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Ley 15/97: Sobre modelos de éxito y entidades sin ánimo de lucro, y en eso llegó Quirón
La adquisición de Quirón Salud por Fresenius en 2016 marca un punto de inflexión en la privatización sanitaria. Pagó 5.760 millones por la antigua Capio y pasó a integrar 43 hospitales, 39 centros de atención al paciente y 300 centros de prevención de riesgos
El 22 de Septiembre de 2022 se debatió en el Congreso la Ley de Equidad. Ana Pastor, portavoz del PP, afirmó que “se intenta censurar la colaboración del sector privado”, y recordó a Carolina Darías que el PSOE la incluyó en la Ley General de Sanidad (LGS) y votó a favor la Ley 15/97. “Ha habido gobiernos socialistas y no la han tocado”. Le anticipó la dificultad de conciliar las enmiendas de Unidas Podemos con la posición de Cataluña. Los tres partidos catalanes (PdeCat, JuntsperCat y ERC) coincidieron en defender el modelo catalán que la diputada Cañadel (PdeCat) definió como un modelo de éxito.
Las enmiendas de Unidas Podemos a la Ley de Equidad introducían requisitos para la gestión privada que eran una aplicación del acuerdo de Gobierno de coalición PSOE-UP de 2019, que se comprometía a “avanzar en el blindaje de nuestro sistema público, apostando por una sanidad basada en la gestión pública directa” e incluía el compromiso de “revisar la Ley 15/97 y el conjunto de mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”.
Mónica García, en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso también expresó su intención de blindar la gestión directa del Sistema Nacional de Salud. En una entrevista reciente se reafirmó en esa idea y concretó: “Por ejemplo, Catalunya tiene un modelo muy parecido al francés, al belga y al alemán, con conciertos y convenios, de los que más del 90% son sin ánimo de lucro, con organizaciones, mutuas o asociaciones que hacen su prestación de servicios sanitarios. Lo que tenemos que garantizar es que ese ánimo de lucro no sea depredador de nuestro sistema ….un concierto con unas reglas del juego claras y transparentes, con las que gane el sistema público y el sistema privado”. Defendía así el modelo catalán y se posicionaba a favor de una convivencia “pacífica pública-privada”.
¿Es realmente el modelo catalán un modelo de éxito? .¿Es posible una convivencia pacífica de la sanidad pública con la privada? .¿Pueden coexistir sin que la sanidad privada sea depredadora para la sanidad pública:?
¿Un “modelo de éxito“? Separar la financiación de la provisión.
El “modelo catalán” ha condicionado el desarrollo del sistema nacional de salud desde el inicio de su reforma. En 1986, cuando se debate de la LGS, Cataluña, Andalucía y Euskadi, ya habían recibido las transferencias sanitarias y especialmente en la primera se habían introducido fórmulas de provisión privada como los conciertos y los convenios . Respetar el modelo catalán dando “prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo” fue uno de los objetivos de Ernest Lluch en la elaboración de la LGS y quedó recogido en su artículo 90.
Julián García Vargas, el ministro socialista que sucedió a Lluch, encargó a Abril Martorell, que había formado parte de los tres gobiernos de Adolfo Suárez, presidir la Comisión que redactó el informe que proponía la separación de financiación y provisión para “reducir la rigidez del sistema sanitario”. En su presentación en el Congreso, en septiembre de 1991, la portavoz del PSOE defendió que la sanidad española debía ser de responsabilidad pública pero “somos flexibles en los instrumentos, que deberán ser aquellos que permitan superar la contraposición público-privada”.
Con la llegada en 1996 del PP al gobierno, Romay Beccaria es nombrado Ministro de Sanidad y Núñez Feijoó pasa a ser Presidente del Insalud que ese momento gestiona la Sanidad de 10 comunidades autónomas incluyendo Madrid. Inmediatamente se publica el Real Decreto 10/96 de Gestión del Insalud. “En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios o de protección sanitaria o sociosanitaria, podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho creadas por personas o entidades públicas o privadas, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones u otros entes dotados de personalidad jurídica”.
Unos meses después se aprueba en el Congreso, con los únicos votos en contra de IU y del BNG, la Ley 15/97. En artículo único incorpora el texto íntegro del Real Decreto 10/96. En su intervención, la diputada de IU, Ángeles Maestro, advirtió de “la fragmentación del sistema sanitario público y del comportamiento de los hospitales públicos como empresas privadas desde el punto de vista de la selección adversa de pacientes y de la introducción de relaciones laborales precarias y de reducción de plantillas de centros sanitarios públicos”.
