Manuel García Castellón en Foro La Región, Octubre 2023 — YouTube
La Audiencia Nacional arrebata a García-Castellón la investigación de las cloacas del PP contra Podemos y la pone en manos del juez Pedraz
Los «whatsapps de las cloacas» fundamentan la querella de los morados contra la «policía patriótica» del Gobierno de Rajoy
El 30 de octubre de 2023, tal y como contó Diario Red, Podemos presentó una querella en la Audiencia Nacional contra la «policía patriótica» del PP durante el Gobierno de M. Rajoy. Como se puede observar en la serie de noticias que publicó DR, Los whatsapps de las cloacas, bajo las órdenes del equipo del ministro de Interior, Fernández Díaz, las cloacas del Estado llevaron a cabo una persecución para desgastar electoralmente a la formación morada y a su entonces líder, Pablo Iglesias, con montajes judiciales y pruebas falsas que ocuparon horas de televisión y radio y que finalmente quedaron archivadas.
Esta querella, tal y como cuenta El País, correspondió en el reparto al juez Santiago Pedraz. Éste la envió posteriormente al juzgado número 6 que dirige Manuel-García Castellón, «al entender que los hechos relatados correspondían en parte al caso Kitchen, que ya instruía su compañero», según escribe Juan José Mateo. La formación morada recurrió la decisión de Pedraz «ante la Sala de lo Penal alegando que García-Castellón había manifestado animadversión contra su ex líder, Pablo Iglesias, al que intentó imputar en el caso Dina».
Según informa el periódico del Grupo Prisa, la Sala de lo Penal «resolvió finalmente el pasado viernes que la competencia para entender sobre la querella corresponde a Santiago Pedraz», que a su vez destaca el hecho de que si el juez «la admite», se tratará de «la primera vez que la Audiencia Nacional abra una investigación a dos años de persecución policial sin amparo judicial a adversarios políticos del PP durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy».
En la querella, la formación morada señala que agentes de policía y cargos de Interior, bajo las órdenes del ministro Fernández Díaz y Francisco Martínez —su número dos— aprovecharon su condición de miembros de la Policía Nacional “para realizar investigaciones prospectivas sobre miembros de Podemos”, como Pablo Iglesias en el caso del Informe Pisa o la cuenta falsa de Granadinas, “ajenas a cualquier interés policial y sin ser sometidas ni compartidas con autoridad judicial alguna”. Es decir, que emplearon recursos públicos de la Policía con el único fin de perseguir al partido.
Entre los montajes fabricados contra Podemos por esta estructura policial, según la querella, se encuentran “la investigación ilegítima a Pablo Iglesias mediante la construcción y difusión del Informe PISA” (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), que publicó Ana Terradillos en la Cadena SER, así como “la obtención y filtración de documentos falsarios sobre una inexistente cuenta a su nombre en el EURO PACIFIC BANK LIMITED”, más conocida como la cuenta en Granadinas y que fue difundida por el digital de Eduardo Inda, OKdiario. También se mencionan en la denuncia los viajes de policías sufragados con fondos públicos a diferentes ciudades de América con el fin de obtener información perjudicial para Podemos, además de la manipulación del exministro venezolano Rafael Isea como “supuesto testigo contra la formación morada de hechos inexistentes además de penal y policialmente irrelevantes”. Además de estos episodios, el texto remitido al juzgado incluye “la manipulación de documentos y registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la ilícita actuación de los querellados” y la investigación ilegítima de los antecedentes penales del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea.
¿Quiénes son los querellados?
En la pirámide del organigrama de esta trama se encuentran dos hombres del Partido Popular. El primero es el ultracatólico Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior, ahora imputado por la trama Kitchen y llamado a declarar por el espionaje a Bárcenas. La segunda persona es Francisco Martínez Vázquez, el que fuera entonces número 2 de Fernández Díaz como Secretario de Estado de Seguridad. Ambos fueron parte clave de las diferentes operaciones y formaban parte del ejecutivo de Rajoy. Tal y como han publicado otros medios y como está informando Diario Red en ‘los whatsapps de las cloacas’, Martínez es quien mantenía los contactos con los mandos policiales implicados y también con diferentes cargos de responsabilidad en medios de comunicación, como Fernando Lázaro de El Mundo, para que publicaran noticias contra Podemos basadas en falsos informes policiales, lo que en sus conversaciones llegaban a denominar “ataques”. Esos chats también revelan que Martínez reportaba a Fernández Díaz y recababa su visto bueno antes de determinadas operaciones.
Un escalón por debajo estarían algunos de los miembros pertenecientes a la Policía Nacional. Destaca Ignacio Cosidó, que fue Director General de la Policía Nacional y miembro del Partido Popular, siendo varias veces diputado y senador de la formación que hoy dirige Núñez Feijóo. Su nombre se hizo famoso cuando, en 2018, como senador, dijo en un grupo de Whatsapp del PP que el pacto alcanzado con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial era “una jugada estupenda” que permitiría a los populares colocar un presidente del Supremo que controlaría “desde atrás” la sala segunda, que entre otras causas instruye las relacionadas con la corrupción y las vinculadas al procès independentista.
Junto con Cosidó, se encuentra en la querella Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de Cuerpo Nacional de Policía y también imputado en Kitchen. De acuerdo con las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que analizó las cloacas policiales, Pino era quien daba las órdenes para hacer funcionar esta estructura corrupta en la Policía Nacional. En 2022, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, aseguró en sede judicial que fue extorsionado por una presunta red policial e indicó, además, que Pino le pidió información relativa a Podemos. El propio Pino en 2019 se vio obligado a reconocer en sede parlamentaria que se enviaron agentes de Policía españoles a Cuba y Venezuela para investigar a Podemos.
Otro de los querellados es Andrés Gómez Gordo, subordinado de Pino e Inspector Jefe adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, en aquel momento con línea directa con el Secretario de Estado. Gordo era también una de las personas más cercanas a la entonces vicepresidenta Cospedal y su marido López del Hierro. También se encuentra imputado en el Caso Kitchen. También figura en la querella Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional durante esos años. Los mensajes de García Castaño con el dos de Fernández Díaz son conocidos. En los últimos días Diario Red ha publicado una de las conversaciones entre ambos en los que García Castaño mostraba su preocupación por el hecho de que Podemos le investigara si llegaba a formar gobierno y él se quedara tirado después de haber colaborado con el PP.
Finalmente, entre los ejecutores de las maniobras contra los que Podemos también plantea acciones legales, está José Ángel Fuentes Gago, en aquel tiempo Inspector Jefe adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y que ha sido protagonista de los audios de Diario Red, en este caso con un exministro venezolano. En las grabaciones le ofrecía al exministro de Venezuela Rafael Isea, en nombre del Gobierno de España, una nueva identidad y nueva vida a cambio de que colaborara en un montaje policial contra Podemos. Junto a Fuentes Gago está Bonifacio Díez Sevillano, entonces en el cargo de Inspector Jefe adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, y que se encargó de tomar declaración a varias fuentes que podrían ayudar a implicar en delitos a Iglesias y otros miembros del partido. Por último, José Manuel García Catalán, entonces Comisario Jefe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que llegó a viajar a Nueva York para intentar recabar testimonios contra Podemos.
Madrid –
