Invernaderos de Níjar afectados por el temporal Gloria — Rafael González / Europa Press
24 años después, incendio y racismo en El Ejido
Trasciende este último acto de racismo que ha sido el incendio de una nave agrícola con 25 trabajadores dentro
Los nueve detenidos son agricultores que se habrían conocido mediante los foros que se crearon para las protestas del campo, habrían quedado el pasado 8 de febrero durante estas protestas para realizar el acto encapuchados y tapados, el motivo habría sido la importación de frutas y verduras desde Marruecos por parte de esta empresa. Fueron arrestados el 13 de abril acusados de un delito de incendio agravado, donde después de ser puestos a disposición judicial, se dictó su libertad provisional.
Los 25 de trabajadores, algunos de origen extranjero y otros españoles, consiguieron huir por la puerta de emergencia y uno tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humos.
Pero este es solo uno de los muchos sucesos que han experimentado los vecinos de esta localidad de Almería, tenemos que trasladarnos 24 años atrás, a febrero del 2000, cuando después de un asesinato cometido por una persona migrante con problemas de salud mental, dio inicio a una ola de violencia hacia la población migrante que se extendió por varios días.
Las manifestaciones diurnas contra el asesinato acaban en noches donde una multitud arrasaba con locales vinculados a personas extranjeras, como mezquitas, locutorios, carnicerías, restaurantes, incluso varios coches fueron incendiados. Al día siguiente la situación se tornó todavía peor, periodistas, extranjeros e incluso policías y políticos fueron amenazados y atacados. El subdelegado del Gobierno de Almería fue apaleado, así como un grupo de personas de origen marroquí que salieron con los brazos en alto a manifestarse contra el asesinato, pero también acabaron apaleados y se tuvo que reforzar a la policía con más de 500 agentes de refuerzo provenientes del resto del país.
Una turba de 300 personas armadas con palos o barras de hierro incendiaria coches al tiempo que amenazaba y gritaban contra los habitantes de una barriada de su mayoría extranjeros, incendiaban también la puerta y fachada de una casa que tuvieron que huir saltando por la ventana de un primer piso, también se registraron asaltos a casas de personas, armados de palos, cuchillos y piedras que intentaron agredir a sus habitantes que acabarían pasando la noche refugiados en la comisaria. Incluso resulto asaltada y destrozada la sede de la Federación de Mujeres Progresistas o la de Almería Acoge, cuyos archivos ardieron en la calle.
Todo esto se saldó con una sola detención: la de una persona de origen marroquí que intentó agredir a un agente.
El Ejido no es solamente una de las principales localidades receptoras de personas migrantes, es también el principal centro de la agricultura en el país. En un estudio sobre la discriminación laboral de los inmigrantes en España, se apuntaba a que los empresarios preferían contar con personas de su propia nacionalidad, con quienes comparten lazos culturales y los conocen de toda la vida, antes que, con extranjeros, sin embargo, los salarios más bajos de los inmigrantes y los ahorros provenientes de las cotizaciones en el caso del empleo irregular ejercían un poder de atracción sobre muchos de ellos en cuanto a la rentabilidad de la empresa, declaraban estos empresarios: “Mi opinión es que te dicen que es extranjero, ¡y te aprovechas!, por los papeles y tal, claro. (…) Lo aceptan todo, trabajan mil horas por cuatro perras y demás (…)”.
En el informe del Mercado de Trabajo de los extranjeros de 2024 (datos del 2023), registra que la variación en los contratos de trabajo relativos al sector de Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas en el periodo 2022/23 han disminuido un 17,06%, siendo este el sector que agrupa por lo menos el 50% del colectivo de personas extranjeras a nivel nacional, unas 862.338 personas. Se disparan también las contrataciones mediante contratos Fijos discontinuos con hasta 831.807 contrataciones, con un crecimiento en esta modalidad respecto al 2022 del 12,28% pero, que respecto a 2021 es del 824,54%. Dejando de lado la particularidad del contrato fijo discontinuo como parche a un mercado de trabajo con dinámicas caprichosas como es el español, más contratos de trabajo no han significado más derechos laborales para las personas migrantes, menos cuando ese gran porcentaje del colectivo se encuentra en un sector como el de la agricultura.
Colectivos como las Jornaleras de Huelva en lucha en su informe estadístico campaña sindical 2022/2023, anunciaban haber atendido a un total de 154 personas desde el 1 de enero hasta el 20 de julio de 2023, siendo 58 personas españolas, 92 personas marroquíes y el restante de Perú, Nicaragua, Honduras y Rumanía habiendo incumplimientos de Derechos Laborales en 90 personas, violaciones de Derechos Humanos en 40 personas o solicitud de información jurídica en 82 personas, entre otras, solo se pusieron un total de 9 denuncias a la Inspección de Trabajo, de las cuales hasta ese momento solo habían recibido 3 respuestas, resaltan la dificultad por el miedo de los trabajadores a enviar sus datos, ya que temen que las empresas sepan quienes son, lo cual asienta una persecución sindical en el sector del campo en Huelva, situación que los empresarios utilizan a su favor argumentando que si hay tantos abusos, por que no se denuncia. Cabe resaltar que esta organización no es un sindicato al uso, aunque preste este tipo de ayudas a las personas.
En el informe sobre consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar (Almería) 2022, se recalca el miedo a denunciar de los trabajadores además de la lentitud de la justicia cuando una sentencia del 17 de febrero del 2021 es el resultado de una denuncia interpuesta en 2016. De las 217 entrevistas que hicieron en el informe se encontró que más del 70% de las personas migrantes tanto en situación regular como irregular trabajan, la gran mayoría en el campo, denuncian como cualquier impedimento físico es motivo de despido por parte de los empresarios, un 13,9% de las personas manifiestan tener un contrato por menos de la mitad de las horas que trabaja, un 60,5% no han cobrado el subsidio o renta agraria pese a que bastantes si han generado el derecho a hacerlo, un 86,3% manifestó desconocer la existencia de los convenios colectivos y un 95,8% no disfruta de días de vacaciones. En los asentamientos informales destaca que la mitad de quienes lo habitan llevan ahí mucho tiempo, trabajando, conviviendo, sin embargo, no han podido acceder a una vivienda fuera del asentamiento. Podría continuar enumerando vulneraciones continuas por parte de los empresarios, pero recomiendo la lectura del informe.
La situación es insostenible en términos humanos, de derechos laborales y derechos humanos, mientras tanto, el gobierno duda de una Regularización para por lo menos 500.000 personas migrantes y el Ministerio de Trabajo sigue dando vítores de crear empleo de calidad.
Madrid –
