Giorgia Meloni — X (Twitter)
El ataque contra el derecho al aborto del gobierno Meloni
Los datos dicen que 7 de cada 10 empleados sanitarios en Italia son objetores de conciencia. Para tener un criterio de comparación, en el Reino Unido los objetores son el 12% del total, en Francia el 7 y en Suecia prácticamente no existen
“El gobierno de Meloni pone en riesgo la seguridad de todas las mujeres. Siempre educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir“.
Así se ha expresado Irene Montero, ex ministra española de Igualdad y actual candidata de Podemos a las elecciones europeas del 9 de junio, a raíz de la aprobación en el parlamento italiano de una norma que atacaría la posibilidad de abortar de las mujeres en Italia.
Sin embargo, hace año y medio, a apenas unos días de las elecciones generales del 25 de septiembre de 2022, Meloni parecía haber puesto fin a la polémica sobre el supuesto ataque a la Ley 194 de 1978, que regula la interrupción voluntaria del embarazo:
«No pretendo abolir la ley 194, no pretendo cambiar la ley 194. Con Fratelli d’Italia, la ley sobre el aborto permanece exactamente tal y como está».
Una declaración repetida casi idénticamente una y otra vez, tanto en la radio (RTL 102.5) como en la televisión nacional (La7, Rai3).
Y en efecto el primer punto del programa electoral del partido de Meloni, el de la familia y la natalidad, proponía respecto a la cuestión del aborto «la plena aplicación de la ley 194 sobre la interrupción voluntaria del embarazo, empezando por la prevención».
¿Qué está pasando en Italia? ¿Ha cometido Irene Montero un error de bulto o, por el contrario, tras la cortina de humo de las declaraciones de Meloni y de los líderes de la ultraderecha se oculta un verdadero ataque a la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo?
El pasado viernes 12 de abril, la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Diputados aprobó una enmienda al proyecto de ley para la conversión del decreto «PNRR-quater», que contempla medidas para la implementación del PNRR, el plan italiano para la utilización de los fondos Next Generation de la UE.
El texto de la enmienda establece que en la organización de los Consultori Familiari —los centros públicos y de libre acceso que deberían jugar un papel central en el acompañamiento de cualquier mujer que se disponga a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo— las Regiones «podrán beneficiarse también de la participación de sujetos del Tercer Sector que cuenten con una experiencia cualificada en el apoyo a la maternidad».
La enmienda fue aprobada el pasado martes 16 de abril por la Cámara de Diputados y el jueves 18 de abril por el Senado. Por lo tanto, ya es ley.
En realidad, se traduce en la posibilidad de que las asociaciones provida, es decir, los grupos ultracatólicos y antiabortistas, puedan entrar en los consultorios públicos y ejercer presión —es decir, violencia —sobre las mujeres que estén allí para abortar.
Quien propuso lo que Montero ha llamado “una cruzada contra los derechos de más de la mitad de la población” es un varón, el diputado de Fratelli d’Italia, Malagola, que, en su propia página web, en la parte en la que se define a sí mismo como paladín de la familia y de las políticas de natalidad, afirma que «por tal motivo nos oponemos también a quienes propagan la cultura del desecho». ¿A qué se referirá con “cultura del desecho” un diputado que ha propuesto una norma semejante?
Sin embargo, la ultraderecha en el gobierno sigue afirmando que se ha limitado a aplicar lo que ya contempla la ley 194/1978. Esto quizás sorprenda a algunos, pero lo cierto es que lo que dice no es falso. Al contrario.
En realidad, el ataque al aborto voluntario en Italia hoy no está pasando por la abolición o la modificación de la ley 194/1978, sino por su plena aplicación.
En efecto, la vulneración del derecho está en la propia ley, que es el resultado de un compromiso cuyo origen se remonta a décadas atrás. En un país católico como Italia, en el que una mujer que «buscara un aborto» era castigada con una pena de uno a cuatro años de cárcel (art. 547 del código penal), en el que la influencia del Vaticano siempre ha sido determinante, la conquista de la posibilidad de abortar, así como del derecho al divorcio, nunca fue algo que pudiera darse por hecho.
En 1981 fue necesaria la victoria en un referéndum (con un 80 por cien de participación y un 68 por cien de ciudadanos y ciudadanas que defendían la posibilidad de que las mujeres abortaran) para defender la Ley 194/1978 del intento de eliminarla que protagonizaron el Vaticano, buena parte de la Democracia Cristiana y la derecha neofascista del Movimiento Social Italiano, partido del que es heredera Giorgia Meloni. En el Parlamento, el portavoz de la ofensiva contra la ley 194 fue Pino Rauti, más tarde secretario del MSI en 1990-1991, y padre de Isabella, senadora de Fratelli d’Italia y viceministra de Defensa.
