Editorial

El subsidio de desempleo y la renta garantizada

Aunque el Ministerio de Trabajo esté proponiendo un subsidio cuantitativamente mejor que el que propone el Ministerio de Economía, la lógica detrás de ambos es idéntica y hunde sus raíces en la ideología capitalista dominante

Durante los últimos días han sido numerosos los reportajes y piezas periodísticas que han trasladado a la opinión pública una discrepancia aparentemente fuerte entre el Ministerio de Economía, en manos de Nadia Calviño, y el Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, respecto del nuevo diseño del subsidio para desempleados. Es difícil saber en qué consiste exactamente la discrepancia sobre esta reforma que se había comprometido con Bruselas para finales de 2022 —y que, por tanto, ya va con mucho retraso—, dado que ambos ministerios a lo que se han dedicado, en lugar de a plantear un debate público claro, es a hacer filtraciones a sus periodistas de confianza al tiempo que emitían declaraciones de principios pero sin detalles cuantitativos. Si atendemos a alguna de las piezas periodísticas más detalladas y tomamos por buena la información allí presentada en ausencia de documentos oficiales, podríamos resumir la discrepancia de la siguiente manera: ahora mismo, existe un subsidio al que tienen derecho las personas cuando se les agota la prestación contributiva de desempleo (el «paro»), que tiene una cuantía de 480€ al mes y una duración máxima de 30 meses en función de cuántos meses se ha estado cobrando el paro. Supuestamente, Calviño pretendería recortar la duración máxima a 12 meses, aumentando la cuantía a 600€ en el primer trimestre y reduciéndola progresivamente a 480€, 390€ y 300€ en los trimestres segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Mientras tanto, Díaz estaría planteando —según las filtraciones— mantener la duración máxima en los actuales 30 meses, aumentar la cuantía a 660€ en el primer semestre, a 540€ en el segundo y dejarla en 480€ a partir de ahí hasta su finalización.

A pesar de los numerosos titulares periodísticos y de los totales en los telediarios llenos de aquello que la vicepresidenta segunda ha llamado muchas veces «ruido» cuando lo hacía Podemos —es decir, el sacar al debate público un tema para presionar políticamente al PSOE—, lo cierto es que los dos modelos que se proponen para el nuevo subsidio por desempleo representan el mismo modelo ideológico aunque los detalles cuantitativos sean diferentes.

Uno de los pilares fundamentales del sistema capitalista es la idea de que todo el mundo tiene que trabajar. Ésta se ha impuesto de forma tan poderosa por parte de las clases dominantes que ni siquiera admite cuestionamiento; su verdad se toma como axiomática; no es una afirmación discutible sino una ley de la física. En realidad, y como demuestra la existencia de una clase rentista que obtiene sus ingresos no a cambio de su trabajo sino como rendimientos del capital, la ideología dominante no nos está diciendo exactamente que «todo el mundo tiene que trabajar» sino más bien que los de abajo tienen que trabajar para que los de arriba puedan seguir quedándose con la plusvalía y acumulando capital. Los de abajo tienen que trabajar y esto informa la mayoría de las políticas públicas en las sociedades capitalistas. Así, una importante parte de los derechos económicos y asistenciales solamente se obtienen como «premio» proporcional al tiempo que uno ha desempeñado un trabajo asalariado. Hay multitud de ejemplos de esto: la cantidad mínima de años trabajados para tener derecho al 100% de la cuantía de la pensión contributiva, el propio concepto de «prestaciones contributivas» cuya existencia y tamaño depende de lo que el trabajador previamente haya «contribuido» al sistema, la prestación contributiva de desempleo —proporcional en su cuantía y duración al salario y al tiempo trabajado—, o el propio derecho a la asistencia sanitaria, que, antes de establecerse su universalidad, correspondía solamente a aquellas personas que «contribuían» al sistema gracias a un trabajo asalariado (de ahí que, todavía, mucha gente llame «seguridad social» a la sanidad pública).

En una vuelta de tuerca adicional a esta violencia sistémica basada en la ideología capitalista, en vez de llamar «castigo» al castigo, se dice que estamos hablando de «incentivos a la búsqueda de empleo»

Al mismo tiempo y siguiendo la misma lógica en sentido inverso, si el trabajo tiene «premio», el no trabajar tiene «castigo». «Una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debe plantearse si debe seguir cobrándolo o no», llegó a afirmar en marzo de este mismo año el Secretario Seneral de la UGT, Pepe Álvarez, en unas declaraciones que perfectamente podría suscribir el jefe de la patronal, Antonio Garamendi. Es esta lógica capitalista de disciplinamiento de las personas que no quieren aceptar un empleo la que está detrás, por ejemplo, del hecho de que el subsidio de desempleo tenga una duración limitada en el tiempo y también del planteamiento —tanto por parte de Calviño como de Díaz— de que éste sea decreciente. Si usted no acepta —o no encuentra— un empleo, a medida que vayan pasando los meses, yo le voy a ir disminuyendo los ingresos hasta acabar por retirárselos por completo. En una vuelta de tuerca adicional a esta violencia sistémica basada en la ideología capitalista, en vez de llamar «castigo» al castigo, se dice que estamos hablando de «incentivos a la búsqueda de empleo». Aunque el Ministerio de Trabajo esté proponiendo un subsidio cuantitativamente mejor que el que propone el Ministerio de Economía, la lógica detrás de ambos es esta en ambos casos y es idéntica.

Por ello, mientras la izquierda defiende en el corto plazo mejoras cuantitativas en el actual sistema de prestaciones —aumento de las pensiones, aumento de la prestación y del subsidio de desempleo, etc.—, mientras esa pelea inmediata se da y se da con fuerza porque la gente tiene que llenar la nevera y poner la calefacción todos los días, no hay que perder de vista la necesidad de escapar en el medio plazo de la lógica capitalista de disciplinamiento de la clase trabajadora. El Ingreso Mínimo Vital conseguido en la pasada legislatura es un buen paso en esa dirección pero supone un logro todavía limitado debido a la gran cantidad de requisitos que se exigen para recibirlo, a su baja cuantía o al hecho de que no sea individual —como debe ser cualquier derecho universal— sino calculado en base a la «unidad de convivencia». Para romper con la estructura de poder según la cual las clases dominantes extraen riqueza de la fuerza de trabajo de las mayorías sociales, la izquierda debe batallar para conseguir una Renta Garantizada individual, vitalicia y suficiente para poder tener una vida digna. Esto no solamente serviría para acabar con la pobreza definitivamente, sino también para romper las cadenas y transitar a una sociedad en la cual las personas que quieran trabajar —por vocación, para tener mayores ingresos o por cualquier otro motivo— lo puedan hacer voluntariamente pero no estén obligadas a ello. La derecha política y mediática —y seguramente también una parte de la progresía que ha comprado la ideología neoliberal hegemónica— pondrá el grito en el cielo y gritará que qué es eso de recibir unos ingresos sin trabajar. A lo que nosotros contestaremos tranquilamente que eso es exactamente lo que ocurre cuando un multi-propietario recibe rentas del alquiler o cuando un gran accionista del Ibex recibe dividendos. Y esos no se gastan «la paguita» en llenar la nevera o pagar la calefacción, sino en joyas, en coches de gama alta, en mantener barcos y aviones privados y en financiar cadenas de televisión que repitan mañana, tarde y noche que «todo el mundo tiene que trabajar».