdas y progresistas pueden llevar a cabo en Catalunya y en Euskadi. En la época anterior a Junts, la consigna era muy clara: si apoyas a CiU, todo estará bien; pero, si apoyas a ERC, acabaremos contigo. Mutatis mutandis, la consigna de exclusión de régimen en Euskadi amenaza con la violencia a cualquier fuerza que facilite una gobernabilidad que incluya a EH Bildu en vez de dar el gobierno vasco a los fiables socios del bloque de poder español liderados por Andoni Ortúzar. Por eso Eneko Andueza actúa como un candidato de VOX en el debate electoral, por eso a la candidata de Sumar le tiemblan las piernas en la entrevista y por eso y hasta los de Otegi prefieren no jugar la bola más dura ahora que están en un momento de expansión.

Pero, por supuesto que puede haber un gobierno sin el PNV dentro de 10 días en Euskadi. Como dijo ayer Pablo Iglesias en Bilbo, si pudo haber indultos, si pudo haber amnistía a los represaliados catalanes, si pudo haber acercamiento de presos a Euskadi, si pudo haber antes un gobierno del Estado con ministros y ministras de Podemos, evidentemente puede haber un gobierno sin el PNV después del 21 de abril. Y la receta para conseguirlo ya la conocemos: resistir la violencia política y mediática y obligar al PSOE a aceptar la correlación de fuerzas parlamentaria emanada de las urnas. Si Pedro Sánchez entiende que la continuidad de su mandato en la Moncloa depende de que haya un gobierno de izquierdas en Ajuria Enea como quieren los vascos y las vascas, entonces lo habrá y una nueva cláusula de exclusión del régimen habrá caído. De momento, solamente los morados lo están diciendo.