Sabina Frederic: «La bukelización es una carta de los gobiernos que están a favor del sálvese quien pueda»
Argentina es un país atravesado por varias crisis en simultáneo que se alimentan de la situación económica. Una de ellas es la de seguridad, mal llamada por los medios “sensación de inseguridad”
Argentina es un país atravesado por varias crisis en simultáneo que se alimentan de la situación económica. Una de ellas es la de seguridad, mal llamada por los medios “sensación de inseguridad”.
Si bien no es un país violento ya que tiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región cada cien mil habitantes (entre 5 y 6), hay ciudades como Rosario donde los hechos de sangre se han disparado. Y, como en otros lugares del mundo, la mala situación económica también trae aparejada un aumento de los hurtos y los robos, como de las condiciones que favorecen que más personas jóvenes opten por la delincuencia como forma de ganarse la vida. Incluso, ya hay ciudades como la patagónica Trelew donde los robos de comida representan un 20% de los delitos presentados ante la justicia.
Pero el foco del gobierno de Javier Milei está puesto en resolver crisis de seguridad, como la de ciudad de Rosario afectada por el narcotráfico, con propuestas de militarización de la seguridad interna, que recuerdan a las viejas épocas de dictaduras argentinas. Una de las últimas crisis en la ciudad de Rosario sucedió cuando las bandas narcos reaccionaron, asesinando taxistas y choferes de buses, cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe, a cargo de la ciudad, ordenó fotografiar a los presos de máxima seguridad de la misma forma que lo hace Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, de forma rápida, llamó a las bandas culpables “narco terroristas”. Pero es tan cierto que existen grandes carteles del narcotráfico que han comenzado a tomar el control del país y poner en jaque gobiernos como en otras partes de la región. ¿O es una estrategia errada que busca aumentar la criminalización para que la ministra escale en las encuestas? ¿O un intento liso y llano de usar una situación interna para alinearse con una agenda de seguridad de Estados Unidos que habla del narco como “una nueva amenaza” para justificar la militarización?
Sabina Frederic, ministra de Seguridad de Alberto Fernández entre 2019 y 2021, es presidenta del Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad, GEPYFS (CAS IDES) y directora del proyecto “El Estado y la seguridad pública: obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina contemporánea” (PICT-ANPCYT). En esta entrevista tiene algunas respuestas sobre estos interrogantes.
En Argentina cada vez se habla más del narcotráfico como uno de los principales problemas de seguridad. ¿Cuál es tu diagnóstico según tu experiencia como ministra y académica?
Nuestro país está ubicado en el sur de Sudamérica, lo que explica nuestra relación con las redes criminales de tráfico de mercancías, drogas y personas. ¿Por qué? Ya que la mayoría del tráfico trasnacional de drogas no pasa por Argentina porque son más rentables otras rutas más próximas al océano Atlántico cercano a Brasil. La principal razón es el costo logístico tan alto que implica el transporte hacia el sur para después subir hacia el norte: Europa o Estados Unidos. Por lo que la problemática de seguridad de Argentina es bastante diferente, en términos de organización delictiva, de la de Brasil, Ecuador, Perú y Colombia.
Primero porque estas naciones son productoras de drogas y muchas veces también zonas de tránsito. Y segundo porque las organizaciones delictivas se han visto favorecidos por la decisión de algunos algunos Estados del Cono Sur de abandonar políticas activas en la prestación de servicios, protección, cuidado y bienestar. Que se han volcado más a funciones securitarias que de cuidado y bienestar.
La Argentina sí tiene un problema de consumo de drogas ilegalizados, que ha aumentado en los últimos años. La ley que rige hace más de 30 años sobre este tema, una normativa punitiva, abstencionista y prohibicionista sancionada en 1989, no ha conseguido absolutamente nada. Solo ha crecido la población penitenciaria, en su inmensa mayoría, por delitos de narcomenudeo, sin que baje la demanda de droga ni tampoco el tamaño del mercado de drogas ilegales.
Lo que se ha agravado por la situación socioeconómica del país, ya que la venta de drogas ilegalizados es una fuente de dinero en un contexto en el que es muy difícil obtenerlo por vías lícitas. Y cuando se lo consigue, muchas veces, no se puede llegar a fin de mes. Todos estas son condiciones que incrementan los problemas de seguridad relacionados con drogas ilegales. Eso no significa que aumente la violencia. En Argentina, hay un alto nivel de violencia letal en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde vive casi un millón y medio de habitantes, casi la misma población del distrito de la Matanza ubicado en la provincia de Buenos Aires a unos cuantos kilómetros de distancia. Su tasa de homicidios es de 22 y la de Matanza de siete, lo que no quiere decir que el mercado de drogas de ambos sean tan diferentes en tamaño. Sino que en la Matanza hay formas de regulación del delito del Estado, de formas licitas y no lícitas, que disminuyen los niveles de violencia. Y en Rosario falta la autoridad del Estado.
Aunque para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la violencia se explica porque existen poderosas bandas que califica como “narco terroristas”.
