José Ignacio Fernández Guaza
Guaza: el pistolero fascista que asesinó a Arturo Ruíz
Conocer a Manuel y Miguel Ruiz, y a través de ellos su dramática historia familiar, su lucha ejemplar y sus vicisitudes, me impulsó a iniciar la búsqueda del asesino de su hermano, aprovechando la multitud de datos que había recopilado para el libro
El investigador Carlos Portomeñe relata en este artículo todo el trabajo de localización de José Ignacio Fernández Guaza que llevó a cabo junto a la familia de su víctima, Arturo Ruíz, asesinado de un disparo a quemarropa por Guaza en una manifestación antifranquista el 23 de enero de 1977. La información hallada por Portomeñe fue entregados a dos periodistas de El País que, gracias a ella, pudieron entrevistar al pistolero que vive en Argentina y que aún se siente protegido por los servicios de inteligencia españoles. En este artículo que Diario Red publica en exclusiva, Carlos Portomeñe detalla algunos de los elementos cruciales de la investigación que permitió a la familia localizar a un asesino que aún disfruta de impunidad.
Cuando en octubre de 2022 presenté en Madrid el libro “La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Anatomía de la Transición” junto a Manuel, el hermano del asesinado Arturo Ruiz, describí la obra como un trabajo de investigación que aspiraba a ser un instrumento con efectos prácticos. Sin duda, el más llamativo ha sido la localización de José Ignacio Fernández Guaza, el asesino del joven estudiante el 23 de enero de 1977, pero la parte más importante es, sin lugar a dudas, la jurídica, que ahora recibe un espaldarazo. Coincidiendo con las conclusiones de la familia Ruiz, el libro señala la necesidad de examinar algunos de los más decisivos acontecimientos de la llamada Transición a la democracia desde una perspectiva global y conjunta. Como se señala en el capítulo introductorio, “analizándolos como fenómenos aislados y no interrelacionados, sería posible ver los árboles, pero resultaría muy complicado, sino imposible, ver el bosque”. Y para comprender el entramado es necesario, como en el caso actual de Fernández Guaza, conocer no solo a las víctimas, sino también a los victimarios. Por ello, el libro aporta las necesarias biografías de siniestros terroristas internacionales como Stefano Delle Chiaie, Pier Luigi Concutelli, Carlo Cicuttini, Augusto Cauchi o Jean Pierre Cherid, y las de funcionarios españoles que tuvieron un papel fundamental en la estrategia de la tensión, como Roberto Conesa o Billy el Niño.
La localización de José Ignacio Fernández Guaza
Conocer a Manuel y Miguel Ruiz, y a través de ellos su dramática historia familiar, su lucha ejemplar y sus vicisitudes, me impulsó a iniciar la búsqueda del asesino de su hermano, aprovechando la multitud de datos que había recopilado para el libro. Unos datos que facilitaron el hallazgo de dos cuentas en la red social Facebook, abiertas mediante identidades falsas, y que eran sospechosas de pertenecer a Fernández Guaza. El análisis de la información permitió establecer un perfil bastante definido del titular de ambas cuentas, coincidente en muchos aspectos con el del ultraderechista español.
De tal manera que, en diciembre de 2022 pude entregar a la familia un informe Ruiz con fotografías recientes del asesino de su hermano, en el que se precisaba, entre otros datos, su localización exacta en Ingeniero Maschwitz, una pequeña localidad de quince mil habitantes perteneciente a la provincia de Buenos Aires. El rastreo mostraba su arraigo en Argentina, donde vivieron siempre su mujer, sus hijos y sus nietos. Incluso existía una coincidencia clara con la información aportada en un anónimo recibido en la Cadena Ser varios días después de que Manuel hubiese concedido una entrevista a este medio informativo. En el plano político, decenas de publicaciones en sus redes sociales confirmaban que Guaza continúa manteniendo sus ideas fascistas, es experto en armas y lleva pistola habitualmente. Pero, sobre todo, se muestra especialmente beligerante con la izquierda de América Latina y, concretamente, centra su discurso de odio en La Cámpora peronista.
La Querella Argentina
En marzo de 2023, acompañé a los hermanos Ruiz a Buenos Aires, formando parte de una delegación del Colectivo por los Olvidados de la Transición (COT). Se trata de una asociación integrada por personas represaliadas, activistas denunciantes del robo de bebés durante el franquismo y familiares de otras víctimas de la Transición, como el hermano de Ángel Almazán, asesinado el 15-12-1976 en Madrid, o el hermano de Gustau Muñoz, asesinado en Barcelona el 11 de septiembre de 1978.
