El juez Manuel Piñar — Facebook

El juez Piñar, “azote” de Juana Rivas, se enfrenta ahora a un proceso por delitos de odio 

Piñar deberá pagar a Carlos Aránguez, abogado de Rivas, los costos judiciales impuestos por el Tribunal Supremo, que frustra su intento de llevar al letrado a juicio por señalar la parcialidad del magistrado en el proceso de su defendida


El magistrado de lo Penal de Granada, Manuel Piñar Díaz, ha sido uno de los jueces más combativos contra las llamadas “madres protectoras”, que, como Juana Rivas, han sufrido la persecución judicial de sus exparejas por haber protegido a sus hijos e hijas de la violencia machista que sufrían.

Piñar, responsable de la condena de cinco años de prisión a Rivas por no entregar a sus hijos al padre, no ha tenido, sin embargo, demasiada suerte esta vez. En su cruzada contra Rivas y su abogado defensor, Piñar presentó una denuncia contra el abogado actual de la madre, Carlos Aránguez, por haber expresado públicamente que la actuación del magistrado fue «manifiestamente parcial» en el proceso contra su representada. Pero el Supremo no le ha dado la razón y Piñar deberá cubrir los costos judiciales de una parte del proceso penal, aunque rechaza la solicitud del abogado de Juana Rivas de imponer una multa de 6.000 euros al magistrado.

Previamente, la Audiencia Provincial de Granada ya había archivado la denuncia presentada por el magistrado contra el abogado en los juzgados de Granada por presuntos delitos de calumnias e injurias graves con publicidad, los cuales conllevan incluso penas de prisión. Tras el archivo en la Audiencia Provincial, Piñar quiso llegar hasta el Supremo, que ha dado carpetazo a la cuestión. Tampoco le ha respaldado el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que anuló la sanción de 45 días de suspensión impuesta al abogado de Rivas por el Colegio de Abogados de Granada, respaldando la libertad de expresión y defensa de Aránguez en sus críticas hacia el juez Piñar.

El magistrado tiene, además, otras cuestiones pendientes con la justicia: en octubre se conocía, como informaba entonces El Salto, un auto de la Audiencia Provincial de Granada que ordenaba “la incoación de diligencias previas y la práctica de diligencias de investigación” sobre publicaciones en redes sociales del Juez Manuel Piñar Díaz, por advertir “que algunas de ellas contienen epítetos, calificativos, o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países (gitanos, negros, moros, chinos…), los cuales (caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública) pudieren comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos o individuos integrantes de los mismos, de ahí pues que pueda predicarse a priori respecto de tales “publicaciones” un carácter aparentemente delictivo”. El Consejo General del Poder Judicial se negó el pasado verano a sancionar al juez por estas manifestaciones en Facebook, argumentando que no infringían las faltas contempladas en la ley.

Queda por ver si ahora los tribunales discreparán del CGPJ y considerarán punible el hecho de que un magistrado, envuelto en uno de los juicios más importantes para la desprotección de las madres protectoras y sus hijos e hijas víctimas de violencia machista en nuestro país, emita mensajes racistas y machistas en sus redes sociales. En su día, Piñar absolvió a un hombre de abofetear y lanzar contra un armario a su mujer en 2018, y en su haber profesional queda también el polémico encarcelamiento de dos sindicalistas en 2014 de un grafitero que pintó la fachada de un convento en 2019.


Madrid –

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