Por las investigaciones de inteligencia criminal, de las causas judiciales y de estudios sociales, se sabe que las organizaciones que lideran el tráfico de drogas ilegalizadas en Argentina, y lo combinan con otros delitos como el robo de autos y lavado de dinero, no son inmensos carteles como los que estamos acostumbrados a ver en las series. La categoría de carteles en Argentina no es aplicable. En Rosario, por ejemplo, los líderes son unos pocos clanes familiares.
Por lo que el gobierno argentino de Javier Milei tiene un diagnóstico muy errado de los problemas de seguridad cuando su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las califica de narco terroristas. En realidad se está frente a bandas que son de una envergadura mucha más pequeña y precaria. Los informes de la Procuraduría de Narcocriminalidad, dependiente del Ministerio Público Federal, hablan de cuanto mucho redes de tres o cuatro personas. Hay casos, por ejemplo, donde un ciudadano colombiano se asocia con uno argentino y uno peruano, quien, a su vez, conoce a alguien con contactos en España para organizar envíos de drogas. Son redes pequeñas, no tremendas organizaciones trasnacionales.
Lo que hay es un diagnóstico errado y malintencionado porque la ministra no puede desconocer estos informes, ya que el área de inteligencia criminal de su cartera produce la misma información que durante mi gestión. Esta mala evaluación de la situación pierde de vista cuáles son las condiciones que generan la violencia en Rosario. Distorsiona la realidad de lo que sucede. La violencia en la ciudad no está directamente vinculada al negocio de tráfico de drogas ilegalizadas sino a otros factores, como por ejemplo, la ausencia de autoridad estatal.
Hace mucho tiempo que no hay un sistema de justicia en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, organizado para delitos ordinarios como federales de narcotráfico, que sea concebido socialmente como un sistema de castigo, punición y de control. Los que conocen mucha la problemática señalan que la red de relaciones entre el mundo político y judicial de la ciudad impide la autonomía e independencia de todos los poderes para castigar y controlar a la criminalidad. Sin esa capacidad estatal no hay regulación del delito posible.
¿Qué pasa con las otras ramas de las cuales se alimentan estas redes? Por ejemplo, el lavado de dinero o la utilización de estructuras de exportación de Rosario como la soja. Muchas veces se denuncia que los mega edificios, que están en la costanera de Rosario frente al río Paraná, son símbolos de lavado de dinero.
La Argentina incrementó de forma significativa su volumen de exportación en desmedro de su capacidad de control. Ya son difíciles los controles fiscales y de aduanas de la mercadería que sale del puerto de Buenos Aires. Todavía más complicados son los de seguridad. No hay los escáneres suficientes, ni la capacidad, para conocer todo lo que sale de Argentina en contenedores de exportación. Para inspeccionar uno o varios contenedores se necesita, además, una orden judicial. Y para conseguirla se requiere un mínimo trabajo de inteligencia para obtener evidencia que la justicia considere como válida.
A esto hay que agregarle la carga que proviene de Paraguay, en tránsito o destino final, ya que por los acuerdos bilaterales, firmados por ambos países, las autoridades argentinas no pueden revisarla a menos que los precintos de los contenedores estén rotos. Lo que favorece maniobras ilegales que afectan la recaudación pública como subfacturaciones de exportaciones para pagar menos impuestos. El lavado de activos invisibiliza u oculta una porción del dinero que es generado por actividades legales e ilegales.
Nota de autor: Paraguay exporta a través de una hidrovia que atraviesa varios ríos comunes y cuya salida es al océano Atlántico.
En síntesis, hay un diagnóstico equivocado, una dificultad para identificar las condiciones que generan la violencia, y una serie de leyes y sistemas de control que no se fortalecen.
Y desde este postura cómo analizas propuestas del gobierno de Milei, impulsadas por su ministra Bullrich, como la reforma para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interna o la famosa ley Antimafia inspirada en las usadas en Estados Unidos e Italia.
Están lejos de ser medidas que contribuyan a bajar la inseguridad de la Argentina. No sé dónde están las mafias. ¿Dónde ve las mafias, Bullrich? ¿Cuáles son las mafias a las que se refiere? Si son los 200 clanes que se vinculan desde Rosario, Buenos, Aires, Salta Bolivia. Lo que aplica es un modelo foráneo para un problema que no tiene nada que ver con lo que padeció Italia o Estados Unidos con la mafia. Todo dentro de un esquema electoralista que no está asociado a la eficacia de las políticas sino al mantenimiento de un caudal electoral que la aplauda. Por eso todas las semanas propone alguna cosa nueva.
La propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Interior para que intervengan las Fuerzas Armadas también está en ese plano. No en el de la eficacia ni de los resultados. Porque la legislación actual y la constitución argentina establecen un mecanismo, si es que se declara estado de sitio, para que las Fuerzas Armadas intervengan en caso de una situación de conmoción interna donde la policía sea desbordada. Ahora si le preguntas a cualquier militar de carrera en un cargo alto, te contesta que no hay ninguna condición para que las Fuerzas Armadas intervengan en Rosario. Ella como ministra no debe hablar mucho con ellos ni le debe importar lo que le digan porque su juego es medirse en las encuestas y sostener su imagen.
