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Ayuso exige por carta el cobro a los familiares de los residentes que dejó morir en la pandemia

La Consejería de Asunto Sociales de la Comunidad de Madrid se intenta justificar alegando que están “obligados” a exigir deudas, ya que aseguran que la pandemia no supuso una excepción para la legislación estatal

Desde 600 hasta más de 900 euros. Estas son las cantidades que el gobierno de Ayuso está exigiendo por carta a los familiares de los usuarios de residencias madrileñas durante la pandemia en las que murieron hasta 7.921 personas sin ser trasladadas a un hospital.

Tal y como adelantaba esta mañana La Ser, los familiares que han recibido estas cartas se han quedado impactados, no sólo por el cobro en sí tras la gestión por parte la Consejería de Asunto Sociales de la Comunidad de Madrid, sino por revivir todo aquello. “Estuve tres días completamente paralizada. La he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble. Los tres primeros días estuve en shock”, asegura a este medio Ángela Armingol, cuyo padre falleció el 2 de abril sin ser trasladado a un centro hospitalario. “Nos hemos sentido fatal, mi madre entró en pánico porque hemos tenido que recordar todo. De verdad que nos ha parecido una falta de dignidad”. La cuantía por abonar asciende a 901,58 euros.

Otro caso es el de María de Álvaro, a quien la Comunidad de Madrid le requiere hasta 674,28 euros por la plaza ocupada por su padre, que también murió el 5 de abril sin recibir atención hospitalaria. “La primera reacción fue tirar la carta a la basura, pero no podría no hacer nada, tenía que reaccionar. La mañana siguiente escribí al Defensor del Pueblo, a Ángel Gabilondo, una carta que aún está en curso y no tengo datos”, explicaba María en Hoy por Hoy.

Además, de Álvaro asegura que es la primera vez que el gobierno de Ayuso se dirige a ella como familiar: “cuatro años después la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto conmigo para algo”. El hecho de que la Comunidad de Madrid se haya puesto en contacto para cobrar ese dinero “atenta contra la ética y la dignidad de las personas”, manifestaba María. “Nos están reclamando por un servicio que no se presta. Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a tener una atención sanitaria digna. No quiero pensar porque eso es lo que me atormenta cuatro años después, pensar las condiciones en las que se murió”.

Ambos casos coinciden en que no piensan pagar ni un euro de los que se les reclama, “es como si el asesino de mi padre me reclamara el dinero de la bala”, sentenciaba María, y añadía que “no lo voy a pagar aunque vaya a la cárcel y no sé por qué no se cobraron a su debido tiempo cuando era una un recibo domiciliado”.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales justifican esta decisión en que “todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas” y que durante la pandemia “la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad”. Asimismo, la Consejería se ha limitado en recordarles a las familias de las víctimas que pueden presentar “recurso de reposición o reclamación económico-administrativa”.

Todo esto viene después de que hace unas semanas se conociera el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en la que se reafirma lo que ya se conocía: el gobierno de Ayuso pudo haber evitado muertes en las residencias de Madrid su hubiera trasladado a los residentes enfermos a hospitales. Concretamente, dicho informe señala que hasta 4.000 personas podrían haberse salvado, pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo en la Asamblea de Madrid que “se iban a morir igual”.

Además de este informe, actas del propio gobierno de la Comunidad de Madrid confirmaban que casi el 80% de los muertos por COVID en las residencias no fueron trasladados a ningún hospital. Sobre estas actas se preguntó el lunes a la propia Isabel Díaz Ayuso, quien respondió que “ya ha habido suficiente” y “me parece inmoral lo que se está haciendo desde la izquierda, a mí no se me ocurría preguntarle a Illa ni a Iglesias cuantos muertos llevan ellos”.  Ayuso terminó diciendo que “las familias le seguimos tendiendo la mano”, mientras estas cartas llegaban a los familiares de los residentes.