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Operativo policial en la entrada de un centro penitenciario — Alejandro Baque / Zuma Press / ContactoPhoto

Ecuador: crimen organizado y bukelismo en ciernes

Cárceles desbordadas, crimen organizado y años de desinversión. Ecuador vive una crisis inédita de violencia que abre las puertas a la “bukelización” del gobierno de Daniel Noboa


Conflicto Armado Interno; esas son las tres palabras que han marcado al Ecuador desde el martes 9 de enero y que dan forma al primer gran movimiento del Ejecutivo nacional encabezado desde el 23 de noviembre de 2023 por Daniel Noboa. Noboa, hijo del magnate del sector bananero Álvaro Noboa y con mandato hasta mayo de 2025, prometió medidas rápidas para frenar la ola de violencia vinculada al crimen organizado que asola al país con especial fuerza desde 2020 y que ni el expresidente Lenin Moreno ni su sucesor Guillermo Lasso pudieron detener. Su llegada al Carondelet fue precedida por la consolidación de la violencia política en el país en el contexto general de la cronificación de la violencia del crimen organizado: varias figuras habían sido asesinadas en los meses previos a las elecciones, además del candidato presidencial Fernando Villavicencio (Movimiento Construye). Julio César Farachio, candidato a la alcaldía de Salinas (Santa Elena), Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López (Manabí), Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas (Esmeraldas), Agustín Intriago, alcalde de Manta (Manabí) y Bolívar Vera, concejal de Durán (Guayas) son algunos de los dirigentes sociales y políticos asesinados durante el año 2023. Además, Otto Sonnenholzner sufrió un intento de asesinato en la misma víspera de la primera vuelta electoral del 20 de agosto.

El auge de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde el año 2020 dibujaba un escenario de enorme dificultad para quien fuera que venciese en la contienda presidencial y planteaba un escenario ideal para la retórica punitivista y el discurso electoral de la “mano dura” como salida única a los problemas de seguridad del país. El contexto era (y es) enormemente crudo: desde el año 2021, han muerto más de 400 reos en motines carcelarios. De hecho, el candidato Jan Topic, empresario del sector de la seguridad, había logrado crecer en las encuestas de la mano de la promesa de “someter a los delincuentes que nos roban la paz”. En ese sentido, y pese a la “tibia” campaña de Noboa, el actual presidente ha desplegado desde sus primeros días de gobierno una intensiva reformulación del aparato policial y de seguridad de Ecuador y, ante todo, una acelerada campaña de propaganda de caudillismo “bukelista” en línea con la retórica de la “mano dura” que tan sensacionales resultados electorales está teniendo en El Salvador.

Al echar la vista un poco más atrás en el tiempo, se evidencian algunas causas del deterioro acelerado de la seguridad en el país. Ecuador, punto de acceso privilegiado a algunos de los enclaves cruciales para los cárteles -Colombia, Perú y Bolivia-, había logrado no sumergirse en las crisis securitarias estructurales que atravesaban varios países en la región en este sentido y cuyo origen, como expone Álex Santos Roldán, hunde sus raíces profundamente en el tiempo. El fin de ese ciclo de relativa paz en el país coincide cronológicamente con el fin de los gobiernos de Rafael Correa en el Ecuador —lawfare y mediafire mediante— y, muy probablemente, la coincidencia no sea solo temporal sino política. El dogma del ajuste (en la práctica, sin crecimiento) impulsado por los gobiernos de Lasso, Moreno y, ahora, Noboa, sentó las bases para una desinversión del sistema penitenciario que habilitó que estos se convirtieran en verdaderos centros de mando de las bandas. A tal punto esta lógica se consolidó en las prisiones ecuatorianas que “Fito”, líder de “Los Choneros”, conservó su puesto y capacidad de mando de la banda a pesar de haber pasado trece años en una cárcel. Además, la dolarización, fenómeno estructural que el presidente Correa no pudo revertir y que Luisa González -Revolución Ciudadana- defendió durante la campaña presidencial de 2023, ha favorecido la instalación del crimen organizado en el país, al facilitar considerablemente el accionar de las bandas en el país.