Aprovechando su participación en el III Foro Mundial de Derechos Humanos de Buenos Aires, gestionaron con varios de los abogados personados en la Querella Argentina la posibilidad de prestar declaración ante la jueza María de Servini y hacerle entrega del informe, cuya existencia hasta entonces habíamos guardado con la estricta confidencialidad que el caso requería. Una vez realizadas las pertinentes gestiones, dieciséis horas antes de nuestra cita en los juzgados federales de Comodoro Py, cuatro abogados argentinos nos comunicaron que rehusaban representarnos alegando que el caso les superaba “por el riesgo personal y de nuestras familias que implicaban estos hechos nuevos que se denunciarían” y aconsejándonos, además, que no declarásemos “hasta no tomar los suficientes recaudos para resguardar su integridad física como testigos”. Por supuesto, Javier Almazán, Miguel Ruiz y yo mismo declaramos en el juzgado al día siguiente. En mi caso, presenté como prueba documental “La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado” y centré la declaración en cinco casos concretos, íntimamente relacionados entre sí y con protagonistas comunes: los sucesos de Montejurra (9-5-1976), el asesinato del juez Vittorio Occorsio en Roma (9-7-1976), el asesinato de Arturo Ruiz (23-1-1977), la masacre de los abogados laboralistas de Atocha (23-1-1977) y el desmantelamiento de un taller de armas en la calle Pelayo de Madrid, Todos estos sucesos están cosidos con un mismo hilo conductor: la implicación del Estado y la participación de terroristas extranjeros, fundamentalmente italianos.
Durante nuestra estancia en Buenos Aires, el COT se reunió con colectivos y organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos y que mostraron su más absoluta solidaridad con la causa. De hecho, de la reunión con la Liga Argentina por los Derechos Humanos salió la representación jurídica de los abogados Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg, que se sumaron a la del letrado Duilio Jorge Ramírez, todos ellos especialistas en Derechos Humanos y con conocida experiencia en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad. Días después, entregaron el informe en el juzgado y solicitaron la detención inmediata de Fernández Guaza a la jueza María Servini. La magistrada trasladó la petición al fiscal Ramiro González, que en un dictamen emitido el 19 de mayo no encontró indicios suficientes para catalogar el crimen como delito de lesa humanidad y declaró su archivo. Según el fiscal, “no se encuentra fehacientemente contextualizado de qué manera dicho homicidio formó parte del plan sistemático y generalizado planificado para aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno”.
En mayo, la familia facilitó el informe a dos periodistas de El País, José María Irujo y Joaquín Gil, que han conseguido localizar su domicilio exacto y entrevistar en Argentina a Fernández Guaza. El ultraderechista reconoce el crimen sin mostrar el más mínimo arrepentimiento y confiesa que formaba parte de los servicios de Información españoles realizando, entre otras actividades violentas, atentados y asesinatos dentro de la guerra sucia contra ETA. Asimismo, reconoce que las autoridades españolas organizaron su huida, le facilitaron documentación falsa para viajar por varios países y eran conocedores de su residencia en Argentina.
Las confesiones de Guaza a la prensa son la confirmación material de aspectos claves que ya formaban parte del argumentario de nuestras declaraciones ante la jueza Servini y en los recursos jurídicos presentados por la familia ante la Audiencia Nacional para intentar reabrir el caso, demostrando que se trata de un crimen de lesa humanidad.
El asesinato de Arturo. Contradiciendo la historia oficial.
Los hechos son sobradamente conocidos. En la mañana del domingo 23 de enero de 1977, se celebra una manifestación pro amnistía convocada en Madrid desautorizada por el gobierno. La violenta actuación de las fuerzas antidisturbios obliga a los manifestantes a dispersarse por las calles aledañas a Gran Vía. En la confluencia de las calles Estrella y Silva se produce el asesinato de ARTURO RUIZ. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ GUAZA le descerraja dos disparos por la espalda, tras arrebatarle el arma a un argentino llamado JORGE CESARSKI GOLDENSTEIN, miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista (una violenta organización argentina de ideología fascista). Tras el crimen, CESARSKI se refugia en las oficinas del Servicio de Coordinación, Organización y Enlace (SCOE), un organismo policial dependiente de la Dirección General de Seguridad, que fue creado en su día por el presidente ARIAS NAVARRO con la misión de investigar las actividades de los españoles en el extranjero. En él desempeñó el comisario ROBERTO CONESA sus funciones durante años.
