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Fernando Sánchez / Europa Press / ContactoPhoto

Miguel Ángel Rodríguez contra el periodismo

Tanto la posibilidad de denunciar la corrupción como la protección de la honestidad frente a las amenazas mejoran la calidad de nuestro sistema democrático. Por eso, todo el apoyo desde Canal Red y desde Diario Red a los compañeros de eldiario.es frente a las amenazas


Hace 10 años, cuando nació Podemos y las fuerzas políticas y mediáticas del régimen del 78 se empezaron a poner nerviosas, ocurrió algo que es de vital importancia para la salud del sistema democrático (o la ausencia de ella).

Para intentar frenar el avance de los morados, la gran mayoría de los medios de comunicación empezaron a desplegar dos tipos de operativas. Por un lado, una operativa quizás más legítima —pero no por ello menos evidente— de enorme agresividad hacia la nueva fuerza política que venía a alterar el statu quo; una operativa que incluía la elección de los verbos, los adjetivos y los marcos más violentos en los titulares, la selección de las peores fotos (con el gesto más torvo, más desencajado), la práctica de dar voz sistemáticamente a cualquiera dispuesto a insultarlos o la mezcla en la misma pieza de un 10% de información con un 90% de opinión negativa. Blanco y con asas, pero a lo mejor se puede argumentar que esas tácticas caben dentro del margen de la línea editorial. Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación también desplegaron otra operativa mucho más turbia y contraria al juego limpio democrático: la publicación de difamaciones no ya basadas en la opinión o en la pura agresividad verbal, sino en hechos falsos e inventados. Con la ayuda de personajes directamente mafiosos, como Villarejo o Eduardo Inda, pero también gracias al prolífico suministro de acusaciones falsas por parte de jueces corruptos, hubo pocos medios en España que escapasen, en esos años, de la práctica del bulo y las fake news.

Lo segundo que ocurrió y que hoy vemos con una perspectiva un poco diferente es que, cuando los portavoces de Podemos señalaban la evidente violencia mediática o directamente la corrupción periodística, entonces eran acusados de atacar la libertad de prensa, de denigrar el noble oficio del periodismo y hasta de querer implementar un régimen dictatorial en España. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe perfectamente que aquel que señala la corrupción en un determinado gremio, lejos de causar un perjuicio al conjunto de las personas que en él trabajan, está llevando a cabo una labor indispensable para que dicho gremio pueda abordar la depuración de sus prácticas y elementos corruptos, y así establecer un mejor y más ético funcionamiento. Son los periodistas corruptos los que denigran la profesión, no aquellos que los señalan. Esto es evidente, pero, cuando la mayoría de los cañones mediáticos cierran filas de forma corporativa para proteger a los corruptos y desplegar una doble dosis de violencia sobre las víctimas de su corrupción, se hace difícil defender lo evidente en público.

Todavía hay una fuerte omertá en el gremio periodístico, pero, con el pasar de los años, aquella pequeña brecha que abrió Podemos se ha hecho un poco más grande y a veces cabe por ella algo de luz. Por citar algunos ejemplos recientes, recordemos que el propio Pedro Sánchez denunció los ataques de la «derecha mediática» durante la campaña electoral del pasado 23 de julio; algo enormemente significativo si pensamos que el PSOE, hace no muchos años, defendía la absoluta honestidad del 100% de los operadores mediáticos cuando los morados alzaban la voz. En la misma línea, podemos mencionar la reciente trifulca entre el ministro Oscar Puente y Risto Mejide en las redes sociales. Más allá de lo que podamos pensar de estos dos cipotudos personajes, hace apenas algunos meses era impensable la mera posibilidad de que un dirigente del PSOE —¡un ministro!— se enfrentase públicamente a un presentador de televisión. Y no solamente los dirigentes del PSOE. En estos días, hemos visto a una importante parte de la profesión periodística criticar a aquellos que, como Pedro J Ramírez o Federico Jiménez Losantos, defendieron los bulos de la teoría de la conspiración sobre el 11M. También hemos podido seguir las críticas que ha lanzado públicamente la periodista de Televisión Española Silvia Intxaurrondo al periódico El Mundo —señalando, de hecho, a su director Joaquín Manso— por mentir acerca de los detalles de su salario en la cadena pública. Todo ello, cuando lo hacía Podemos hace no mucho tiempo, era tachado de bolivariano y empujado, por aberrante, fuera de la ventana de Overton de lo aceptable. Aunque todavía queda mucho por hacer, es una buena noticia para la democracia que, poco a poco, se empiece a normalizar el señalamiento de la corrupción periodística sin que ello conlleve la destrucción política y mediática del denunciante.

Aunque todavía queda mucho por hacer, es una buena noticia para la democracia que, poco a poco, se empiece a normalizar el señalamiento de la corrupción periodística sin que ello conlleve la destrucción política y mediática del denunciante

Y lo mismo cabe decir de la situación opuesta. Cuando un dirigente político, como Miguel Ángel Rodríguez amenaza a un medio de comunicación —como ha hecho con eldiario.es— por publicar informaciones rigurosas y de interés público sin que ningún dirigente del PP pueda mantener que uno sólo de los datos publicados son falsos, lo que tiene que hacer cualquier demócrata es defender a los periodistas que están siendo atacados y trabajar para la expulsión de la política de cualquier personaje que opere como lo hace el número 2 de Isabel Díaz Ayuso. Lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez sí es atacar la libertad de prensa para intentar amordazar a aquellos que la ejercen. Lo que hacían —y siguen haciendo— los dirigentes de Podemos, como ya ha dejado claro el secretario general del PSOE, varios de sus ministros, la periodista Silvia Intxaurrondo y todos los que han publicado artículos criticando la teoría de la conspiración del 11M, no solamente es una cosa muy distinta. Es, de hecho, todo lo contrario.

En democracia, nadie que tenga la capacidad de ejercer poder político puede estar blindado contra la crítica. Ni los representantes públicos, ni los jueces, ni los grandes empresarios, ni los periodistas. De hecho, para que la democracia pueda existir, tiene que ser posible señalar la corrupción en cualquiera de esos ámbitos. Al mismo tiempo, cualquier representante público, cualquier juez, cualquier empresario y cualquier periodista que lleve a cabo su trabajo de forma honesta y sea violentamente atacado por cualquiera que detente poder, debe ser defendido. Ambas cosas, la posibilidad de denunciar la corrupción y la protección de la honestidad frente a las amenazas, mejoran la calidad de nuestro sistema democrático. De hecho, sin ellas, una verdadera democracia no es ni siquiera posible.

Por eso, todo el apoyo desde Canal Red y desde Diario Red a los compañeros de eldiario.es frente a las amenazas y enhorabuena por las investigaciones publicadas.


Madrid –

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Editorial

  • Florentino Pérez, ministro de Vivienda

    El problema de la vivienda en España es gravísimo y es urgente en términos sociales y económicos abordarlo de forma valiente. Pero habría que ser muy inocente para llevarse a engaño. Es obvio que el PSOE no va a hacer absolutamente nada significativo en esta materia