Margarita Robles visitando al destacamento naval en la Isla de Alborán, marzo 2024 — Ministerio de Defensa
La Isla de Alborán tendrá un refugio temporal
El refuerzo en la isla de Alborán se prevé para “dar respuesta logística a situaciones imprevistas”, se teme a la improvisación del Gobierno
La dotación de 1.300.000 euros conforme figura en la referencia del Consejo de Ministros del pasado 16 de abril procede por la necesaria actualización, mejora y optimización de las infraestructuras de la Isla, dotando al destacamento naval de las capacidades adecuadas para dar respuesta a situaciones imprevistas derivadas del tráfico marítimo.
La Isla de Alborán de poco más de 600 metros de largo y casi 300 en su tramo más ancho es a su vez hogar de un pequeño destacamento de la Armada Española que se estableció de manera permanente en 1997, pero que a partir de este siglo ha tomado también protagonismo por ser un paso más o menos recurrente de personas migrantes que deciden que la mejor manera de alcanzar España es con una embarcación cruzando el estrecho de casi 150 kilómetros en sus puntos más próximos.
Esta aprobación de urgencia se produce después de la llegada continua de personas migrantes a lo largo de los últimos meses, la última en marzo, donde 200 personas tuvieron que ser trasladas a Almería en el transcurso de varios días debido a las malas condiciones meteorológicas, así mismo, el viernes anterior a esta aprobación, el gobierno anunciaba su renuncia al proyecto de crear un campamento de migrantes en la base aérea de Armilla, en Granada, después de las protestas por parte de los vecinos que llegaron a convocar movilizaciones por lo que consideraban una “cárcel” para extranjeros.
La decisión comunicada por el Delegado del Gobierno en Andalucía declaraba que “se han visto otras instalaciones que puedan tener mejor garantía”, mientras la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) muestra preocupación por el grado de improvisación que tiene el Gobierno ante el refugio temporal anunciado recientemente, se temen que el objetivo real del proyecto esté relacionado con la retención de personas migrantes que transitan por esta ruta, ya que no se aclara la naturaleza o estatus de estas instalaciones. Entienden también que si finalmente las instalaciones se usan para la retención de personas migrantes habría que saber qué atención se les prestara y que servicios jurídicos tendrán a su disposición.
En el informe Frontera Sur de 2024 sobre los CIEs, elaborado por muchas organizaciones que se dedican a la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes en Andalucía, ponía de relieve la situación de privación de libertad que suponen estos centros, donde, desde 2011, poco más de 80.000 personas se habrían encontrado privadas de su libertad por estar internadas en estos centros. Llama la atención si se compara con la población carcelaria del país ya que para el año 2023 y conforme el Consejo General del Poder Judicial constan 56.698 reclusos en todo el Estado, siendo la principal diferencia que mientras unos están a la espera de ser expulsados del país y la única finalidad de su detención es esa conforme el Tribunal Constitucional, otros se hallan privados de libertad conforme la ley y bajo los supuestos que esta prevé.
El informe, en este sentido, también indica que con los datos recopilados se deduce que solo un 50% de las personas que pasaron por un CIE durante el periodo del informe, fueron finalmente repatriadas, habiendo años en los que solo se expulsó a un tercio de los internos e incluso que la principal fuente de repatriaciones no se produce mediante el previo internamiento en estos centros, representando estas solo un 36,65% de las repatriaciones totales.
Cabe recordar que estas improvisaciones por parte del Gobierno español a la hora de establecer lugares donde agrupar personas migrantes no es nuevo, un antiguo cuartel militar en la Isla de las Palomas cerca de Tarifa fue usado para el internamiento de personas, a pesar de hallarse a una distancia de más de 20km de su “anexo” principal que era el CIE de Algeciras, nunca hubo ninguna disposición legal que habilitara la creación de este CIE, bautizado popularmente como CIE de Tarifa, en la práctica operaba de manera independiente y con una organización paralela al “centro principal”.
Durante el tiempo que estuvo abierto y conforme el informe ya citado, rara vez las expulsiones de este centro llegaban al 5%, funcionando por tanto más como un centro de privación de libertad de extranjeros, antes que con la finalidad afirmada por el TC, el acceso a organizaciones sociales interesadas en monitorear las condiciones del centro fue vetada casi siempre, no fue hasta 2014 cuando se hizo un reconocimiento expreso a estas con el fin de poder visitarlo, hubo sobreocupación de las habitaciones en las cuales el baño solo se separaba por un muro de tamaño mediano, los internos tenían una sola muda de ropa una vez a la semana y en algunos casos más de 10 días. Llama la atención también la exposición fotográfica de naufragios y heridas provocadas por los trayectos migratorios en patera destinadas a los propios internos o la ausencia total de asistencia psicológica.
A partir de diciembre de 2016 los jueces de control que tuvieron a cargo el CIE, empezaron a obligar a dar mejores condiciones a los internos, las mejoras se sucedieron hasta que finalmente en 2020 a raíz del cierre temporal de todos los CIEs por la pandemia, este no volvió a abrir.
El No-CIE de la Isla de la Paloma puede ser el antecedente y la muestra de lo que el Gobierno hizo en el pasado y puede representar el futuro de la Isla de Alborán.
Madrid –