¿Por qué los militares no consideran viable un despliegue en Rosario?
Argentina posee 24 policías provinciales y cuatro fuerzas federales que crecieron en tamaño. Las Fuerzas Armadas argentinas entienden que las capacidades de esas fuerzas no están desbordadas y están subutilizadas. De hecho, en nuestra gestión, con lo que chocábamos cada vez que había un despliegue de fuerzas federales en Rosario eran los obstáculos puestos por la policía local de la provincia de Santa Fe. No se puede hacer mucho si a las fuerzas federales las despegas pero no les transferís las competencias que tiene la policía de Santa Fe, que es la que maneja las comunicaciones, maneja el patrullaje y por acción o omisión, la calle. Por esto, los altos oficiales militares consideran que las fuerzas están subutilizadas y que la situación no es de emergencia para intervenir.
La forma en que Bulrrich toma decisiones espectaculares para las encuestas pareciera que tiene algo que ver con esta fantasía, esta bukelización de la política, de elegir una salida militar para cualquier problema de seguridad. Algo que a Bukele le sirvió como fuente de legitimidad y ahora muchos políticos latinoamericanos intentan replicar como si fuera una solución mágica.
Esta es una época en donde el Estado se ha volcado más hacia funciones securitarias que de cuidado y protección. En nuestro país fue oscilante porque tuvimos unos años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, también de Alberto Fernández y Cristina, donde se trató de que el Estado no fuera securitario sino de protección y cuidado. Algo que no funcionó muy bien, sobre todo, en el último periodo. Eso no fue así en el gobierno de Macri ni lo es tampoco ahora con el gobierno de Milei.
La bukelización es una carta de los gobiernos que están en favor de que el Estado sea un Estado de la desregulación, del sálvese quien pueda. Si te va bien en la vida, te conseguís el dinero para protegerte, pagar tu seguro de salud y tu educación, y si te va mal, terminas preso o muerto. No creo que hoy en América del Sur eso domine la escena en las políticas de seguridad.
Si hay casos donde intentan hacer lo mismo como cuando el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dispuso una escenografía con presos encarcelados y maltratados. Algunos incluso denunciaron haber sido torturados. Pero ni siquiera siguió al pie de la letra la receta de Bukele. Porque las propias autoridades de El Salvador, un país pequeño que nada tiene que ver con Argentina, le dijeron que, para aplicar una medida de este estilo en las cárceles, debía controlar la calle. Algo que el gobernador de Santa Fe no maneja en Rosario.
También lo que se sabe es que Bukele negoció con las bandas en el país y que no es cierto que las condiciones de detención sean las que muestran la foto. Eso es para la tribuna, como decimos en Argentina, pero adentro las condiciones no son malas. Porque eso formó parte de la negociación para controlar la violencia en la calle. Los dirigentes están tomados por la foto y las redes. Les falta lectura, les falta análisis, les falta audacia política. Y por eso eligen lo fácil con efectos tremendos porque el error del gobernador de Santa Fe, de las fotos de los presos en malas condiciones, terminó con el asesinato de taxistas y choferes de bus. Con un terror que avanza en Rosario.
En términos de seguridad también hay un alerta por el alineamiento de Milei con Israel en el marco del conflicto con Irán.
Es peligroso lo que hace al romper la tradición argentina de neutralidad. Nosotros sufrimos dos atentados terroristas en Argentina que fueron gravísimos, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel contra la comunidad judía, una de las más grandes en nuestro país. Por aquel momento, el presidente Carlos Menem, que Milei considera su ídolo, había enviado tropas a la guerra de El Golfo. Ahora él habla de mandar soldados a combatir en Ucrania, algo absurdo.
Y su ministra de Seguridad, Bullrich, dice que Argentina debe dejar de ser neutral en el conflicto entre Irán e Israel porque hay que estar del lado de aquellos que defienden los derechos humanos. Algo que es relativo a esta altura porque si hay algo que denunciar es el asesinato de cientos de miles de personas en Palestina, gran parte niños y niñas que no son combatientes. Una postura también bastante rara porque proviene de una ministra que impide el derecho a la libre protesta ciudadana.
La posición del gobierno argentino es de un fundamentalismo absurdo de apoyo a Israel, que ni siquiera Estados Unidos defiende de esa manera. Y que no se condice con los intereses soberanos de Argentina. No está claro ni para qué Milei mantiene esta postura. Es un alto costo renunciar a un principio que ha mantenido a Argentina como una zona de paz. Es forzarnos a ser parte de un conflicto en el que no hay ninguna ganancia, donde todo sería a pérdida. Sobre todo en un mundo multipolar donde hay distintos polos como Estados Unidos, Rusia y China.
Madrid –
