Andalucía y estado plurinacional
Que Andalucía forme parte en la toma de decisiones de estado es esencial para laminar la desigualdad territorial fruto del modelo bipartidista monárquico
La Constitución española diseñó un estado administrativo de las autonomías, de entre las cuales, tres tenían la consideración de nacionalidades históricas: Galiza, Euskadi y Catalunya a las que se le ceden competencias exclusivas en varias y determinadas materias. Fue resultado del pacto del 78 que, además, sentó las bases de lo que se denomina como bipartidismo. Nadie pensó en Andalucía, cuando, sin duda es la comunidad más histórica del Estado español, con una potencia cultural universal que ha construido la identidad española en el mundo. Cuna de ciencia, cultura e integración. Es el territorio con más población y el segundo más extenso de España, incluso superando a países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria y Suiza. La superficie andaluza destaca más si la comparamos con Portugal, a la que casi iguala. A la vez que integra una gran riqueza patrimonial, ecológica y agraria.
Andalucía fue excluida de aquél pacto con el argumento peregrino de que su Estatuto no era uno de los que aprobó el parlamento republicano. Esto se hizo siendo conscientes de que estaba previsto su aprobación para septiembre de 1936, lo que impidió la sublevación militar en julio de ese mismo año que tanta desgracia y atraso nos trajo. Durante el franquismo Andalucía fue perseguida hasta las entrañas y creían anulado el sentimiento y las señas de identidad andaluzas, no es así. Esa era la opinión de los partidos del régimen constitucional del 78 que se esforzaron en poner todo tipo obstáculos para que no se perturbara el modelo de elites económicas de Madrid, Catalunya y Euskadi que tan bien funcionó en la dictadura franquista y al que se le dio continuidad en el modelo territorial diseñado tras el pacto constitucional del 78.
Nadie esperaba la reacción de los andaluces y las andaluzas que tomaron las calles un 4 de diciembre de 1977 reclamando su derecho a decidir y la naturaleza de nacionalidad de Andalucía, al mismo nivel que los demás territorios en la misma situación política y administrativa. El 20 de octubre de 1981 se aprobó en referéndum el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que se hace expreso reconocimiento de que los andaluces y las andaluzas constituyen una nacionalidad histórica. Desde ese mismo día el PSOE y el PP, han impedido por la vía de los hechos consumados que Andalucía forme parte de las decisiones políticas y económicas en el reparto de la riqueza.
Ese escenario sigue siendo exclusivo de las citadas élites económicas que son conscientes que la entrada de Andalucía significaría la ruptura de ese pacto de élites que, en la práctica y en lo que respecta a Andalucía supone la extracción de los recursos económicos en favor de las grandes corporaciones con sede principalmente en Madrid, lo que supone que la balanza fiscal de esa comunidad crece a costa de la andaluza.
Está claro que el poder predominante tiene como objetivo relegar a Andalucía por los motivos ya dados, para ello aplican, por un lado, una política adormidera de los sentimientos de identidad andaluza y, por otro, enfrentan al pueblo andaluz con el catalán o el vasco, subestimando al primero que, en absoluto, debe tener asignado un papel secundario en los equilibrios territoriales del Estado español.
Que Andalucía forme parte en la toma de decisiones de estado es esencial para laminar la desigualdad territorial fruto del modelo bipartidista monárquico, que solo acepta el pacto con las oligarquías vasca y catalana. Por tanto, para alcanzar dicha finalidad, dependerá de la fortaleza de una opción política claramente federal/confederal que reconozca Andalucía como lo que es por derecho propio, una de las cuatro nacionalidades históricas que reconoce la Constitución del 78.
Madrid –
