Pablo Iglesias en 2022 en Madrid presentando «Verdades a la cara» — Dani Gago
Pablo Iglesias se persona como acusación particular y pide la imputación del PP por la «policía patriótica» de Rajoy
El exvicepresidente se suma a la querella de la formación morada y pide la imputación del PP como persona jurídica, porque todos los actos ilícitos lo eran para beneficiar a su partido
Pablo Iglesias, antiguo secretario general de Podemos y vicepresidente del Gobierno, se ha personado como acusación particular en la querella que los morados han presentado ante la Audiencia Nacional contra la cúpula del Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy, clave en la persecución política, judicial y mediática contra Podemos y su secretario general. En su caso, Iglesias pide la imputación del PP como persona jurídica, ya que considera que todos los actos ilícitos que se cometieron se llevaron a cabo para beneficiar al partido de Génova 13 y permitir así su permanencia en el gobierno.
Esta decisión de Iglesias tiene lugar después de que el lunes 5 de febrero se conociera la noticia, vía El País, de que la Audiencia Nacional había apartado a García-Castellón de investigar la querella presentada por Podemos contra algunos miembros clave de la operativa conocida como “policía patriótica” del PP. El caso ahora recae en manos del juez Santiago Pedraz, después de que los morados recurrieran su decisión de inhibirse en favor de García-Castellón.
La defensa de Iglesias sostiene que él fue personalmente perjudicado por los hechos primero, segundo, quinto y octavo de la querella que interpuso Podemos en octubre de 2023, de ahí que se persone como acusación particular.
A su vez, lleva a cabo una ampliación de la denuncia respecto al montaje por el cual se atribuyó al entonces líder de Podemos una cuenta bancaria en Europacific Bank, domiciliada en Islas Granadinas, noticia que fue distribuida por Eduardo Inda.
Según la querella interpuesta, en este caso habría indicios de un presunto delito de estafa procesal, presunto delito de falso testimonio, y presunto delito de aportación en juicio de documento oficial falso. Por otro lado, también habría indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La acusación pide que se tome declaración en calidad de investigados a Eugenio Pino Sánchez, entonces Director Adjunto Operativo de Cuerpo Nacional de Policía y también imputado en Kitchen; Carlos Alberto Arias, ciudadano venezolano que entregó presuntamente documentos falsos para fabricar ‘fake news’ contra Podemos; Eduardo Inda, jefe de Okdiario y persona fundamental a la hora de difundir presuntamente la información falsa; y, por último, a Francisco Martínez Vázquez, el que fuera entonces número 2 de Fernández Díaz como Secretario de Estado de Seguridad.
Como ya contó Irene Zugasti en Diario Red dentro de la serie de noticias conocida como Los whatsapps de las cloacas, el número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP, Francisco Martínez, otorgó el permiso de residencia a un ciudadano de nacionalidad venezolana, Carlos Alberto Arias, que entregó documentos falsos para fabricar ‘fake news’ contra Podemos. Arias, en concreto, suministró a la Policía Nacional los archivos que se emplearon para acusar a Pablo Iglesias, entonces secretario general de la formación morada, de recibir pagos del Gobierno de Venezuela —ingresos que nunca existieron— a través de una cuenta en la entidad Euro Pacific Bank —cuenta que nunca existió— radicada en un paraíso fiscal. El Gobierno de Rajoy, en virtud de esa colaboración, autorizó la residencia del ciudadano de origen venezolano en España.
El bulo del Euro Pacific Bank fue difundido en OKdiario, la web de Eduardo Inda, el 6 de mayo de 2016, es decir, 72 horas después de que el rey Felipe VI disolviera las Cortes y de que se convocara, por primera vez en la historia de la democracia española, una repetición de las elecciones generales. Después de ser publicado por OKdiario, el bulo fue propagado por otros medios de comunicación como La Sexta, donde Antonio García Ferreras daría la noticia falsa a pesar de saber de antemano que era algo «demasiado burdo», como le escuchamos confesar en los audios con Villarejo. Tras el fracaso de Pedro Sánchez en la investidura, a la que se había presentado después de alcanzar un pacto de Ciudadanos y rechazando gobernar en coalición con Podemos, la campaña electoral comenzaba marcada por la posibilidad de que la formación morada adelantara por primera vez a los socialistas y por nuevos bulos contra Podemos.
Los ‘whatsapp de las cloacas’ reflejan que el número dos de Interior, Martínez, y el máximo responsable de la Policía, Pino, llevaban tiempo preparando nuevos bulos contra Podemos, como demuestran los viajes de agentes españoles a Nueva York para entrevistarse con el exministro venezolano de finanzas o sus contactos con la oposición de Venezuela con el fin de obtener ingredientes para nuevos montajes. Fue en ese contexto en el que, según un documento notarial al que ha tenido acceso Diario Red, se produjo el trueque: un permiso de residencia a cambio de más pruebas falsas.
Según ese acta notarial, que recoge una comparecencia de Arias, el ciudadano venezolano “facilito a la Policía española [documentos] que luego fue los que se los facilitó a Okdiario” (sic). Es decir, que Arias entregó el material a los agentes y estos se lo entregaron a la web de Inda. Esos archivos, prosigue la declaración notarial, reflejaban falsos pagos de “el Gobierno bolivariano de Venezuela tanto al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) como a Podemos y sus dirigentes, entre otros, Pablo Iglesias Turrión, en este último caso, entre otras, en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas”.
Esa colaboración con la Policía española fue “autorizada y requerida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España”, según la declaración ante notario de Arias. A cambio, Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior, le concedió un permiso de residencia “por circunstancias excepcionales”. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso Diario Red, Interior justificó la concesión de dicho permiso en “razones de colaboración con las autoridades policiales” de Arias. La autorización de residencia está firmada por el secretario de Estado de Seguridad y por el jefe entonces de sección de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, como avanzaron varios medios.
Madrid –