Ese compromiso, avanzado para la época, ofrece ahora el punto de apoyo a la ultraderecha para un nuevo y duro ataque contra el derecho al aborto. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley 194/78 establece que los consultorios contribuirán «a superar las causas que puedan llevar a una mujer a interrumpir su embarazo». Esa es la laguna jurídica en la que se apoyan Malagola y el actual ataque de la ultraderecha.
Y lo cierto es que ya se conocen casos en los que asociaciones antiabortistas (mal llamadas provida, pero el hecho mismo de que aceptemos su autodefinición señala una derrota para quienes se oponen a ellas, porque: ¿Quién demonios puede oponerse a la vida?) operan en el seno de los consultorios. El ejemplo es el de la región de Piamonte, donde el gobierno de derechas que dirige la región decidió en octubre de 2022 destinar 400.000 euros a estos servicios, la mayor parte de los cuales corren el peligro de terminar precisamente en los bolsillos de los antiabortistas, por supuesto bajo el pretexto de poner en marcha proyectos que puedan acompañar a las mujeres «en una elección individual consciente» y para «itinerarios de apoyo psicológico individual y de grupo».
Así, pues, la enmienda de la ultraderecha no inventa una nueva realidad, sino que contribuye a ampliar una práctica que desgraciadamente ya existe y, sobre todo, la financia con fondos PNRR (Next Generation EU).
Pero la cosa no termina aquí. Porque cuando Giorgia Meloni, de nuevo en Rai3 en septiembre de 2022 y, por lo tanto, antes de la victoria electoral y de su nombramiento como primera ministra, afirmó que «el derecho al aborto en Italia siempre ha estado garantizado», mentía sabiendo que mentía.
En realidad, la misma ley 194/78 contempla la posibilidad de que los ginecólogos practiquen la objeción de conciencia. Es decir, pueden negarse a practicar abortos porque la práctica es contraria a su sensibilidad personal y a sus creencias. Esta posibilidad se ha torno en un caballo de Troya para hacer del aborto algo imposible en la práctica para muchas, para demasiadas mujeres en Italia.
De hecho, los datos dicen que 7 de cada 10 empleados sanitarios en Italia son objetores de conciencia, con regiones que presentan un porcentaje superior al 90 por cien. Para tener un criterio de comparación, en el Reino Unido los objetores son el 12 por cien del total, en Francia el 7 por cien y en Suecia prácticamente no existen.
En Molise, por ejemplo, una región italiana que cuenta con 300.000 habitantes, solo hay un centro público en el que se puede practicar la interrupción del embarazo. Hasta 2021 solo había un médico no objetor en servicio, Michele Mariano. En mayo de 2021 debería haberse jubilado, pero no pudo hacerlo porque la convocatoria para contratar a su sustituto quedó desierta. De tal suerte que tuvo que retrasar su jubilación hasta que llegara una ginecóloga no objetora (a la que sin embargo ha tenido que seguir echando una mano).
La situación presenta una particular gravedad en el sur de Italia, hasta el punto de que en un reportaje de Politico Europe podía leerse que «la mejor manera conseguir un aborto en Sicilia consiste en coger un avión».
Así, pues, el problema es que hay un ataque al derecho al aborto, pero ese ataque no pasa por el desmantelamiento de la Ley 194/78.
Se trata de una observación importante, porque implica un cambio de perspectiva por parte de quienes luchan, por el contrario, para que el aborto voluntario se convierta en un derecho y no en una concesión otorgada de vez en cuando, otra veces conquistada en una carrera contra el tiempo desesperada y dolorosa y contra tantos obstáculos para acceder a los servicios públicos dedicados. De hecho, la ley actual contempla que el objetivo consiste proteger la vida «desde su inicio», otra expresión ambigua a la que se agarra la ultraderecha.
El cambio de perspectiva necesario consiste en pasar de la lucha por defender la ley 194/78 a una batalla por su transformación profunda. Pasa por conquistar posiciones más avanzadas que hagan que el cuerpo de las mujeres no esté a disposición del Estado ni de la Iglesia, y mucho menos de la ultraderecha hoy en el gobierno, sino a disposición de las propias mujeres.
Traducción: Raúl Sánchez Cedillo
Madrid –