La versión oficial siempre ha procurado presentarlo como un desgraciado incidente aislado en el que un grupo “incontrolado” de Guerrilleros de Cristo Rey mata a un estudiante en el curso de una manifestación de protesta. Nada más lejos de la realidad. El grupo de cinco personas del que forman parte CESARSKI y GUAZA no es un simple comando de matones, sino el centro operativo de la contramanifestación, que sigue un esquema jerarquizado como en Montejurra, donde habían participado todos ellos de la Operación Reconquista, organizada por el gobierno para consolidar la monarquía y evitar una “subversión” contra JUAN CARLOS I, nombrado jefe de Estado cinco meses antes. El ataque del sector ultraderechista movilizado por el Ministerio de la Gobernación de Manuel Fraga terminó condos personas asesinadas y decenas de ellas heridas. En enero de 2022, se hicieron público documentos confidenciales que avalan estas conclusiones, defendidas durante años por los carlistas partidarios de CARLOS HUGO DE BORBÓN.
El grupo de cinco individuos que asesina a Arturo lo componen, además de los dos fascistas mencionados, ÁNGEL SIERRA, JOSÉ FERNÁNDEZ CERRA y el italiano STEFANO DELLE CHIAIE, máximo dirigente de la organización fascista AVANGUARDA NAZIONALE y máximo exponente de la Internacional fascista. En Montejurra, DELLE CHIAIE había ejercido la jefatura sobre el terreno y FERNÁNDEZ GUAZA había ejercido de responsable de seguridad de SIXTO DE BORBÓN. Todos ellos son elementos destacados de la extrema derecha que trabajan para los servicios de Información del Estado y participan en la guerra sucia contra ETA, además de organizar atentados y otros actos violentos contra organizaciones de izquierda. En el caso de DELLE CHIAIE, durante años practicó el terrorismo, la represión y los golpes de Estado en países de Europa, América Latina y África. Durante el juicio a CESARSKI celebrado en 1978, trascenderá que en la reunión preparativa de la contramanifestación, celebrada el sábado día 22, participaron, entre otros, CESARSKI, FERNÁNDEZ GUAZA, FERNÁNDEZ CERRA, SÁNCHEZ COVISA, y varios italianos[1].
[1] El País, 15 de junio de 1979). “Jorge Cesarsky culpa de su condena a cuatro testigos falsos”.
ÁNGEL SIERRA era sobradamente conocido por sus violentas hazañas y por tratarse del número dos de SÁNCHEZ COVISA al frente de los Guerrilleros de Cristo Rey, la organización de “brigadistas de la porra” vinculada a los servicios de información que actuaba en todo el territorio del Estado repartiendo palizas a estudiantes en las universidades, destrozando librerías y galerías de arte, reventando actos de izquierda o golpeando salvajemente a manifestantes codo a codo con la policía.
JOSÉ FERNÁNDEZ CERRA ganará una lúgubre fama al día siguiente, 24 de enero, cuando en compañía de otros dos fascistas entre en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha y asesine a cinco de ellos, dejando heridos a otros cuatro, todos ellos integrantes del PCE y las CC.OO. Su presencia en el grupo junto a DELLE CHIAIE tiene una especial trascendencia porque, como demostrarán los jueces italianos que investigaron la “estrategia de la tensión”, en el crimen de Atocha estuvo involucrado CARLO CICUTTINI, otro italiano lugarteniente de DELLE CHIAIE que trabajará para el Estado y gozará de impunidad oficial durante años. Las investigaciones del juez italiano FELICE CASSON sobre un atentado cometido en Peteano (Italia) por CARLO CICUTTINI en 1973 permitirá el descubrimiento de la Operación Gladio en 1990.