La extensión del modelo
Desde la presidencia del Insalud, Núñez Feijóo extiende el modelo de fundaciones que había ensayado en Galicia e inaugura en 1997 el Hospital de Manacor y el Hospital de Alcorcón e inicia la construcción del Hospital de Calahorra y del Hospital Son Llatzer. Intenta extender el modelo en la Comunidad de Madrid. La propuesta es rechazada por UGT y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la mayoría de las secciones hospitalarias de CCOO, contra la opinión de María José Alende, entonces secretaria general del sindicato y muy próxima a Nuñez Feijóo. En 1999, se inaugura en la Comunidad Valenciana, presidida por Zaplana, el primer hospital público en el que se privatizó la gestión mediante el sistema de concesión administrativa : La administración paga a la empresa una cantidad anual fija por cada uno de los habitantes adscritos y también por la atención prestada a enfermos que no residan en la zona. Se mantiene la propiedad pública y la prestación es privada a cambio de una cantidad que garantice un nivel suficiente de beneficios.
La llegada en 2003 de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid inicia un proceso de privatización con el modelo PFI que permite gestionar los servicios no sanitarios e incluye a 7 centros (Vallecas, Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda, San Sebastián de los Reyes y Móstoles) y entre 2.000 y 2.500 camas de hospitalización. En una segunda fase utiliza el modelo PPP que permite la gestión de servicios sanitarios y no sanitarios. Incluye en esta fórmula a los hospitales de Valdemoro (2007), Torrejón(2011) Móstoles-Rey Juan Carlos (2012) y Collado-Villalba (2014) con alrededor de 850 camas de hospitalización y la Fundación Jiménez-Díaz, con una población adscrita de 423.970 personas y 670 camas hospitalarias.
En 2002 momento de inicio de la expansión del “modelo de éxito” Cataluña destinaba un 36.5% de gasto sanitario público a conciertos con la sanidad privada. Ninguna de las restantes Comunidades Autónomas llegaba al 10%( del 2.6% de la Rioja al 9.1% de Canarias). Sólo las mutualidades de asistencia a funcionarios, jueces y militares destinaban a conciertos privados un porcentaje superior (68.1% Muface, 63.4% Mugeju y 58.2% Isfas). Extender el modelo de éxito significaba simplemente aumentar los conciertos aproximándose al modelo catalán y a las mutualidades de funcionarios.
Consello de Contas, Tribunal de Cuentas y rescates
En 1999 se había públicado un duro informe del Consello de Contas sobre la fundación Hospital de Verín. Cuantificaba las pérdidas en 200 millones de pesetas y advertía de una grave situación con una total dependencia del “apoyo financiero adicional” de la Xunta. El proyecto funcionaba como “vía de escape a los controles administrativos”. La selección de personal la realizaba una empresa privada “sin los requisitos mínimos para garantizar un proceso objetivo”, y “se habían producido contrataciones de personal laboral al margen de las convocatorias públicas y de todo procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
En Enero de 2012 un informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación en los ejercicios 2002-2004 en las fundaciones de Alcorcón, Calahorra, Manacor y Son Llatzer constata “actuaciones que no son conformes con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, informadores de la contratación pública y de economía en la gestión de fondos públicos”. También se conocen los resultados de Alzira. En su primer año perdió 1 millón de euros y en 2002 las pérdidas llegaron a 2.67 millones. Pese a estas cifras, Sanidad evaluó el lucro cesante en 25 millones de euros y realizó un nuevo contrato más favorable para la aseguradora, aumentando casi al doble el canon anual por habitante y alargando la concesión de 10 a 15 años prorrogables. A pesar de ello Camps insiste en el modelo y decide extenderlo a Torrevieja (2006), Dénia (2009), Manises (2009)y Elche-Crevillente (2010)
En 2003 el ejecutivo gallego del que vuelve a formar parte Núñez Feijóo da el primer paso para integrar su personal en el SERGAS. En 2006, con el bipartito de PSdeG y BNG, la Xunta tenía que inyectar algo más de 10 millones de euros en las fundaciones, integrar el personal en el SERGAS y finalmente disolverlas para que pasaron a ser hospitales públicos. En la Comunidad Valenciana se inicia el proceso de reversiones en cumplimiento del Pacto del Botanic entre el PSPV, Compromís y Podemos. La Resolución de 27 de Mayo de 2017 de la Consellería de Sanidad “acuerda no prorrogar el expediente de contratación de gestión de servicios de atención sanitaria integral en el departamento de salud de la Ribera / Alcira” y la reversión se materializa el 1 de Abril de 2018. Continúa el proceso de reversión recuperando la gestión pública del hospital de Torrevieja y la de Denia el 1 de Febrero. Para adaptar los centros a las ratios de personal de un hospital público se realizaron más de 300 contrataciones en Alzira, 677 en Torrevieja y 300 en Denia. La Consellería de Sanidad ha asumido el informe de la Subdireccón de Recursos Económicos firmada el 3 de Mayo de 2023 que justifica la no prórroga de la concesión y por tanto la reversión de Manises a la gestión pública a partir del 7 de Mayo.