En este marco, es posible comprender en cierta medida la descomunal crisis de violencia desatada en el país el viernes 9 de enero. En primer lugar es conveniente apuntar algo del contexto inmediatamente anterior al estallido: el 7 de enero había escapado de prisión tras más de una década José Adolfo Macías Villamar, el mencionado “Fito”; al día siguiente, también había logrado huir de su prisión el líder de la banda “Los Lobos”, Fabricio Colón Pico. En semejante tesitura, se evidenció con claridad la fragilidad de los estamentos que controlan la seguridad del sistema penitenciario ecuatoriano, que atravesó una oleada de motines en múltiples centros a lo largo y ancho de la geografía nacional. Noboa decretó como respuesta un estado de excepción (cerca de 50 han sido ya convocados desde 2019) para habilitar a las Fuerzas Armadas la intervención en los centros de detención, pero la entrada de la lucha del estado ecuatoriano contra el crimen organizado ya había entrado inexorablemente en una nueva etapa: el 9 de enero, un grupo de 13 hombres armados tomaron TC Televisión.

Aquel martes sugiere un punto de inflexión en el país. Además del asalto a la televisión —un movimiento en clave de demostración de fuerza de cara a la población ecuatoriana—, crimen organizado irrumpió en la Universidad de Guayaquil, en múltiples hospitales, en centros comerciales y en las calles. Todas las fuerzas políticas, incluyendo Revolución Ciudadana, cerraron filas en torno al presidente Noboa, quien convocó la existencia de un Conflicto Armado Interno contra cerca de 30 “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”, entre las que se incluyen Los Choneros, los Tiguerones, los Lobos y múltiples organizaciones del crimen. La incógnita política ahora mismo es la posibilidad de que el “Plan Fénix” en materia de seguridad del que habló durante la campaña se parezca al “modelo Bukele”. En este sentido, Noboa había prometido en su momento la construcción de nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad inspirados en el polémico CECOT de Bukele en El Salvador, y el Ejecutivo ecuatoriano por el momento defiende que los ocurrido durante los primeros días del 2024 es, en suma, una reacción del crimen organizado ante la nueva dinámica de mano dura del gobierno.

En realidad, la situación que atraviesa el país es enormemente propicia para que algunos de los aspectos centrales que hacen al bukelismo se instalen en el país. La violencia está descontrolada, el sistema penitenciario no da abasto, el Ejecutivo tiene severas urgencias electorales y la población necesita certezas referidas al miedo que les atraviesa en el día a día. Apoyado en una asfixiante campaña propagandística, Nayib Bukele ha logrado reacomodar el sistema político salvadoreño a tal punto que, de facto, solo él puede ganar unas elecciones en el país. Noboa podría aspirar a ello, aunque tiene menos tiempo y unas cárceles plenamente desbordadas. En ese sentido, medidas de “shock” como la militarización semi permanente hasta los comicios de 2025 podría llegar a ocurrir; al fin y al cabo, la urgencia es efectivamente cierta y, en este contexto, tal como demuestra el ejemplo salvadoreño, el electorado privilegia —sensación de— una mayor seguridad por encima de prácticamente cualquier otro baremo. Noboa siempre ha sostenido un perfil bajo comunicativamente, lo que lleva a pensar que, al menos en las formas digitales, no imitará a Bukele. Resta ver si en todo lo demás sí.


Madrid –

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Editorial

  • Florentino Pérez, ministro de Vivienda

    El problema de la vivienda en España es gravísimo y es urgente en términos sociales y económicos abordarlo de forma valiente. Pero habría que ser muy inocente para llevarse a engaño. Es obvio que el PSOE no va a hacer absolutamente nada significativo en esta materia