Tanto FERNÁNDEZ CERRA (en el sumario por el asesinato de Arturo Ruiz) como Fernández Guaza (en declaraciones recientes a El País) han reconocido su estrecha relación con DELLE CHIAIE y sus actividades conjuntas al servicio del Estado. La presencia del italiano en el lugar de los hechos fue confirmada por el testimonio del propio CESARSKI y aparece en el sumario por el asesinato de RUIZ. También lo confirman otros testimonios y las informaciones periodísticas publicadas en mayo de 1977 por GREGORIO MORÁN, que le costaron la detención en su propia oficina de Diario 16. El juez del caso ARTURO RUIZ solicitó a la Dirección General de Seguridad, en la misma requisitoria, informes sobre DELLE CHIAIE y JOSÉ MARÍA MAZARRASA (un amigo de FERNÁNDEZ GUAZA que sigue manteniendo contacto con él en la actualidad), así como fotografías de ambos, que aparecen en el sumario. Casualmente, la jueza MARÍA DE SERVINI llegó a entrevistarse en 1995 con DELLE CHIAIE en una prisión de Roma, dado que la magistrada estaba encargada de las pesquisas por el atentado que costó la muerte en Buenos Aires al chileno CARLOS PRATS, el exministro de ALLENDE, perpetrado por el agente de la DINA y de la CIA MICHAEL TOWNLEY, con quien DELLA CHIAIE compartió relaciones operativas.
Por último, GUAZA realiza una publicación en su perfil de Facebook con el símbolo de la organización fascista italiana ORDINE NUOVO y el texto: “A la memoria de un gran amigo, Clemente Graziani”Asimismo, en sus declaraciones a El País, GUAZA afirma que el grupo parapolicial que integraba disponía de armas INGRAM M10 para cometer sus crímenes. Son dos elementos de suma importancia.
El 10 de julio de 1976, fue asesinado en Roma el juez Vittorio Occorsio, cuando investigaba a Ordine Nuovo y Avanguarda Nazionale, así como la relación de las tramas negras y la policía española, entre otros temas.El juez Occorsio fue asesinado por PIER LUIGI CONCUTELLI, jefe militar de ORDINE NUOVO, con un arma Ingram M10 (Marietta) facilitada por DELLE CHIAIE, como quedó demostrado por los jueces italianos. CONCUTELLI residía en España, era lugarteniente de DELLE CHIAIE, había participado en Montejurra, en la guerra sucia contra ETA y había atentado contra el demócrata cristiano chileno BERNARDO LEIGHTON en Roma, en 1975, en el marco de la operación Cóndor. Cuando la policía italiana detuvo a CONCUTELLI halló en su poder el arma utilizada para asesinar a OCCORSIO y las autoridades judiciales del país transalpino descubrieron con sorpresa que formaba parte de un lote de tres Ingram M10 adquiridas a la fábrica en EE.UU. por el ministerio de la Gobernación español. El Tribunal de Florencia juzgó en rebeldía y condenaría a cadena perpetua a STEFANO DELLE CHIAIE y CLEMENTE GRAZIANI en marzo de 1985, aunque tras años de litigios quedarían absueltos.
Las famosas Ingram M10 “Mariettas” serían objeto de polémica durante años, sobre todo porque al día siguiente del asesinato de ARTURO fueron utilizadas para asesinar a los abogados laboralistas de Atocha, algo sobre lo cual los jueces italianos nunca manifestaron duda alguna. Al respecto, treinta y cinco páginas del libro “La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado” versan sobre la polémica generada en torno a las famosas “Mariettas”.
Cuando se produjeron el asesinato del juez OCCORSIO y los acontecimientos de la llamada “semana negra” de la Transición, el ministro del Interior era RODOLFO MARTÍN VILLA. Poco después de que el político leonés fuese imputado por la jueza argentina MARÍA DE SERVINI en el marco de la Querella Argentina, todos los expresidentes del Gobierno de la democracia y casi setenta ex dirigentes políticos y sindicales, cerraron filas y mostraron su apoyo a quien, sin duda, debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Ya es hora de terminar con la omertá existente en torno a los crímenes de Estado cometidos durante la Transición. El mejor ejemplo de ese silencio cómplice es la decisión de la Audiencia Nacional de no reabrir el caso de ARTURO RUIZ porque dos jueces han decidido que ¡no consta que FERNÁNDEZ GUAZA estuviera relacionado con aquella dictadura! Se trata de perpetuar el principio lampedusiano que sostiene el sistema político-institucional emanado del franquismo: cambiarlo todo para que todo siga igual. No hay más que echar un vistazo a la realidad para comprobar que ese ha sido el modelo triunfante de Transición.
Madrid –