Y en eso llegó Quirón
La adquisición de Quirón Salud por Fresenius en 2016 marca un punto de inflexión en la privatización sanitaria. Pagó 5.760 millones por la antigua Capio y pasó a integrar 43 hospitales, 39 centros de atención al paciente y 300 centros de prevención de riesgos. Su consejero delegado, Stephan Sturm, en el momento de anunciar la compra declaró: “probablemente les sorprenda pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado”. La experiencia de su división de hemodiálisis, Fresenius Medical Care, le permitía conocer la rentabilidad de la provisión privada en España, donde a diferencia de Alemania, se permite el doble aseguramiento que favorece la selección de riesgos.
El informe publicado en 2018 por la Autoritat Catalana de la Competencia. Hospitales Privados: Análisis de la concentración en Cataluña en su resumen ejecutivo establece que “Quirón Salud mantiene más del 40% de la cuota de mercado para hospitales generales, que llega al 69% para hospitales de gama alta”, y advierte que “esta situación podría comportar riesgos de aumento de precios tanto en el mercado de seguro sanitario como en el de asistencia sanitaria de libre elección”.
Quirón Salud es una entidad con ánimo de lucro y puede aumentar sus precios en los territorios en los que es la única oferta sanitaria. Continúa aumentando su cuota de mercado. Su facturación en España pasó de 2.594 Millones de euros en 2017, a 4.770 millones de euros en 2023 con unos beneficios (EBIT) de 580 M€. En el cuarto trimestre de 2023 los beneficios de la división en España (188 M€) superaron los de la división de Alemania (164 M€)
a pesar de que dispone en España de 8229 camas hospitalarias, muy por debajo de 29976 camas que posee en Alemania.
Madrid es la CA en la que más ha aumentado el porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos que han pasado del 5.3% en 2002 al 11.7% en 2021 (1218 millones de €).
La creciente factura de la atención hospitalaria que fija precios en ausencia de competencia pública, hace que en los territorios con mayor privatización sea cada vez más difícil destinar recursos a atención primaria. Madrid es la comunidad que menos porcentaje (11%) destina a la atención primaria de un gasto público que es uno de los menores de todas las CCAA.
La pandemia COVID 19
Este debilitamiento del sistema sanitario público y especialmente de la atención primaria ha sido una de las causas de la incapacidad de respuesta a una situación de estrés como la que supuso la pandemia. Madrid lidera el ranking europeo en el porcentaje de exceso de muertes sobre las esperadas.
Las comunidades con una atención primaria fuerte pudieron responder mejor y y el porcentaje de ancianos fallecidos en sus residencias fue muy inferior según datos recogidos en el informe de la Comisión de la verdad sobre residencias en Madrid.
El aumento de la concertación privada ha ido paralelo a un crecimiento del aseguramiento privado que con una penetración en Madrid del 37.7% supera a Cataluña que le sigue con el 31.2%.
Las comunidades en las que se ha evidenciado el fracaso del modelo diseñado en el informe Abril y recogido en la Ley 15/97, son aquellas en las que se continúa insistiendo en la privatización que lleva al debilitamiento de la sanidad pública y especialmente de la atención primaria.
El fortalecimiento del sistema público y su delimitación estricta del sistema privado es la fórmula para evitar el aumento de los conciertos privados en una estructura que permite aumentar la demanda al estar dentro del propio sistema público. Juli de Nadal, que fue jefe de gabinete de Ernest Lluch, en una entrevista en eldiario.es en noviembre de 2016, a la pregunta «¿el sistema de salud es sostenible tal como es hoy?», respondía: “No , ya lo estamos viendo. Poco a poco la medicina privada está situándose dentro del sistema público y hoy tenemos unos oligopolios, como Quirónsalud, que cubren una parte importante del mercado”.
Las enmiendas de Unidas Podemos a la Ley de Equidad también introducían como requisitos para la gestión privada que “en ningún caso podrá ser objeto de externalización el servicio de asistencia sanitaria integral que tenga carácter estructural en un determinado territorio, ni cualesquiera centros de salud con vocación de permanencia”. La derogación de la ley 15/97 impediría que nuevos territorios fueran conquistados por un mercado desregulado cuya lógica es el incremento de beneficios y del que no se puede esperar un comportamiento no depredador. Debilitar la competencia está en su propia naturaleza.
Madrid –
