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Podemos se querella contra el juez Manuel García-Castellón por presunta prevaricación y revelación de secretos

La formación morada ha denunciado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al juez de Tándem y Tsunami Democràtic, unas semanas después de que la Audiencia Nacional le obligase a citar a Cospedal por causa sobre la operación Kitchen

Este lunes, Podemos ha comunicado en rueda de prensa que la formación que dirige Ione Belarra se ha querellado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el juez Manuel García Castellón, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción no 6 de la Audiencia Nacional, y contra Joaquín Gadea, magistrado juez de refuerzo del referido Juzgado.

Los motivos de la querella son dos: presunta prevaricación al realizar una investigación prospectiva y revelación de secretos y/o omisión del deber de perseguir delitos en torno a la reapertura de diligencias a raíz de las acusaciones contra Podemos del Pollo Carvajal en 2021.

Hace ahora más de dos años, el 18 de octubre de 2021, García Castellón dictó el auto de reapertura de las referidas diligencias previas relacionadas con el caso fake del Informe PISA contra Pablo Iglesias y Podemos, archivado en 2016. Además de la reapertura de un caso archivado también decretó el secreto de las actuaciones.

Esta decisión del juez tuvo lugar a partir de que Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como el Pollo Carvajal, presentara a través de su representante “su voluntad de colaborar con la justicia” junto a “una nota manuscrita, un texto mecanografiado sin firma y fotocopias de supuestos documentos, de los que en principio no cabía deducir la existencia de delito alguno, al tratarse de una supuestas órdenes de pago a una fundación, así como a determinadas personas, por parte de la Administración de Venezuela, en los años 2008 y 2013”. Es importante recordar que el Pollo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar venezolana, había sido detenido en España en el año 2021 por estar relacionado con un delito relacionado con el lavado de dinero procedente de tráfico de drogas. El venezolano había estado en paradero desconocido desde noviembre de 2019, cuando iba a ser extraditado desde España a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. Finalmente Carvajal ha sido extraditado el pasado mes de julio.

La presunta investigación prospectiva que inició García Castellón en 2021 basada en estos documentos es, según el escrito de querella de los morados, algo de lo que “ningún delito podría inferirse dado que por fechas tales fotocopias se refieren a un momento en el que mi principal ni siquiera existía, así como tampoco había visto todavía la luz la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que incluyó el delito de financiación irregular que supuestamente se estaría investigando”.

Además de esto, el partido de Belarra señala que es clave indicar que Carvajal, “con evidente intención de paralizar su extradición a EEUU por muy graves delitos”, adjuntó los documentos “sin ningún tipo de validación oficial, ni documentación alguna que acreditara la realidad de los supuestos pagos”. Es por ello que desde la formación morada considera que García-Castellón y Joaquín Gadea llevaron a cabo una investigación prospectiva, destinada a intentar encontrar algo irregular aunque no hubiera pruebas y “sin preocuparse de verificar tan sospechosa documentación por cauces oficiales”. Esta reapertura de las diligencias a partir de los documentos presentados representa un presunto caso de prevaricación por parte de los jueces contra Podemos.

Por último, la querella también incluye la presunta comisión de un delito continuado de revelación de secretos, en tanto que, como se señala en el texto de la misma, «desde el propio Juzgado Central de Instrucción del que son titular y Juez de apoyo los Magistrados querellados se han venido produciendo continuas filtraciones de la misma, casi simultáneamente a la celebración de los actos procesales “secretos”, sin que por los propios responsables de mantener la causa reservada se haya llevado a cabo actuación alguna tendente a impedir, o siquiera investigar o recabar amparo respecto de dichas continuas filtraciones, causándose de este modo un evidente quebranto reputacional», cuando el propio juez había decretado el secreto de la causa.